Alfonso Lacasa ha anunciado que ayer martes día 20 de mayo su grupo presentó oficialmente el recurso contencioso administrativo contra el nuevo contrato de aguas. Los socialistas presentan el recurso ante los tribunales después de que el contrato fuese aprobado el pasado 28 de diciembre en un pleno extraordinario con los votos en solitario del Partido Popular. Con este paso “cumplimos con el compromiso adquirido con los vecinos en su momento”.
Lacasa ha lamentado que se haya tenido que llegar hasta este punto “por la negativa del alcalde Pascual Díaz a acogerse a las soluciones propuestas por su grupo” y ha señalado que serán los tribunales quiénes decidan si este contrato es “tan ilegal como perjudicial para el bolsillo de los vecinos” como ellos opinan.
El contencioso presentado por los servicios jurídicos del Partido Socialista hacen hincapié, como ya lo hacían en el recurso de reposición presentado en su momento, en la falta de concurso público y en su duración de 35 años que según el portavoz socialista “es imposible según las legislación vigente”.
Alfonso Lacasa también a denunciado que el Partido Popular ha ocultado cuánto va a costarle en realidad a los vecinos ese 1’5% anual por encima del IPC que subirán los recibos aplicando el nuevo contrato. Los socialistas calculan en más de 27 millones de euros ese 1’5% extra que tendrán que pagar los vecinos en los próximos treinta y cinco años, o lo que es lo mismo según el portavoz socialista “que cada vecino tendrá que pagar lo que cueste el agua más 3.000 euros extras a lo largo del contrato”.
En el contencioso los socialistas van a solicitar a la Justicia la suspensión cautelar del nuevo contrato, permaneciendo en vigor el actual que no finaliza hasta 2014. y paralizar el proceso hasta que se dicte sentencia.
Muy bién Sr. Alfonso Lacasa, con dos cojones.
Ya está bién de que se rian de los demócratas en éste ayuntamiento.
No se puede firmar un contrato de servicio de agua al pueblo, por 35 años, sin concurso público y encima con un incremento extra del 1,50 % después de cargar año a año el IPC. Además sin consenso de ninguna clase con los demás partidos políticos. Esto parece una dictadura pura y dura, sólo que con muchos actos protocolarios para despistar.