Mañana viernes 17 de octubre a las 12 de la mañana tendrá lugar una reunión entre una delegación las Comisiones de Vivienda Social de las PAH de la provincia y Juan Grau, responsable de EIGE Alicante ( Entidad de infraestructura de Generalitat Valenciana), antiguo IVVSA.

Este reunión será la segunda que se tiene con la entidad que debería velar por derechos y necesidades básicas en materia de vivienda de la población más vulnerable y en riesgo de exclusión. Por el contrario, se ha convertido, en la práctica, en una empresa privada con intereses mercantiles y por tanto que busca el beneficio a costa del sufrimiento de las familias con menos recursos.

En la primera reunión, realizada al inicio del verano, se acordó entre las dos partes que la PAH redactaría un protocolo de compromisos entre EIGE y las familias afectadas para abordar con unos criterios comunes todos los casos en la provincia y para que EIGE intercediese con las empresas locales, como EMUDESA, que operan sin control ni transparencia en los municipios. Desde que se envió este documento, no hemos tendido noticias por parte de la entidad. Paralelamente a la convocatoria de la reunión se ha hecho llegar por correo un listado de 14 casos de urgencia en la provincia de los cuales 13 son de Elda y Petrer para que se revisen y se de una alternativa.

En nuestro trabajo de indagación nos hemos encontrado con que existen irregularidades y arbitrariedades en los contratos de compraventa de IVVSA/EIGE, en los cuales se han detectado clausulas abusivas. Se les aplican intereses de demora, se les penaliza con porcentajes abusivos en las cuotas, etc, que ni si quiera se ve en los contratos con las entidades bancarias, cuando estamos hablando de un recurso publico que no debe lucrarse con las familias mas desfavorecidas. Asimismo nos encontramos con familias con contratos de alquiler que, a consecuencia de la crisis, han generado una deuda y corren grave peligro de ser desalojados vía administrativa después, claro está, de ser largamente acosadas vía requerimientos. También hay familias que han ocupado casas de EIGE por la situación social y que se las trata como delincuentes en vez de reconocer en esa acción desesperada, la denuncia de una realidad: que no se está dando solución adecuada a la emergencia habitacional. Además habría que añadir a las familias en la lista de espera que, al perder su casa por ejecución/dación, y no conseguir un alquiler social del banco, necesitan una alternativa.

Pero aquí no acaban las irregularidades. EIGE está incumpliendo con sus responsabilidad como propietaria de muchas de las viviendas no haciéndose cargo del mantenimiento de las mismas con la excusa de que las familias no están cumpliendo con sus obligaciones, consciente de que no lo hacen porque no pueden. Tiene muchas viviendas vacías y no son rehabilitadas al mismo tiempo que no está poniendo en marcha planes para la adquisición de vivienda pública para poder hacer frente a las necesidades de la población en lista de espera.

Es una hipocresía que se anuncie a bombo y platillo la adjudicación de 2 viviendas sociales en Petrer y que luego el Ayto. se despreocupe de la condiciones que se le impone por parte de otra administración a esas familias.

La situación de emergencia social y habitacional en la que nos encontramos requiere de esfuerzos y voluntad por parte de los poderes y las entidades públicas para afrontar los retos, adaptarse a la nueva situación surgida de la crisis, garantizar a la ciudadanía sus derechos y cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable y en riesgo de exclusión. Es por ello que se necesitan tomar decisiones valientes en tiempos de urgencia. Esperemos salir de esta reunión con un compromiso claro de EIGE en esta dirección.

Sergi Cremades – Comisión Vivienda Social de la PAH Elda/Petrer

PROPUESTA DE COMPROMISOS

EIGE acuerda con la PAH de la provincia de Alicante lo siguiente:

1. Reconocimiento de la PAH como interlocutor válido.

La PAH viene desarrollando un doble función psicosocial. Por un lado ha ido señalando esta emergencia social y habitacional, ha propuesto alternativas como la ILP por la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social, lucha todos los días por solucionar de manera colectiva el drama habitacional de miles de familias en nuestras comarcas y por encima de esto, trabaja por los intereses de los más vulnerables y por su derecho a techo. Por otro lado la PAH sirve a estas familias destrozadas como instrumento para su empoderamiento que transforma a las personas de victimas en protagonistas de su propia vida.

La PAH acumula años de experiencia y profesionalidad en la defensa de los intereses de las familias afectadas por la crisis/estafa. La PAH garantiza que los casos que se presenten han sido estudiados y revisados y que cumplen con los requisitos generales acordados por las dos partes.

2. EIGE se compromete con la PAH a:

2.1  Realizar un reconocimiento pormenorizado de las viviendas sociales de su propiedad y hacer pública el listado real de casas vacías.

