Las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo abren una nueva oportunidad para la defensa y protección de los derechos humanos en España. Casi siempre pensamos en la defensa de estos derechos como una responsabilidad de los Gobiernos estatales o de la comunidad internacional. Sin embargo, los gobiernos, parlamentos autonómicos y ayuntamientos juegan también un papel fundamental, ya que cuentan con competencias en materias como la educación, la salud o la justicia, de enorme impacto en la vida de la gente.

En su Agenda de Derechos Humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos recién publicada, Amnistía Internacional (AI) pide impulsar medidas para luchar contra el racismo y la discriminación, para proteger a las mujeres de la violencia de género o para asegurar que se respetan los derechos de los menores. También deben fortalecerse las garantías hacia los derechos económicos, sociales y culturales -como la vivienda-, así como asegurar que las fuerzas de seguridad de ámbito local y autonómico respetan plenamente los derechos humanos.

Veamos ejemplos más concretos, empezando por la cuestión de la discriminación. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que la xenofobia, el racismo y la discriminación continúan presentes en la sociedad española. Siguen sin existir datos oficiales que permitan registrar y analizar la magnitud de este fenómeno, y tampoco existen órganos independientes que lo investiguen. El propio Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, en su informe de 2010, alerta del incremento del rechazo hacia los extranjeros. La propia campaña electoral sirvió de altavoz para la difusión de declaraciones racistas y xenófobas, y hay partidos con clara ideología racista que tienen espacio en algunas corporaciones municipales.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su último informe sobre España, alertó sobre el uso de “controles de identificación o redadas policiales, basadas en perfiles étnicos o raciales, y realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado español”. El Comité recomendó a España que se tomaran medidas para erradicar esta práctica, y que se dé formación intensiva en derechos humanos a los funcionarios que las realizan. La conclusión de todo esto es que las autoridades autonómicas y municipales no pueden “mirar hacia otro lado” y obviar la evidente dimensión de este problema.

También en el ámbito de la vivienda hay responsabilidades muy concretas. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos recoge el derecho a una vivienda, un derecho que se viola, por ejemplo, cuando se realiza un desalojo forzoso sin consultas y sin alternativas. En La Cañada Real de Madrid, las casas construidas hace 30 años con el consentimiento de las administraciones están siendo destruidas sin ofrecer alternativa. El caso de Abdelilah Ghailán y Fátima Zohra Alami Wahab y sus dos hijos pequeños, cuya vivienda fue demolida en 2007, simboliza los de cientos de familias con procedimientos en curso que podrían correr la misma suerte.

La situación de los menores internados en centros de protección terapéuticos -bajo la tutela de las comunidades autónomas, no olvidemos- también suscita gran inquietud. Como han dado a conocer las investigaciones de AI, en muchas ocasiones permanecen encerrados en celdas de aislamiento, son medicados sin la debida diligencia y son víctimas de abusos y malos tratos. Ante esta situación, y a pesar de las denuncias de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo nacional, y de la preocupación mostrada por instancias internacionales, el Gobierno español y los Gobiernos autonómicos han hecho poco para mejorar la protección de sus derechos.

¿Y la educación? Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en la enseñanza primaria y secundaria, por lo que su actuación es clave para que la educación en derechos humanos esté realmente integrada en las aulas a estos niveles. Un impulso más decidido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, destinando a ella más horas dentro de los márgenes establecidos en la LOE, sería un buen comienzo.

Por último, incluso fuera de España las administraciones autonómicas y locales deben contribuir al respeto de los derechos humanos, tanto en el marco de sus relaciones exteriores, como a través de sus programas de cooperación al desarrollo. Esto se concreta en establecer medidas para asegurar que la ayuda al desarrollo esté siempre orientada a la protección efectiva de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la no discriminación, a la participación en la toma de decisiones y a la rendición de cuentas.

Son sólo unos pocos ejemplos, pero el mensaje es claro: la protección de los derechos humanos no es sólo una responsabilidad del Gobierno central.

También en los niveles autonómico y municipal hay asuntos muy concretos que deben abordarse. Y los Gobiernos respectivos no pueden “esconderse debajo de la alfombra”. Si lo hacen, es el Estado español, en su conjunto, quien está violando las normas internacionales que en su momento se comprometió a respetar.