El Juzgado de lo Penal número 5 de Alicante ha condenado al ex alcalde de Petrer José Antonio Hidalgo López, de Esquerra Unida, a una pena de seis meses de prisión y siete de inhabilitación especial para empleo o cargo público por no ordenar la demolición de parte de unas viviendas construidas en 1996 que no cumplían los retranqueos mínimos, según señala la agencia de noticias Europa Press.

La pena por un delito de prevaricación urbanística, que es recurrible, también contempla una indemnización de 6.276 euros al perjudicado, Manuel Belmonte, por las obras no demolidas. Por otra parte el juez ha decidido absolver al arquitecto municipal Frenando Cerdá al prescribir los delitos de prevaricación urbanística de los que estaba acusado.

En 1995 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por el propio Hidalgo, otorgó una licencia para la construcción de 12 viviendas unifamiliares. Belmonte, vecino de la obra, reclamó en su dia al arquitecto municipal la revisión de unas anomalías en las obras.

Según señala el auto, el 30 de octubre de 1996 se constató en un informe emitido por el arquitecto que las obras no cumplían los retranqueos mínimos marcados en la licencia, que eran de 1,60 metros por el lado del edificio y de 80 centímetros por el lado de la pérgola. El arquitecto municipal emitió por entonces dos informes en los que constataba que se había producido un incumplimiento en la distancia de retranqueo obligatoria de la edificación, que no era legalizable porque se había construido en un espacio libre de parcela.

El 6 de mayo de 1997, Hidalgo dictó un decreto que resolvía suspender la obra e iniciar un expediente sancionador, y en el que indicaba que el órgano competente para resolver el expediente es el alcalde y el de la demolición es el Ayuntamiento y subsidiariamente el alcalde.

Poco más de un mes después,  el 20 de junio de 1997, el ex alcalde requirió al propietario de la obra que restaurara el orden urbanístico vulnerado en un plazo de 15 días, y le hizo saber que de no hacerlo de forma voluntaria, se procedería por la Administración municipal a la ejecución subsidiaria de este requerimiento, algo que no se hizo por ambas partes.

El juez considera que el acusado, «con pleno conocimiento del expediente infractor y con un arbitrario y consciente abandono de sus competencias en materia de disciplina urbanística, no realizó acción alguna tendente a la ejecución voluntaria o subsidiaria de la orden de demolición expresa y claramente impuesta». El titular del juzgado ha estimado, respecto a la medida de demolición, que el promotor no la realizó de forma voluntaria, y que «no se impusieron multas coercitivas como medio de ejecución forzosa y tampoco se procedió a la ejecución subsidiaria de la demolición», por lo que se dejó transcurrir «el plazo de cuatro años, en la más absoluta inactividad, hasta que prescribió la infracción» y se produjo la «legalización tácita de lo indebidamente construido», para lo que ya se había concedido licencia de primera ocupación «con la justificación jurídica de que esta licencia es un acto reglado».

Hidalgo señaló en su defensa que firmaba «cientos de decretos mensuales» y que las competencias de urbanismo las delegó «en un concejal». Destacó además que, «en caso de proceder a una orden de derribo, no es competencia del alcalde» ejecutarla, sino que «tendría que ser un órgano superior, como es el pleno de la Corporación», quien la lleve a cabo. Sobre esto el juez ha indicado que el acusado era conocedor de que le correspondía a él ejecutar esa orden de demolición y que de forma «consciente» no hizo nada para que esta se llevara a cabo.