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Nota: Artículo publicado originalmente en la revista Alborada nº 44 – año 2000.
Cuando las tropas del general Franco ocuparon los municipios de la provincia de Alicante, a finales de marzo de 1939, cayeron los últimos territorios de la retaguardia republicana. Detrás quedaban tres años de guerra civil, cuyo desenlace significó el final de una experiencia democrática y de legalidad que intentó abrir un proceso de modernización sin precedentes en una sociedad históricamente estancada como era la española y acabar con su secular retraso. Este proceso pasaba por una reforma agraria, reforma del ejército, modificación de las relaciones Iglesia- Estado, laicización en materia educativa, cuestión estatutaria, reformas sociolaborales etc… Reformas todas ellas que chocaban con los intereses de la antigua oligarquía que había detentado el poder en España.
[1]Lo que comenzó a partir de entonces fue el establecimiento de un régimen que se proclamaba defensor de los valores tradicionales de España y que acabó con las posibilidades de desarrollo que la democracia había vivido durante los años de la II República. Frente a las libertades ejercidas en el periodo anterior, el franquismo opuso un régimen de dictadura que, a nivel local, vio cómo los ayuntamientos, en los que se asentaban los cimientos de la democracia, quedaron en un segundo plano, estando su labor supeditada y casi dirigida por el Gobierno Civil de la provincia, que nombraba a su personal político y fiscalizaba su actuación (1).
Respecto al ejercicio del poder, los falangistas pretendían con el «nuevo estado» llevar a cabo su programa Nacional-Sindicalista, mientras que los monárquicos creían ver en Franco el restaurador de la monarquía de D. Juan de Borbón, algo que no entraba en los planes del general.
La implantación del franquismo en Elda exige preguntarse por el personal político que apoyó al régimen para desarrollar su política a nivel local, qué orígenes políticos e ideológicos tenía y, a partir de ello, inferir qué grupos sociales apoyaron al franquismo y hasta qué punto se beneficiaron de la implantación del nuevo régimen.
Los inicios del consenso. Política de adhesión y exclusión
La primera cuestión a responder es cómo el régimen se aseguró el apoyo de los hombres que debían desarrollar su política a nivel local y provincial. La respuesta quizá esté en la capacidad que tuvo el régimen para castigar a unos y premiar a otros. Para los primeros, el régimen no dudó en utilizar la carta que le proporcionaba la utilización sistemática de la violencia y el terror, con lo que no sólo depuraba la sociedad, sino que, al mismo tiempo, aumentaba la desmoralizacióny el miedo entre la población disidente,a la vez que ganaba el agradecimiento de los que querían el orden social sobre todas las cosas.
[2]Sin embargo, la dictadura no sólo se mantuvo con la institucionalización de la violencia, sino que arbitró un conjunto de medidas encaminadas a premiar a otros, haciéndoles partícipes, de alguna forma, de los beneficios de la victoria militar, con lo que el régimen pretendía ampliar la base de su consenso, entendido éste como intercambio de intereses entre la cúpula dirigente del régimen y determinados grupos sociales que son los principales beneficiados y que tienen una fuerte capacidad de influencia sobre el resto de la sociedad (2).
La distinción entre vencedores y vencidos lavamos a encontrar en tres niveles:
I. En el espacio público: Tan sólo había trascurrido un mes cuando la comisión gestora (3) trataba de dar muestras de ruptura total con el periodo anterior. El 9 de mayo se creaba un servicio de inspección de bares y establecimientos públicos encargado de supervisar «la colocación obligatoria en los mismos de banderas nacionales y retratos del Caudillo y José Antonio» (4). Otras decisiones no se hicieron esperar y el 5 de julio se pedía autorización al Gobierno Civil para proceder al cambio de un gran número de nombres de calles, que se designarían con los nombres propios de la Cruzada y el recuerdo a los caídos (5).
Quizá la más importante, por el fuerte contenido simbólico que implicó, fue la construcción de la Cruz de los Caídos, fundamental en el aparato ideológico del régimen, para recordar el espíritu del 18 de julio y los valores de servicio y abnegación hacia la patria, a la vez que se acallaba a los otros caídos, a los que no les quedaba más que el olvido y la culpa. Importante en este punto es no olvidar el papel que jugó la Iglesia en la justificación del nuevo régimen, al desnaturalizar el concepto de querra civil para convertirlo en el de una Cruzada de Liberación Nacional, con lo que justificaba el alzamiento militar y el régimen que se implantaba tras la victoria.
