¡Ya hemos llegado a 2015! Plazo que el mundo se había dado para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde que se propusieron hasta hoy ha habido avances en la lucha contra la pobreza y el hambre, pero no ha sido suficiente. No se han cumplido en su totalidad y nuestro mundo sigue en una situación de emergencia global, en la que más de 1.000 millones de personas viven en extrema pobreza, es decir, sobreviven con menos de un euro al día.

Ahora de nuevo, el pasado mes de septiembre, los 193 estados miembros de Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben cumplirse antes del 2030. Y si bien es una buena noticia que exista de nuevo un acuerdo mundial para erradicar la pobreza, consideramos que este sigue favoreciendo la dimensión económica por encima de la social y la ambiental; promueve los derechos humanos, pero no los garantiza, y lo más cuestionable, no son vinculante para los gobiernos que los han firmado. Como decimos desde hace años, ¡más hechos y menos palabras!

Hoy a pesar de algunos avances, el actual sistema económico de libre mercado sigue siendo injusto con las personas, genera pobreza y desigualdad, concentra la riqueza y el poder en pocas corporaciones, y utiliza la guerra para controlar los recursos. En definitiva, somete la actividad política a las reglas del mercado, y se centra en maximizar los beneficios económicos, sin tener en cuenta los costes humanos y medioambientales y los Derechos Humanos.

La crisis, provocada por este sistema injusto, no puede seguir siendo una excusa. A consecuencia de ella y con la excusa de combatirla, se ha retrocedido y recortado en políticas sociales y en la Cooperación al Desarrollo, poniendo en peligro los compromisos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y otros de carácter nacional y autonómico, como la Ley Valenciana de Cooperación o el Pacto Valenciano Contra la Pobreza, que sistemáticamente se incumplen.

La guerra en Siria y la grave situación de las personas que buscan sobrevivir en otros territorios como asiladas, nos debe recordar que cada día, 42.500 personas se ven obligadas a huir de sus casas porque su vida corre peligro. Tan solo en 2014, fueron 60 millones las personas desplazadas de forma forzosa, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Así mismo, la cifra de personas migrantes se ha multiplicado en los últimos 3 años y sólo durante 2015 han muerto 1.850 personas intentado llegar a Europa, el triple que el año pasado.

Por todo ello, como ciudadanas y ciudadanos no podemos quedarnos en silencio, sino que debemos de expresar alto y claro que RECLAMAMOS un modelo social y económico diferente, que garantice la dignidad y los Derechos Humanos para todas las personas:

• Combatiendo la pobreza como problema multidimensional atacando todas sus causas.

• Luchando contra la desigualdad económica, consecuencia del actual modelo de crecimiento y contra la desigualdad entre los géneros que supone la falta de acceso a la educación, al trabajo, y a la propiedad a gran parte de las mujeres en el mundo.

• Actuando contra la insostenibilidad que supone el Cambio Climático, estableciendo modelos energéticos sostenibles, y garantizando la soberanía alimentaria contra las agresiones al medio ambiente.

• Favoreciendo la participación ciudadana, el desarrollo de alternativas económicas y sociales, el consumo responsable, el comercio justo y la educación para una ciudadanía global

• Potenciando el cambio del individualismo y la competitividad por la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos.

• Fomentando la paz para personas, pueblos, países y con la naturaleza.

Queremos cambiar este sistema y por ello EXIGIMOS a nuestros gobernantes a nivel estatal, autonómico y municipal que sean RESPONSABLES:

• Que garanticen los derechos humanos de todas las personas, con especial atención a los derechos de las más vulnerables y de las personas migrantes, a las que se les niegan derechos fundamentales como la salud, o se las encierra en centros de internamiento que deben ser clausurados inmediatamente.

• Que desarrollen políticas coherentes con la solidaridad y la justicia social, y que establezcan la Cooperación para el Desarrollo como política social pública, al igual que la educación, la sanidad o la atención a la dependencia.

• Que trabajen por la completa erradicación de los paraísos fiscales, y que generen una fiscalidad justa y equitativa, que en el marco de un sistema tributario más justo que redistribuya la riqueza y combata las desigualdades.

• Que se opongan a la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que supone la desregulación de los mercados de bienes y servicios y la eliminación de derechos sociales, laborales y medioambientales, así como la limitación de la capacidad de los gobiernos de establecer políticas a favor de sus ciudadanos.
• Un gobierno español responsable que transforme los presupuestos Generales de Estado para 2016 hacia políticas eficaces en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que garanticen unos servicios sociales universales y de calidad.

• Un compromiso de los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones generales para firmar un nuevo Pacto Estatal contra la Pobreza, el cumplimento de los acuerdos internacionales y el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo.

• Un gobierno valenciano responsable, que actúe decididamente contra la corrupción, la impunidad y la opacidad, y que se comprometa al restablecimiento de los fondos defraudado en el caso Blasco para proyectos de cooperación.

• Un gobierno valenciano responsable y comprometido en el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, que suponga que al final de la legislatura se dedique el 0,7% del presupuesto de la Generalitat Valenciana a Cooperación al Desarrollo

 

 

Como ciudadanas y ciudadanos entendemos la pobreza como una grave violación de los Derechos Humanos y nos comprometemos a seguir trabajando por su erradicación en todo el mundo. Las personas primero, pobreza cero.