La  propuesta presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para reformar la Ley del Aborto, no responde a una demanda de la sociedad española, sino, más bien, a la de un pequeño sector de la sociedad más integrista del catolicismo y de la extrema derecha.

La  ley que el PP pretende reformar contemplaba aspectos normativos de la salud sexual y reproductiva, además de regular la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley, siempre mejorable como casi todas las leyes que regulan nuestra sociedad, recogía medidas de prevención, medidas de planificación familiar y medidas de educación, todas ellas necesarias, y que no contempla el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno del Estado.

Y no es de extrañar que la propuesta presentada no contemple estas medidas, porque la  ley que se nos quiere  imponer está hecha a medida de quienes condenan, al menos sobre el papel, cualquier relación fuera del matrimonio que no sea con finalidad reproductiva y, por lo tanto, rechazan, también al menos sobre el papel, los métodos anticonceptivos.

La  ley que se nos quiere imponer está hecha a medida de quienes se oponían a que se diera una asignatura de educación sexual en la escuela, en la escuela pública. Una educación muy necesaria no sólo como prevención de un embarazo no deseado, sino también como medida de  protección de  la  salud, porque, poner los medios para evitar una enfermedad de transmisión sexual, le puede salvar la vida a nuestros hijos, y esto es muy importante.

La  propuesta de ley presentada por el PP nace desde la hipocresía y el fanatismo, porque por todos es conocido que las hijas de los que se lo podían permitir económicamente iban a otros países más libres y desarrollados para abortar, y  las otras, las hijas de familias de clase social media y baja, se veían obligadas a caer en manos de desaprensivos que, a menudo, y por la  falta de conocimientos y de medidas sanitarias, ponían en grave riesgo su vida.

Una hipocresía latente que, con esta propuesta, de ley pretende obligar a una mujer o pareja a tener un hijo, aunque no le puedan dar una casa ni un futuro, por haber estado desahuciados y por haber decidido el gobierno central salvar a la banca antes que a las  personas.

Una hipocresía latente que pretende obligar a una mujer o pareja a  tener un hijo, a sabiendas de que éste nacerá con malformaciones físicas o psíquicas. Porque, el mismo gobierno que la obliga a parir, después lo abandonará en una sociedad cada vez más competitiva y menos humana como consecuencia de la fatídica gestión política que se está haciendo en el Estado Español.

Un hijo no debe ser nunca una imposición. Un hijo debe ser una ilusión y es por esto que defendemos que la maternidad libre debe ser un derecho absolutamente incuestionable por cualquier fuerza política y gobierno. La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión muy dura y difícil en cualquiera de los casos que se puedan plantear y lo que hace falta hacer es garantizar que ésta se produzca en las mejores condiciones sanitarias posibles.

Por todo ello, desde Compromís Petrer, solicitamos la  retirada del anteproyecto de  Ley para la protección de la vida del concebido y  de los derechos de  la  mujer embarazada, puesto que entendemos que esta propuesta de ley vulnera la libertad de la  mujer en relación a su maternidad, coarta su capacidad de decisión y pone en grave riesgo su salud sexual y  reproductiva.

Compromís Petrer

Ejecutiva Local