[3]II. En la actitud de la Iglesia: Durante el franquismo el espacio público se sacraliza y vuelve a ser ocupado por la iglesia (6), un espacio público organizado por un sector de la sociedad para someter a otro. No podemos olvidar que en la percepción cotidiana, ese espacio era visto de distinta forma por unos y otros, ya desde su posición de vencedores o vencidos, o desde su mentalidad de clase (7).
El poder político se encargó de satisfacer las demandas de la Iglesia y realizó una política de subvenciones destinada a facilitar su labor. En los primeros meses el nuevo ayuntamiento comenzó a plantear la reconstrucción del templo parroquial de Santa Ana, proyectando la «urbanización de la zona urbana lindante con la plaza donde ha de ser reconstruida la Iglesia Parroquial, al objeto de que ésta tenga en su día un emplazamiento digno de la misión divina» (8), y cediendo gratuitamente el valor de la enajenación de «cinco solares edificados con una sola planta …cuyas edificaciones se realizaron con fondos municipales en época roja»(9). Con ello el ayuntamiento promovía una suscripción para la reconstrucción del templo, que encabezaron los principales industriales de la ciudad, a lo que se añadía la donación por el Estado de 500.000 pesetas (10). En sesión del 15 de febrero de 1940, también se decidía la reconstrucción de la Ermita de San Antón, «en contraposición y para reparar la ofensa cometida por el primer ayuntamiento republicano a los sentimientos católicos de la ciudad al acordar demoler por supuesta ruina la Ermita de San Antón». Y más adelante se destinaban 20.000 pesetas para subvencionar la ornamentación del Altar Mayor de la Iglesia Santa Ana (11).
El predominio del nacional-catolicismo en un pueblo todavía conmovido y conmocionado por la tragedia de la guerra y las luchas fraticidas, logró que la gente no opusiera resistencia a volver a las costumbres conservadoras, pero siempre ocupando la posición tradicional que le había sido encomendada en el sistema. En este sentido, la celebración de las fiestas populares supuso un instrumento desde el que la élite local se proyectaba sobre el conjunto de la población (12). Las procesiones, y el lugar que se ocupaba en ellas, servían para poner a cada uno en su sitio, para ver qué lugar debían ocupar en la estructura social, de la que las procesiones oficializadas por la Iglesia eran una dura alegoría. Un ejemplo de la fuerte connivencia entre Iglesia y poder local fue la bendición, en el proceso de reconstrucción del templo de Santa Ana, de las nuevas campanas, que fueron apadrinadas por alcalde, gestores y autoridades del Movimiento ante la jerarquía eclesiástica y la multitud (13).
La iglesia respondió al poder local, pues, como correspondía y proyectó la figura de los principales hombres auspiciando su papel social al distinguirlos del resto de vecinos. Los espacios públicos fueron diseñados no sólo para los vivos, sino también para los muertos, estableciendo distinciones que no podía pasar por alto el nacional-catolicismo. La comisión gestora aprobó que el nuevo cementerio «conste de un recinto principal destinado al enterramiento de los católicos y otro de menor extensión destinado a la sepultura de los restos de las personas que no tuvieran aquella condición…Ambos recintos permanecerán debidamente separados con pared que los independice y con puertas de entrada distintas» (14).
[4]3. En el trabajo: En una posguerra marcada por la explotación, el paro y una profunda hambre, se desarrolló una política legislativa destinada a favorecer en el empleo a los que habían defendido la«causa nacional». Los Gobiernos Civiles enviaron órdenes a los ayuntamientos encaminadas a lograr la plena colocación de mutilados de guerra, excombatientes, excautivos e hijos de caídos. En Elda fueron estos sectores los que ocuparon la mayoría de las vacantes que habían quedado en el ayuntamiento, como consecuencia del proceso de depuración de los funcionarios del mismo (15). Lo cierto es que las medidas tuvieron efecto en la provincia y en mayo de 1941 no sólo no existían problemas de paro entre los excombatientes de la provincia, sino que se había colocado a 600 que procedían de otras provincias (16).
A través de la instrumentación que hicieron de los sindicatos verticales, los empresarios actuaron como auténticos jefes de empresa (17) y se beneficiaron de una legislación que permitió la explotación obrera a unos niveles inimaginables. Las comidas de empresas organizadas por los sindicatos verticales, cada 18 de Julio, fiesta nacional del trabajo, y de carácter obligatorio, debieron suponer una humillación para muchos obreros, que debían desfilar ante la Cruz de los Caídos, en formación y con el empresario al frente, para rendir homenaje a los caídos de un bando, mientras callaban en su interior los gritos de hijos, padres, amigos, que habían caído en el otro lado.
