El estallido de la crisis y el aumento del paro provoca que centenares de miles de familias han llegado a una situación limite que no les permiten cubrir sus necesidades más básicas.

Las ejecuciones de hipotecas se cifran, según el Consejo General del Poder Judicial, para el 2011 y 2012 en unas 300.000. En nuestra Comunidad según cifras del observatorio DESC de febrero de 2011 se cifran los lanzamientos del 2008 al 2010 en 18.608 que representan un 26,77% con referencia a las demás comuninades y la sitúa en la de mayor índice, seguida de Madrid con un 22,39%.

Las familías se enfrentan no sólo a la pérdida de su vivienda sino a una condena financiera de por vida porque el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble hace que quede desierta en un 90% de los casos dado el marco de crisis económica que nos encontramos. Con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, que afecta en caso de insolvencia al embargo de la nóminas, cuentas… Así como a los avalistas. Es decir , además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida. Esto sucede porque la legislación vigente lo permite y se le une la publicidad engañosa con la que comercializaron la mayoria de las hipotecas, añadido a la sobrevaloración de las tasaciones y cláusulas como la «cláusula suelo».

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias recaigan sobre una parte, la más vulnerable y los de siempre. Las ejecuciones hipotecarias no están adaptadas a los escenarios de cirisis económica.

Todo esto depende de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así los ayuntamientos se sienten doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos (art. 47 de la Constitución española: «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho») y en segundo lugar porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

Una vez más el «teatro» entre PSOE y PP ante propuestas sociales rechazan la iniciativa parlamentaria que hace unas semanas se presentó en las cortes para su debate por parte de Izquierda Unida para la reforma de la Ley Hipotecaria para que la vivienda sea una garantía suficiente para responder al pago de una hipoteca, sin que los afectados tengan que continuar pagando a los bancos «de por vida». La propuesta lanzada por Cayo Lara se encuadra dentro del «Plan de iniciativa social frente al desempleo y las consecuencias de la crisis», que ha elaborado IU. En este sentido el coordinador federal de la formación ha propuesto la regulación de la «dación de pago» como «procedimiento preferente para extinguir cualquier obligación derivada del impago de un crédito hipotecario y su inclusión en el Código Civil».

La FEMP también pide el cambio en la normativa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.

La PAH (plataforma afectados por hipotecas) plataforma de carácter cívico y social que ha sido pionera en la reclamación de la dación en pago alza su voz en la denuncia de las situaciones familiares dramáticas de las personas afectadas y la falta de propuestas de solución de la administración central.

¿Por qué no se aprueba una iniciativa de algo tan elemental y de sentido común?
Primero la negativa fue que el contrato hipotecario era entre privados y el estado no podía intervenir. Hasta que el Estado intervino inyectando ingentes ayudas públicas para dotar de liquidez al sistema financiero. Luego decían que el contrato era libre, nadie obligaba a nadie a firmar pero tratar de iguales a los que no lo son y equiparar la necesidad de las familias de acceder a una vivienda a través de una hipoteca con el lucrativo negocio de los créditos, era un insulto a la inteligencia. Posteriormente se parapetaron en que aplicar la medida con efecto retroactivo para los créditos firmados era inaceptable en un Estado de derecho ya que era aplicar nuevas reglas de juego a mitad de la partida pero la reforma laboral, rebajando las indemnizaciones por despido que se habían firmado antes, desbarató esta hipótesis. No es que no quieran aprobarla, son «los mercados» quienes obligan y no dejan margen de maniobra. Así, una vez más, los dos partidos PSOE y PP, encuentran en la transferencia de la soberanía del pueblo a manos de los mercados, su mejor coartada.

* CLÁUSULA SUELO: por mucho que baje el euribor, el tipo de interés que le aplican a su hipoteca tiene un mínimo o suelo, es decir impiden a los hipotecados beneficiarse de la caída del euribor. Muchas entidades ya lo han suprimido aunque el Banco de España defiende los beneficios de las cláusulas suelo de las hipotecas, ya que contribuyen a la estabilidad del sistema financiero y de acceso al crédito.

José Medina Verdú,  candidato de IU al ayuntamiento de Petrer