El caso de Diego Pastrana, el joven al que se acusó de provocar la muerte a una niña de tres años en Tenerife y del que hoy hemos sabido que abandonará la isla por la presión mediática, no supone un punto y aparte en la historia del periodismo en España; lamentablemente, es tan sólo una muestra más del modelo periodístico que impera en este país. La reflexión no compete solamente a los ciudadanos, asumiendo un papel crítico ante los excesos de los medios, sino también y principalmente, a estos mismos generadores de opinión pública sobre los criterios éticos de los que se sirven en el día a día.

El tratamiento que los medios de comunicación ofrecen de los sucesos, los cuales ocupan gran cantidad de páginas en los diarios y de espacio en las televisiones, es cuanto menos objetable o dudoso. Asistimos a una vorágine de noticias plagadas de los pormenores más escabrosos; nos transmiten, con todo lujo de detalles, cómo se produjo el asesinato o la violación; hemos visto a una madre derrumbarse en plena calle al conocer la pérdida de su hijo; o el rostro sanguinolento de la última víctima de los Sanfermines. Sobre este punto, numerosos libros de estilo dan instrucciones a sus redactores para evitar el sensacionalismo, como es la inclusión de informaciones e imágenes que puedan afectar innecesariamente a la sensibilidad de los espectadores. Instrucciones que, generalmente, no traspasan el papel.

Debido a este enfoque, entre otros aspectos, el aliento de la sociedad exhala, al unísono, una visión negativa sobre los creadores de opinión. Entre los ciudadanos cada vez está más arraigada la idea de una falta de credibilidad de los medios y, por ende, de la profesión de periodista. Para muchos, éste ya no es un intelectual ni un virtuoso de la palabra con capacidad para explicar las transformaciones del mundo, sino que se ha convertido en un ávido cazador de accidentes, desventuras y delitos. El periodismo se nutre del duelo y de las miserias humanas y el buen Periodismo está también de duelo.

Casos como el que nos ocupa, con un joven inocente linchado públicamente, muestran cómo el concepto de ética periodística ya no significa absolutamente nada. Ha sido aplastado, ninguneado, humillado, vilipendiado, abatido. Los medios tienden a pasar por alto que los aspectos éticos de la comunicación deben formar parte del proceso productivo.

Así, en el ejercicio del derecho de la Libertad de Expresión, el artículo 20 de la Constitución Española, se establece que esta libertad tiene su límite especialmente en el Derecho al honor, (art. 18.1 CE), que es el que ahora (y en muchas ocasiones) ha sido violado. Como una cualidad integrante del honor, el derecho a la Presunción de Inocencia está proclamado en el artículo 24.2 de la Carta Magna y es ejercitable frente al Estado y frente a algunos poderes privados, como son los medios. Prácticamente todos los códigos deontológicos existentes en España recogen expresamente la necesidad de salvaguardar la Presunción de Inocencia de cualquier persona mientras no exista una condena en firme.

Como ejemplo, en el Libro de estilo de El País encontramos que la presunción siempre debe ser de inocencia, y nunca de culpabilidad y el de ABC recomienda a sus redactores «no considerar a nadie sospechoso ni autor de un delito mientras los tribunales no se hayan pronunciado mediante sentencia firme al respecto». El manual de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), apunta, en su artículo cinco, que “el periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

Lejos de seguir estos códigos éticos, estos días se han lanzado titulares en diferentes medios culpabilizando al padrastro de la pequeña fallecida; uno de ellos, publicado en la portada de ABC del pasado sábado, junto a una foto del joven, rezaba duramente: “La mirada del asesino”. No obstante, tras probarse por el informe médico forense que la menor no sufrió malos tratos, los mensajes pidiendo disculpas por parte de los medios se han sucedido pero, como se suele decir, el daño (psicológico y moral) ya es irreparable.

Sobre el poder magnético que caracteriza a los medios, para bien y para mal, Luis Miró Quesada de la Guerra, periodista y político peruano, expresó una vez que “el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”. Está en nuestras manos dignificar la profesión periodística, garantizarle el estatus y el reconocimiento que merece, o contribuir en su descenso a los infiernos. Para lo primero, el compromiso efectivo de los profesionales con los códigos éticos es un deber y una exigencia inexcusable.