Con todo ello el nuevo régimen pretendía recuperar el status quo anterior a la II República, poniendo gran interés en la restauración del viejo orden social (18). Es muy significativo que los quintacolumnistas que ocuparon el ayuntamiento de Elda a la espera de la llegada de las tropas franquistas, José Martínez González, Ernesto Ortín, Julio Beneit y Pedro Bellod, eran industriales y derechistas, con unos intereses muy particulares en el triunfo del nuevo régimen, ya que habían visto incautadas sus propiedades durante la guerra civil.
El régimen no dudó en acercarse a esta clase social y desde el principio la hizo partícipe de los beneficios de la victoria militar, no sólo devolviéndoles a su posición de privilegio, sino devolviéndoles las propiedades que habían sido socializadas e incautadas durante la guerra civil. Para ello se crearon las Comisiones de Incorporación Industrial y Mercantil (CIIMs) y el Servicio de Recuperación Agrícola (SRA),que tuvieron su homólogo a escala local en la creación en todos los ayuntamientos de «una Comisión Delegada y encargada…de la recuperación de los objetos arrebatados ilegalmente a sus dueños durante el periodo rojo…y de custodiar en las debidas garantías estos objetos y devolvérselos a sus legítimos dueños» (19). El sentido restaurador del régimen franquista queda puesto de manifiesto desde las primeras medidas tomadas por el régimen.
Los mecanismos de implantación del Régimen
El régimen, desde el principio, persiguió la depuración de la sociedad, para lo que contó con un aparato represivo que comenzaba en la labor de los ayuntamientos, donde se nombró por la autoridad de ocupación militar un Juez Instructor que se había de encargar de recoger informes de la Columna de Orden y Policía de ocupación y del partido único, FET y de las JONS. En esta labor actuaron algunos hombres que luego ocuparon cargos de responsabilidad como gestores, de quienes se destacó en los informes personales que FET y de las JONS enviaba al gobernador civil para su elección, el «haber colaborado en la denuncia y detención de los elementos rojos de la localidad», o el hecho de haberse destacado como «el principal anti-masón de la localidad» (20).
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De esta forma, los tribunales militares se llenaronde informes procedentes de las autoridades municipales de los pueblos de origen de los inculpados. El alcalde pidió e intercambió informes con sus homólogos de otras provincias sobre los antecedentes políticos y sociales de vecinos y funcionarios del ayuntamiento, entre los que supo distinguir a los que, como un agente de policía, habían colaborado con la falange local «en la limpieza de elementos peligrosos que el más que nadie conocía» (21).
Como consecuencia de este proceso, 22 eldenses fueron conducidos hasta los pelotones de fusilamiento y ejecutados, además de 9 penas de muerte que fueron conmutadas (22). Por otra parte, 128 vecinos fueron condenados a diferentes penas de prisión, que oscilaban entre los 30 años de reclusión mayor y los seis meses de prisión menor (23).
Para quienes hubieran escapado de los tribunales militares, el régimen articuló dos cuerpos legales encaminados a seguir la labor de depuración. Se trata de la Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), por la que pasaron al menos 210 eldenses y la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (LRMC), por la que fueron condenados 15 eldenses con penas de reclusión e inhabilitación.
Para todo el que hubiera escapado de la legislación represiva franquista quedaban las Comisiones de Depuración. Por supuesto, todos los partidos del frente popular fueron prohibidos, al igual que los sindicatos de clase, pero nos importa la depuración que se dio a nivel local dentro del personal del ayuntamiento, para lo que se creó una comisión que apartó, el 26 de abril, a más de una veintena de funcionarios, que fueron excluidos de sus puestos de trabajo (24). Además, los que quedaron fueron obligados a afiliarse a FET y de las JONS, tal y como se refleja en un pleno municipal en el que, a petición de la Sección Femenina, se obliga a afiliarse a una empleada de la limpieza bajo pena de perder su puesto de trabajo (25).
Tras la represión y la depuración llegó la hora de la reconstrucción de las conciencias, papel que fue asignado a FET y de las JONS y a la Iglesia. A menudo se ha minusvalorado el papel de FET y de las JONS en el régimen franquista; sin embargo, si bien es cierto que quedó marginado del poder, tuvo una labor importante en las funciones de control y encuadramiento de la sociedad, papel que desarrolló desde el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, con lo que se aseguraba cierta influencia sobre las futuras generaciones. Ambas contaron con el apoyo económico del ayuntamiento, que destinaba a estas instituciones una parte del presupuesto.
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La articulación del poder. Diversidad de origen y luchas por el poder
Se tratará aquí de la articulación del poder a escala local y su evolución en los primeros años de configuración del franquismo, hasta las primeras elecciones municipales, con las que comenzaba de una manera oficial la institucionalización del régimen a nivel local, que no culminará hasta 1967.
