El redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, y actual arquitecto jefe de la oficina de Urbanismo de Petrer, Jesús Quesada, ha sido el primero de los imputados en declarar por la pieza separada del caso Brugal que investiga el supuesto trato de favor del consistorio alicantino al promotor Enrique Ortiz.
En su comparecencia en la mañana de ayer 30 de junio ante el juez instructor de la causa, Manrique Tejada, con una duración aproximada de dos horas y media, Quesada admitió haberse reunido con el empresario Ortiz hasta en dos ocasiones y por petición de la actual alcaldesa de la ciudad de Alicante, Sonia Castedo, que en aquel momento era la principal responsable de Urbanismo. Según declaraciones del arquitecto, en el primero de esos encuentros, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2008 en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se trataron cuestiones urbanísticas de interés general que afectaban al empresario por ser propietario de parte del terreno de la ciudad, al igual que también se vinieron manteniendo reuniones con otros empresarios y personas afectadas por el diseño urbanístico de la ciudad, según señaló el arquitecto. En cuanto a la segunda reunión, celebrada en Cívica, empresa del promotor, ese mismo año, Quesada aseguraba que el objetivo no era otro que ofrecer su punto de vista en calidad de técnico acerca de la remodelación del estadio de fútbol José Rico Pérez, por lo que, según afirma, se reunió otros técnicos de la empresa propietaria de este estadio. Estas reuniones, explicó el arquitecto, son del todo normales en el trabajo diario de redacción de un Plan General; de hecho, ofreció en su declaración toda una clase magistral de gestión urbanística que irritó, según algunas fuentes, a algunos de los presentes, por «no haberla pedido».
Sin embargo, a pesar de admitir la existencia de estos encuentros, Jesús Quesada negaba con rotundidad haber facilitado información privilegiada acerca del diseño del Plan General de Ordenación Urbana al promotor, así como también aseguraba no haber recibido ningún obsequio de Ortiz ni tampoco presiones del consistorio alicantino para favorecer al empresario. De igual manera, el arquitecto admitió la colaboración en la redacción del PGOU del abogado Javier Gutiérrez, acusado por el fiscal de ser intermediario entre el empresario y el consistorio alicantino.
Por otra parte, Quesada rechazó en su comparecencia judicial emitir declaraciones acerca de las cuestiones que le planteó la acusación popular (PSOE e EU) argumentando que tenían un sentido “político”. El redactor del PGOU se acogió de nuevo a su derecho de no responder en este caso a las preguntas que le fueron formuladas por el fiscal Anticorrupcion, Felipe Briones, y que tenían relación con las intervenciones telefónicas del caso Brugal, parte de las cuales han sido anuladas por el juez de Orihuela, decisión que los dos fiscales de la provincia ya han recurrido con el fin de poder seguir adelante con el proceso judicial.
Tras esta comparecencia judicial, Jesús Quesada, quien según fuentes cercanas valoró de forma positiva su intervención ante el juez instructor del caso y se muestra tranquilo porque está seguro de su inocencia, se ha reincorporado en la mañana de hoy a sus labores en la oficina de Urbanismo de Petrer donde ejerce de arquitecto jefe.
La próxima declaración relacionada con esta subtrama la protagonizará el próximo lunes 4 de julio el promotor imputado en el caso, y supuesto cabecilla del mismo, Enrique Ortiz. Su esposa, María Manuela Carratalá, que supuestamente habría intervenido como intermediaria en la trama, lo hará un día después, el martes 5 de junio. Tras estas comparecencias, y a lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de los 21 acusados por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, salvo a la alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor, y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, por su condición de aforados.