Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al principal líder de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.

En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.

Amnistía Internacional solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad. La situación actual impide, por ejemplo, la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros. Y sin embargo, son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo. La organización solicita esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda. Desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias, existen más de millón y medio de infraviviendas y, según distintas fuentes, el número de personas sin hogar se sitúa entre las 21.000 y las 38.000

En España se estima que entre 90.000 y 180.000 personas que no han trabajado nunca o que no han recibido ningún tipo de prestación por desempleo carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica. Es particular la preocupación sobre la salud mental y los escasos recursos dedicados a su tratamiento y atención.

Por último, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.