El estudio del personal político ha de hacerse desde un doble análisis de sus antecedentes políticoideológicos y desde sus centros de extracción social, lo que nos ha de permitir una visión de la clase a la que se acercó el franquismo y en la que se apoyó para desarrollar el consenso.
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Hay que tener en cuenta, además, que el partido único dependió desde sus orígenes del Estado, ya que había sido formado desde el poder, a partir de la unión de FE y CT, a los que se unían todos los partidos políticos de la derecha tradicional que habían participado en el golpe de estado. Esta diversidad de origen fue causa de conflictos entre los principales grupos que formaron la coalición reaccionaria (26) y que podemos simplificar en dos tendencias -falangistas y derechistas- que reprodujeron en toda la provincia los enfrentamientos que se daban entre las figuras políticas más visibles de ésta: Gobierno Civil y Jefatura Provincial de FET y de las JONS (27). No obstante, estos conflictos se redujeron a una mera lucha por el poder y nunca cuestionaron el sistema (28).
El cuadro I nos permite conocer la ideología de los cargos políticos antes del estallido de la guerra civil, lo que demuestra la diversidad de origen de la coalición reaccionaria. Observamos cómo el 77% de los cargos fueron presididos por los derechistas, entre quienes incluimos a los que procedían del Partido Radical, de la Derecha Regional Valenciana o los que simplemente eran conceptuados como de derechas. El grupo falangista, representado por los partidos que originariamente fundaron el partido único, Falange Española y Comunión Tradicionalista, tan sólo ocupó un 16% de los cargos en las gestoras; sin embargo, es algo que no hay que despreciar ya que la llegada de los falangistas se sitúa en un momento muy concreto, en el que serán el grupo más fuerte de Elda durante dos años y medio, tal y como se puede ver en el cuadro II y en el gráfico I.
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La insignificante implantación de falange en Elda,y a nivel provincial, explica la escasa influencia del personal político falangista entre los poderes tradicionales, lo que constituyó un permanente punto de fricción con los sectores sociales dominantes que tradicionalmente habían detentado el poder y que no estaban dispuestos a que un grupo con escaso arraigo en la política local los apartara de sus puestos de privilegio. Los datos nos demuestran cómo los grupos de derechas se hicieron con la mayoría del poder, que consiguieron monopolizar tras la fase de dominio falangista entre 1940 y 1943. El régimen, pues, optó en 1943 por restaurar en el poder a una derecha política que se correspondía con el perfil socioeconómico de las élites tradicionales. Una clase política que estaría indudablemente agradecida por su «liberación». Este proceso no sólo se dio en Elda, sino que fue desarrollado a nivel nacional, pues «el propio Franco quiso siempre que el régimen se extendiera más allá de los límites del partido; de ahí que, desde el principio, captó a los colaboradores de la amplia gama de organizaciones y grupos conservadores y antirrepublicanos» (29).
[9]En el análisis de la evolución de la composición política de la gestoras distinguimos tres fases: julio de 1939-agosto de 1940, agosto 1940-enero de 1943 y febrero 1943-1948.
La primera etapa estuvo caracterizada por la inestabilidad respecto a la formación de los ayuntamientos que, como mucho, contó con cinco gestores, llegando incluso a estar dirigido por sólo dos (30), que sustituyeron a una primera comisión nombrada por el comandante militar de ocupación el 6 de abril de 1939 (31) y que no renovó el gobernador civil 16 días después.
La segunda etapa fue la de dominio falangista, encabezada por el alcalde y Jefe Local de FET y delas JONS José María Batllés. Hermano de Luis Batllés, consejero nacional de la falange asesinado en 1936, Batllés intentó monopolizar los cargos con falangistas y tradicionalistas, lo que le resultó imposible. Numéricamente éste era el tope de la influencia falangista en Elda; sin embargo, hay que tener en cuenta la preponderancia de la figura del alcalde en el desarrollo de la política local franquista para entender la importancia del peso falangista durante estos años. La tercera etapa es la del definitivo triunfo del sector de los derechistas, con lo que la clase tradicional había vuelto a recuperar el poder.
