Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan el Real Decreto-Ley en materia de medio ambiente que el Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros, tanto en la forma como en el contenido. Consideran que es una burla a la transparencia y participación y denuncian los retrocesos que produce en la protección ambiental de nuestro país.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Esta norma modifica la legislación actual sobre agua, residuos y otras materias. A falta de conocer su contenido exacto, las organizaciones de defensa de la naturaleza quieren hacer una primera valoración.

Las organizaciones ecologistas de ámbito estatal rechazan frontalmente esta manera de proceder para legislar sobre asuntos ambientales. En efecto, incumple la normativa relativa al acceso a la información y participación pública así como las funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, al haberse tramitado el Real Decreto-Ley por el Ministerio en el más absoluto secretismo, contradiciendo las reiteradas declaraciones del ministro Arias Cañete sobre su voluntad de apertura y diálogo con todas las partes interesadas. El alcance de las modificaciones introducidas requería cumplir con los todos mecanismos de participación pública establecidos. Por otro lado, el carácter de urgencia no se justifica por el carácter de las medidas aprobadas.

En lo referido a agua, entre otras medidas, el real decreto establece mecanismos para la venta directa de agua entre particulares en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana. Olvida esta modificación legal que hay muchas más concesiones de uso que recurso, esto es, que no hay agua suficiente para todos los usos aprobados. Por tanto, permitir esta venta directa sólo incrementará la presión sobre un acuífero ya sobreexplotado. Además, se trata de una medida que ya se ha puesto en práctica en dos ocasiones en el pasado, por diferentes gobiernos, y el resultado siempre ha sido muy negativo.

El texto del Real Decreto también hace referencia, en este mismo ámbito del Alto Guadiana, a las aguas privadas. La modificación realizada puede suponer que haya cesiones de agua que antes no se usaba, o bien que se legitimen situaciones de explotación ilegal. Por el contrario, las organizaciones ecologistas consideran sensata la recuperación de las labores de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias.

En materia de residuos, a falta de comprobar que se mantiene esta medida que ya apareció en el borrador del Real Decreto, lo más llamativo es que cierra la puerta al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este sistema, al incentivar a los ciudadanos a devolver los envases vacíos de determinadas bebidas, permitiría unas tasas de reciclado de residuos de envases mucho mayores que los actuales, y de paso, el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea. Esta nueva barrera a los SDDR, que significa un retroceso de 20 años, también descarta la opción de reutilización requerida por la legislación europea en la Directiva Marco de Residuos. Se renuncia así a reducir los 68 millones de euros que cuesta a las administraciones públicas la incineración y vertido de residuos reciclables, a recuperar los 65 millones de euros de materias primas no recicladas en la actualidad y a los 14.000 puestos de trabajo que crearía un SDDR. En vez de imposibilitar la implantación de un SDDR, el Gobierno debe fomentar pruebas piloto para comprobar su viabilidad técnica y económica.

En cuanto a espacios naturales protegidos, la opinión de las organizaciones ecologistas es que lo realmente necesario es que se cumpla la normativa existente, ampliamente incumplida por muchas administraciones, en especial las comunidades autónomas. La supuesta simplificación anunciada en cuanto a que sobre un mismo espacio recaigan diferentes figuras de protección es difícilmente viable por cuanto no todos esos espacios tienen el mismo perímetro.

Por todos estos motivos Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian los efectos negativos de este Real Decreto-Ley y exigen que en adelante se trabaje con transparencia y una adecuada participación de la sociedad civil, a través de todos los mecanismos establecidos para elaboración, modificación y revisión de la normativa relacionada con el medio ambiente.