2.2. No permitir la degradación del patrimonio público en sus manos. Tal como reza en el capítulo VI  del DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda. [2007/6487]

2.3. No vender el patrimonio a capital de riego o fondos buitres.

2.4. Iniciar convenios de colaboración con entidades bancarias para la adquisición de vivienda del SAREB o Banco Malo.

3. EIGE se compromete de manera general con los y las afectadas de la PAH a:

3.1. No desahuciar a ninguna familia.

3.2. Realizar un estudio pormenorizado de cada caso.

3.3. Paralización de las notificaciones y procesos administrativos abiertos.

3.4. Valorar y proponer carencias y bonificaciones adecuadas sin porcentajes iniciales.

3.5. Valorar y proponer condonación de deuda.

Existe en la administración pública casos de excepcionales, por ejemplo en hacienda, donde se condona impuestos y pagos a familias que pueden acreditar estar por debajo del umbral del exclusión. Estamos preparando una batería de documentos legales que apoyan esta propuesta.

3.6. Renunciar a la reclamación de la deuda cuando se acredite umbral de exclusión.

3.7. Reconocimiento de casos «excepcionales» las ocupaciones de las viviendas sociales pertenecientes a EIGE o a alguna de las entidades locales con las que se rija un convenio de colaboración con EIGE.

La justificación de este reconocimiento parte de la siguiente premisa: la crisis ha hecho que miles de familias en nuestra provincia fueran golpeadas por el paro, la precariedad y la exclusión. Según el informe de Cáritas 2014 , en Alicante 65.000 personas necesitan ayudas para alimentos y 3500 no tienen  techo para dormir. La población en riesgo de exclusión social ha aumentado significativamente desde el 2008.  Muchas de estas familias normalizadas, que tras la pérdida de sus casas han pasado a formar parte de ese de este drama social. Ni los SS. SS ni instituciones como EIGE se han adaptado a la realidad social surgida tras la crisis. Miles de personas forman parte de listas de espera municipales y provinciales para acceder a una vivienda social, ya que en estos más de 30 años de democracia no se ha regulado ni incentivado un mercado de alquiler a semejanza de otros países de la UE que responda a las necesidades básicas de las  familias.  Ante esta situación de emergencia los poderes públicos no están garantizando un derecho universal, reconocido  jurídicamente por la UE, el estado Español y la Comunidad Valencia. La ocupación es un grito desesperado de familias valientes, pero en riesgo de la exclusión  social, ante una nefasta gestión pública de los recursos y unas  políticas sociales deficientes que van en contra de los intereses de los más vulnerable. Estas familias deben ser tratadas como familias damnificadas de una crisis /estafa que no han provocado, no como delincuentes que se aprovechan de los recursos públicos.

La PAH se compromete a velar porque los y las afectadas cumplan con los siguientes requisitos.

1. Requisitos para carencias.

– Acreditar buena voluntad por parte de la familia afectada.

– Que durante un tiempo concreto la unidad familiar haya dejado de percibir ingresos, generándose una deuda negociable.

– Que en la actualidad la unidad familiar perciban ingresos 3,5 veces el IPREM o dos veces el salario mínimo actual, cantidades mínimas para poder hacer frente al pago de las cuotas que se restablezcan. Es completamente ineficaz y por tanto  una mala gestión  pública no predecir cuando las familias no van a poder  mantener los acuerdos con la institución.

3. Requisitos para bonificaciones.

– Acreditar buena voluntad por parte de la familia afectada.

– Todas las familias que acrediten la documentación solicitada por EIGE que se establecen en Artículo 173. Bonificaciones económicas para el pago de la renta del DECRETO 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda. [2007/6487]

– Cuando exista una deuda en periodo de aplicación de la bonificación no se aplicará el punto 3 del artículo 173 si se demuestra que la unidad familiar a ha sufrido una alteración negativa de sus circunstancias económicas o hallan sobrevenido circunstancias especiales de especial vulnerabilidad.

2. Requisitos para condonación de deuda, quitas o renuncia de reclamación de la deuda.

– Acreditar buena voluntad por parte de la familia afectada.

– Confirmar su condición de estar bajo el umbral de exclusión. Según el INE unos 11.000€ al años  por unidad familiar compuesta por de  4 personas, 6000€ familias de 2 personas, y 8000€  1 persona.

– Que se demuestre, aportando la documentación necesaria, que las deudas contraídas son consecuencia directa del tiempo que la unidad familiar ha dejado de percibir ingresos o los ingresos han sido mínimos.

Documento consensuado por: PAH Elda/Petrer, PAH Elx, PAH Orihuela, PAH Callosa del Segura, Stop Desahucios Alacant, PAH Guardamar, PAH Santa Pola.