Estas dos últimas etapas se entienden mejor teniendo en cuenta la preponderancia de los alcaldes entre los políticos locales durante el franquismo. El propio Director General de Administración Local insistía en 1940 en la necesidad de «robustecer las funciones del alcalde, en los que se van a concentrar poderes, funciones y responsabilidades adecuadas a la misión de dirigir la administración de los asuntos ordinarios de las localidades… tanto en su cargo de Jefe de la Administración municipal, como en los de Presidente de la Corporación y Delegado del Gobierno…con la finalidad de conseguir la eficacia en la gestión de los intereses municipales a través de un alto sentido de la autoridad y de la jerarquía,con el cual se compadecen muy poco esas ruidosas y enervantes manifestaciones edilicias que solían tener fugar en los salones de sesiones de las Corporaciones de nuestros pueblos» (32).
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En ambas etapas van a ser alcaldes dos políticos que definen completamente a los dos grupos que lucharon por hacerse con el poder, José María Batllés y José Martínez González.
José María Batllés, según los informes de FET, era «el único camarada en esta ciudad que puede encauzar y regir, dentro del nuevo estilo, los verdaderos destinos de nuestra organización» (33). Durante su mandato las sesiones del ayuntamiento comenzaban al grito de ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! y se cerraban con el Cara al sol (34). Fueron los años de retórica falangista y manifestaciones del ritual fascista en un ayuntamiento en cuya fachada predominaban los signos externos de la «revolución nacionalsindicalista», apareciendo adornado con el yugo y las flechas y por las banderas de FE y la CT.
En su primer pleno como alcalde (35) tomó tres medidas que demuestran el nuevo espíritu que quiso dar a la corporación, acordando la adquisición de una lápida «con una cruz de mármol en la que figuren los nombres de los caídos por Dios y por España encabezados por el de José Antonio que será colocada en la fachada del ayuntamiento hasta que haya Iglesia». Decretó también «que los vecinos engalanen sus balcones con colgaduras nacionales de obligación ineludible observación por los vecinos de las calles principales». Y nombró a José Sedano Serna, primer teniente de alcalde y delegado de Información e Investigación de FET y de las JONS, como asesor de información de la alcaldía, con lo que se producía una imbricación total entre el partido y el ayuntamiento, ambos comandados por Batllés, quien recibió la alcaldía por parte del gobernador civil «solicitando el servicio y el sacrificio necesarios a España, procurando que la Comisión Gestora constituida actúe como órgano consultivo y conciencia de partido único por deber a la FET y de las JONS, evitando toda clase de rozamientos y defectos del sistema parlamentario» (36).
En el pleno siguiente, Batllés consiguió que la corporación le autorizase para llevar a cabo una nueva revisión «de todo el personal dependiente del ayuntamiento en cuanto a su depuración y afección al Movimiento», además de proponer la revisión de un número de calles «para roturarlas con nombres de hijos del pueblo preferentemente caídos de la revolución» (37).
Como consecuencia de la política llevada a cabo por Batllés, dos gestores, industriales y derechistas, abandonaron la comisión gestora «por desavenencias con la política local (38). Pero el hecho más característico de los conflictos que se sucedieron en Elda durante la implantación del régimen ocurrió bajo su mandato cuando, en agosto de 1941, denunció ante el Gobierno Civil una campaña de difamación contra su persona y otras autoridades«camaradas jóvenes de las Falanges combatientes que no entienden de caciquismos ni conocen los procedimientos rastreros….que intentan realizar por el único camino que nos marca el caudillo la revolución nacional»(39). Las difamaciones estaban hechas por unas «autoridades caciquiles indignas, profesionales de la política, representantes de los intereses creados y del capitalismo judío». Pese a la fraseología falangista, tan al gusto de la época, hay que tener en cuenta que el caciquismo, como sistema político, hacía tiempo que había sido sellado en España, por lo que no hay que dar más contenido a las palabras que pura retórica, y no ver más en el conflicto que la lucha por el poder.
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Como consecuencia, se produjo la detención y arresto en el retén municipal de hombres como Julio Beneit, quien tras la caída de los falangistas ocupará el cargo de primer teniente de alcalde, curiosamente en una nueva comisión gestora de la que formaron parte los dos gestores que la habían abandonado bajo el mandato de Batllés.
Lo cierto es que José María Batllés fue denunciado un mes después por la Fiscalía de Tasas por Decomiso Ilegal y condenado a pagar 200 pesetas de multa, al tiempo que el Gobernador Civil ordenaba la puesta en libertad de los arrestados.
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La llegada al Gobierno Civil, a fines de 1942, de José María Paternina, como secretario, significó un duro golpe para los falangistas de toda la provincia (40). En los primeros meses de su actuación realizó una labor de depuración dentro del partido encaminada a anular políticamente a los elementos más combativos y molestos. Tan sólo dos meses después de su llegada, desde el Gobierno Civil se renovaba completamente la comisión gestora de Elda, que quedó formada por un personal político en su totalidad de derechas encabezado por José Martínez González y que, socialmente, tuvo en los industriales el grupo más influyente con diferencia, tanto cuantitativa como cualitativamente, constituyendo un 50% del personal político, entre los que destacan los cargos de alcalde y tenientes de alcalde.
