La presente carta, sirva para, pedir a las Administraciones Públicas en general que se tomen medidas efectivas para la solución de los problemas conocidos por la denominación genérica Contaminación Acústica.

Entiendo que las Administraciones tienen responsabilidades en esta cuestión, ya sea por la obligación directa de velar por la salud, la calidad de vida, el ocio y la cultura de los ciudadanos, o bien por su posibilidad de obtener los medios humanos y materiales para actuar eficazmente. Entiendo también, por el hecho de recoger un amplio abanico de quejas, que, con el debido respeto y haciendo expresamente las salvedades que correspondan, no están haciendo frente a sus responsabilidades. Y entiendo, finalmente, que cada una de las Administraciones, y sobra decir que con mayor motivo todas juntas, tienen medios y capacidad de sobra para definir y analizar el problema del ruido en todos sus aspectos, y llevar a cabo las actuaciones correspondientes. De hecho, los análisis ya están hechos y publicados, paradójicamente la mayor parte de ellos por las instituciones de las que forman parte. Tampoco faltan normas aplicables, QUE NO SE APLICAN, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española, la Ley de Defensa del Medio Ambiente, los Códigos Civil y Penal, las leyes sobre Tráfico y Circulación, y las Ordenanzas Municipales.

No es, por tanto, análisis ni normas lo que realmente se encuentra a faltar, sino acciones eficaces. Los ciudadanos afectados, no pueden detenerse aquí, en primer lugar porque la democracia es sinónimo de participación ciudadana, y el papel de los ciudadanos no se puede limitar al de simples peticionarios ante los poderes públicos, ni aún en el caso de que lo que se pida sea, como en este caso, de estricta justicia.

Quiero compartir diversas consideraciones, expuestas algunas en el documento adjunto, que divido en tres partes:

 El problema en sí

 La reacción de las autoridades

 La actitud de los ciudadanos