Como consecuencia de la situación de crisis económica y el aumento del paro, muchas familias han alcanzado una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades mas básicas, como mantener una vivienda, y acaban siendo víctimas de las ejecuciones hipotecarias. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán realizado cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones para 2012 estiman la cifra en 500.000. A parte de la pérdida de la casa, muchas personas también ven como las entidades bancarias los demandan, iniciándose así el proceso de ejecución hipotecaria hasta la subasta del inmueble. Si esta queda desierta –lo cual sucede en el 90% de los casos-, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando a los ya antiguos propietarios el pago de la deuda restante, además de los intereses y las costas judiciales, a través del embargo de nóminas, cuentas, etc., así como el embargo a los avalistas. A parte de perder el hogar, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que los empuja a la exclusión social y a la economía sumergida.

Desde nuestro punto de vista, la legislación española que permite que las entidades financieras se adjudiquen viviendas por el 50% del valor de la tasación, no solamente es injusta, sinó que esto no sucede en legislaciones de otros paises. En un estado social y democrático de derecho, es inadmisible que todas las consecuencias de la crisis deban recaer sobre la parte mas vulnerable del contrato hipotecario, mientras que las entidades financieras, en gran medida responsables de la crisis, reciben ayudas millonarias de dinero público sin asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que continuan generando importantes beneficios anuales. A pesar de tratarse de una normativa de competencia estatal, las dramáticas consecuencias se reflejan en el ámbito municipal, ya que es en los ayuntamientos donde se acercan las personas afectadas en busca de ayuda. La administración local resulta doblemente perjudicada: por un lado se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas y, por otro, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias empobrecidas en un contexto de plena crisis, cuando los recursos son todavía mas escasos en los consistorios. No obstante, debería ser voluntad de cualquier ayuntamiento emprender todas aquellas acciones dirigidas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y evitar las graves consecuencias sociales debido a las ejecuciones hipotecarias.

Por todo ello, desde el BLOC-Compromís per Petrer pensamos que nuestro ayuntamiento debe solicitar al gobierno del Estado Español que inicie los trámites necesarios para modificar la regulación hipotecaria con el fin de incorporar la figura de la dación en pago, de manera que en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, mas intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal como sucede en otros paises de la Unión Europea y en Estados Unidos. También se debe instar al gobierno del estado la aplicación de medidas para paralizar los desalojos en los casos de personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, mientras se tramita la modificación de la regulación hipotecaria.Y por último, se deben estudiar posibles medidas a nivel municipal que eviten el desalojo por motivos económicos y en los casos que no sea posible, velar por un realojo digno de las familias afectadas.