La figura de José Martínez González ilustra el personal político por el que el régimen optó finalmente y los nexos que existieron entre el poder político y el mundo económico. Procedente de las filas de la D.R.V., fue nombrado alcalde en 1943 y ratificado por el gobernador civil en las elecciones de 1948, fue procurador en Cortes en representación de los ayuntamientos de la provincia en 1946, siéndole concedida la Medalla de Oro de la Orden de Cisneros en 1949. Se encargó también desde el principio de la Delegación de Auxilio Social de Elda, cargo que compaginó con una activa labor en el sindicato de la Piel. Su carrera económica fue tan fulgurante como la política: al finalizar la guerra se convirtió en presidente de la recién transformada sociedad anónima Rodolfo Guarinos, una de las fábricas más importantes del sector en la provincia, cuyo capital desembolsado en 1939 ascendía a 3.000.000 de pesetas. Además, formó parte del consejo asesor del Banco de Elda (41).
Quizá el único punto en común que tuvo con el anterior alcalde es que también fue denunciado por la Fiscalía de Tasas, esta vez por autorización de precios abusivos; por lo que tan sólo fue advertido por el Gobernador Civil, lo que demuestra la fuente de corrupción que supusieron los ayuntamientos durante los años cuarenta y la inoperancia de las autoridades ante ella (42).
Las elecciones de 1948 (43) no produjeron cambios cualitativos, simplemente ratificaron en sus cargos al alcalde a y sus hombres de confianza, permaneciendo cinco gestores de la anterior corporación. No es hasta 1955 cuando se produce en Elda el relevo generacional.
El estudio de la profesión de los cargos políticos que ocuparon las gestoras entre 1939 y 1948 nos confirma cuál fue la base social sobre la que se apoyó el régimen (44). Hay que destacar en primer lugar, como vemosen el cuadro III, el hecho de que en 1943, en época de dificultades extremas, la posición económica de los gestores no era lo más representativa de la sociedad del momento.
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Los sectores con mayor actividad entre los gestores fueron el terciario y el secundario, destacando la exigua importancia del sector primario, propio de una zona que había alcanzado la modernización económica por medio del desarrollo industrial como era Elda. Mientras en el sector terciario destaca la presencia de empleados y comerciantes, la profesión de industrial domina en todo el espectro político, constituyendo a partir de 1943, tras la caída de los falangistas, el 50% de los cargos (45). Este es un indicativo más del papel de los nuevos sectores falangistas, alejados de las profesiones que detentaban el poder tradicionalmente. Observamos en el cuadro 4 cómo la base social de los falangistas es el sector terciario, mientras entre los derechistas hay una abrumadora presencia de industriales que, como observamos en el gráfico 2, sólo representaron una minoría en las gestoras durante el periodo de influencia falangista.
Los falangistas sucumbieron, pues, ante los poderes tradicionales locales, que no sólo dominaron los consistorios sino que se hicieron con la dirección del partido único. En 1949 el Jefe Local ya no tenía antecedentes falangistas, como sus antecesores, sino que procedía de la D.R.V. (46)
La base social sobre la que el régimen extrajo su personal político fue, pues, la de las clases tradicionalmente dominantes, que se habían identificado siempre con la derecha política, lo que demuestra las consecuencias restauracionistas a nivel social y político del régimen franquista. El hecho de que el régimen optara por personalidades con influencias en la localidad y representantes de las clases sociales tradicionales ampliaba el grado de posibilidad de consenso que buscaba para implantarse a nivel local. En última instancia, los derechistas se hicieron con el poder, pero no por motivos ideológicos sino socioeconómicos. Se trataba de grupos que habían visto peligrar su situación de privilegio durante el periodo republicano y que ahora iban a estar agradecidos al régimen por devolverles a esta situación, pero sabiendo además, que ésta dependía de su adhesión y afección a la «Causa Nacional», en definitiva de su fidelidad al régimen, o sea, a Franco.
Notas
1 . SANZ ALBEROLA, Daniel. La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil (1939-1946). Universidad de Alicante, Alicante,1999, pág. 49 y ss.
