Esta semana, desde el sindicato UGT-PV en las Comarcas de la L´Alacantí – La Marina y La Muntanya Vinalopó Vega Baja hemos mantenido una reunión con el Jefe de la Inspección de Trabajo. En la misma, se le ha trasladado nuestra preocupación por la situación de la economía sumergida en la provincia de Alicante, ya que el clima es irrespirable.

Desde UGT venimos denunciando las consecuencias negativas de la economía sumergida para los trabajadores, que son fundamentalmente de índole laboral y social, un fraude fiscal, y una competencia desleal.Esta situación trae como consecuencia la dimensión laboral y social, que provoca la vulneración constante de los derechos de los trabajadores, ya que son las principales víctimas de la economía sumergida, ya no sólo de índole individual, sino también su extensión de carácter colectivo, porque merma las condiciones de trabajo y de derechos, materializándose en:

– Carencias de cotizaciones a la seguridad social, incitando a la ausencia de derecho de prestaciones por desempleo;

– Carencias de vacaciones retributivas y de permisos;

– Jornadas de trabajo muchas más extensas de las que realmente se cotizan, manteniendo al trabajador o trabajadora a total disponibilidad horaria por parte de la empresa,

– Salarios ridículos cada vez más bajos y que en muchas ocasiones ni tan siquiera llegan a superar el salario mínimo interprofesional;

– Además de nula formación en cuanto a la prevención de riesgos laborales lo que provoca mayor exposición y riesgos para la salud.

Por otro lado, el fraude Fiscal, ocasiona la pérdida de recursos económicos, debido a la evasión de pagos de impuestos que debilitan en gran medida los ingresos del Estado. Ingresos más que necesarios, ya que podrían invertirse y contribuir a potenciar las políticas dirigidas al desarrollo y mantenimiento del estado de bienestar.

En lo que se refiere a la competencia desleal, estamos asistiendo al hecho de que muchas empresas que cumplen con las normas se ven en claras desventajas con aquellas que utilizan este tipo de actos fraudulentos, lo que provoca un agravio comparativo, entre que deshonestamente aumentan sus beneficios con los costes de ahorro fiscales y de la seguridad social, frente a las que cumplen la norma.

La provincia de Alicante lidera esta problemática y sus consecuencias directas se ven reflejadas en la extensión de la precarización cada vez más del empleo, además de dañar el marco de las relaciones laborales en su conjunto, porque se utiliza como un instrumento de presión para aquellas trabajadoras y trabajadores que se encuentran en una situación de desamparo.
Desde UGT, creemos necesario y así lo hemos trasladado, la necesidad de dotar de más medios y recursos humanos a la labor que realiza la inspección de trabajo en el afloramiento del empleo sumergido, no se puede trabajar cuantitativamente con la misma estructura de recursos a lo largo del tiempo, porque los movimientos poblacionales no son estáticos, es decir, crece el número de población susceptible de esta situación, así como crece también, diferentes actividades que se ven afectadas por esta práctica irregular, teniendo en cuenta y más ahora que nos encontramos en el inicio de la campaña turística y de verano y que según todo los indicios va alcanzar cifras de importantes de ocupación.

Hemos reclamado por ello, una campaña específica de visualización y denuncia que llegue a bares, hoteles y restaurantes para erradicar la explotación laboral que se viene produciendo con este tipo de fraude social, laboral y económico. Ambos coincidimos, en la necesidad de que estas campañas no solamente sirvan como una forma de información y denuncia contra la economía sumergida, sino para generar una concienciación en la ciudadanía, un verdadero cambio cultural en el que la sociedad no sea permisiva y rechace estas prácticas de la economía sumergida.