2 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad de intereses. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert,. Alicante,1996,.pág. 31. Sobre el desarrollo del consensoen la dictadura de Franco ver SEVILLANO CALERO, Francisco. Propaganda y medios de comunicación en el Franquismo. Universidad de Alicante, 1998. Y, del mismo autor, Ecos de Papel. La opinión de los españoles en la época de Franco. Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
3 Las Comisiones Gestoras que dirigieron los ayuntamientos del régimen franquista entre 1939 y 1948 eran nombradas por el gobernador civil de cada provincia y su duración dependía exclusivamente de éste. Normalmente «El gobernador civil nombraba personas afectas a él,y éstas quedaban unidas a su persona no sólo porque le debían el cargo, sino porque podía cesarlas cuando quisiera. Por tanto, el elemento humano de los ayuntamientos estaba enteramente a su disposición». SANZ ALBEROLA, Daniel. La implantación…, pág. 113.
4 Archivo Municipal de Elda (A.M.E.), caja 241/43.
5 A.M.E. Libros de Plenos. Acta del 5 de julio de 1939.
6 Para una visión de las relaciones entre la Iglesia y el régimen franquista en la provincia deAlicante ver SECO MORENO, Mónica. La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y Vaticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante, 1939-1975. Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». Alicante, 1999.
7 Una visión de la organización del espacio público, como instrumento para someter a una parte de la sociedad y proyectar a otra en DELGADO RUIZ, Manuel. «Anticlericalismo, espacio y poder. La destrucción de los rituales católicos, 1931-1939», en Ayer n° 27, 1997, págs. 149-180.
8 A.M.E. Libros de Plenos. Acta del 15 de septiembre de 1939.
9 Idem. Acta del 15 de marzo de 1940.
10 Ver las distintas aportaciones en Alborada N°39, págs. 53-55. Ver también referencia al Acta de la reunión del Consejo Parroquial de Elda, por la que los empresarios zapateros se comprometían a pagar un impuesto especial para la reconstrucción del templo parroquial de Santa Ana, en VALERO ESCANDELL, J. R. y Otros. Elda, 1832-1980. Industria del calzado y transformación social.
11 A.M.E. Libros de Plenos. Acta del 14 de febrero de 1949.
12 CENARRO LAGUNAS, Ángela. Cruzados y camisasazu(es. Los orígenes del franquismo en Aragón,1936-1945, pág. 282.
13 La referencia al acto de bendición de las campanas en NAVARRO PASTOR, Alberto. Historia de Elda. Vol. III, pág. 30, Alicante, 1981.
14 A.M.E. Libros de Plenos. Acta de 24 de octubre de 1949.
15 Idem. Acta del 16 de enero de 1940
16 Archivo General de la Administración, Secretaría General del Movimiento, Delegación Nacional de Provincias. Caja 12, Carpeta 19. En adelante A.G.A. S.G.M D.N.P
17 Ver MORENO FONSERET, Roque. «Burguesía y nacionalsindicalismo. Control obrero, beneficio económico y poder político en la organización sindical alicantina (1939-1952). En Anales de la Universidad de Alicante. Historia contemporánea. N° 8-9, 1991-92.
18 Para el proceso restaurador en la provincia de Alicante ver MORENO FONSERET, Roque. «Economía y poder local en Alicante (1939-1948).La función restauradora del régimen». En Tusell, J. Y Otros (Edit.) El régimen de Franco (1936-1975). Vol. I, págs. 99-114. UNED, 1993.
19 A.M.E. Libros de Plenos. Acta del 26 de abril de 1939.
20 Archivo Histórico Provincial de Alicante. (A.H.P.A.) Sección Gobierno Civil. Expedientes personales.
21 A.M.E. Sig. 241/43 y 241/44
22 La comisión gestora intentó influir en este sentido y acordó en sesión del 30 de agosto de 1940 que «se solicite con motivo de las fiestas próximas el indulto de los vecinos e hijos de esta población que se hallaren condenados a muerte». A.M.E. Libros de Plenos.
23 Para la represión en Elda y en la provincia de Alicante ver SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El partido judicial de Monóvar. Universidad de Alicante, 1984. ORS MONTENEGRO, Miguel. La represión de guerra y posguerra en Alicante(1936-1945). Instituto de cultura JuanGil-Albert, 1995.
24 A.M.E. Libros de Plenos.
25 A.M.E. Libros de Plenos. Acta del 16 de enero de 1940.
26 Entendemos por coalición reaccionaria la conjunción de los grupos políticos de derecha y extrema derecha definidos por su carácter antirrepublicanoy antidemocrático, que colaboraron con el régimen franquista desde sus orígenes, uniéndose a los militares rebeldes para derrotar al gobierno republicano, y que juntos conformaron el partido único. Un análisis del concepto de coalición reaccionaria en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. «La coalición reaccionaria y la confrontación política dentro del régimen franquista». En Tusell, J. (Edit.), Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, UNED,1993, págs. 551-562.
27 SANZ ALBEROLA, Daniel. Op. Cit. Pág.85
28 Sobre la diversidad de origen de los grupos que conformaron el partido único y los conflictos que se produjeron en su interior como consecuencia de ésta, ver SÁNCHEZ RECIO, GLicerio. Los cuadros políticos…
29 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. Los cuadros pofíticos...,pág. 117
30 Así lo denunciaba la Jefatura Provincial de FET yde las JONS a la Secretaría General del Movimiento. A.G.A. S.G.M. D.N.P. Caja 13, carpeta 38.
31 A.M.E. Sig 241/43
32 Texto taquigráfico de la conferencia pronunciada por el Ilmo. Sr. Director General de Administración Local, en el Salón de Actos de la Exposición de la reconstrucción de España, el día 17 de julio de 1940. Biblioteca Nacional. VC/1221/52. El subrayado es nuestro.
33 A.H.P.A. Sección Gobierno CiviL. Expedientes personales.
34 A.M.E. Libros de Plenos. Ver las sesiones entre agosto de 1940 y enero de 1943.
35 Idem. Acta del 16 de agosto de 1940.
36 Idem. Acta del 13 de agosto de 1940.
37 Idem. Acta del 30 de agosto de 1940.
38 A.H.P.A. Sección Gobierno Civil. Expedientes personales.
39 SANZ ALBEROLA, Daniel. «Poder político y conflictividad en la posguerra alicantina». En prensa.
40 SANZ ALBEROLA, Daniel. La implantación…, pág. 104.
41 MORENO FONSERET, Roque. «Actividades financieras y relaciones políticas de los empresarios alicantinos (1939-1960)». En II Encuentro de Investigadores del Franquismo en Alicante. Vol. I, págs. 161-170.
42 Sobre esta cuestión ver Sanz Alberola, DanieL. La impfantación… especialmente págs. 48-79. Sobre la corrupción en el franquismo ver BARCIELA LÓPEZ, Carlos. «Franquismo y corrupción económica». En Historia Social, N° 30, 1998,págs. 83-96.
43 A partir de noviembre de 1948 y cada trienio se celebraron unas elecciones que renovaron por mitades los representantes del tercio familiar, sindical y corporativo. El cargo de alcalde y el tercio corporativo siguieron siendo nombrados directamente por el gobernador civil. Los otros dos tercios fueron elegidos por los sindicatos verticales y por los cabezas de familia, aunque eran el alcalde y el gobernador civil quienes decidían los resultados, de ahí que la manipulación de las elecciones estuviera encaminada a mantener en sus puestos a los concejales anteriores. Para las elecciones municipales durante el régimen franquista ver MORENO FONSERET, Roque. «La presencia de los grupos políticos en el régimen de Franco a través de las elecciones municipales de 1948». En Tusell, J y Otros, Estudios sobre…, págs 613-626.
44 Hay que entender apoyo social como «una relación dialéctica entre el régimen político y las instituciones y organizaciones sociales de manera que éstas solicitan de aquél determinadas funciones o servicios políticos cuya concesión produce o fortalece la adhesión o la confianza de amplios sectores sociales en el régimen político por lo que, en este proceso, el personal político local debía cumplir la doble función de gestionar los intereses políticos y administrativos del régimen y de ejercer la mediación entre el régimen franquista y los distintos colectivos y organizaciones sociales» SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. Los cuadros políticos…, pág. 9.
45 Elda no era en este sentido ninguna excepción, en las demás localidades industriales del Vinalopó encontramos copando los consistorios a los empresarios fabriles del calzado: ocho concejales en Elche, nueve en Crevillente, seis en Petrel y cuatro en Monóvar. MORENO FONSERET,Roque. La autarquía en Alicante (1939-1952). Escasez de productos y acumulación de beneficios. Pag. 91. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1994.
46 A.G.A. S.G.M D.N.P. Caja 201. A nivel estatal, la evolución del régimen de Franco coincidió con la lenta pérdida de poder del aparato falangista. Este proceso se aceleró a partir del cambio de rumbo de la II Guerra Mundial, que anunciaba la futura derrota de las potencias fascistas. Desde entonces el régimen de Franco se vio en la necesidad de cambiar su imagen y comenzó a soltar amarras de la retórica fascista, por lo que se produjo desde entonces un proceso de evolución y sustitución de los falangistas, mayoritarios en los primeros años, por políticos pertenecientes a otros grupos que podían actuar más fácilmente entre el franquismo y los regímenes democráticos occidentales.