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Conmemorando el aniversario de la II República, recuperamos uno de los trabajos de investigación que sobre el período se publicó en la extinta revista Petrer Mensual. Está basado en el estudio de las actas de pleno del ayuntamiento, que es el hilo conductor para conocer las vicisitudes del pueblo. Este fidedigno documento fue la base de tres artículos (publicados en los números 88 [2], 90 [3] y 91 [4] de Petrer Mensual) que anteceden y continúan los hechos de este artículo, centrado en la génesis de, en la época, una nueva (y para muchos esperanzadora) etapa, la II República.
“La II República: una democracia sana y real que debía dejar atrás los tiempos de la pantomima que supuso la Restauración y los ademanes autoritarios de toda dictadura. El 14 de abril de 1931 comenzaba esta etapa en Petrer y en el resto del país, no sin euforia y sin cambios denominativos: del “excelentísimo señor alcalde –presidente” se pasó ahora al “ciudadano alcalde y ciudadano concejal”. Las urnas hablaron y dijeron lo siguiente: el alcalde sería Santiago García Bernabéu, y los concejales Luis Amat Poveda, Nicolás Andreu Maestre, Luciano Pérez Maestre, Andrés Payá Poveda, Juan Millá Aracil, Gonzalo Beltrán Boyé, Pascual González Montesinos, Francisco Chico de Guzmán y López, José García Verdú, Tomás Tortosa Rodríguez e Isaías Villaplana Díaz.
Aquella elección del pueblo se reveló muy pronto problemática, designando a representantes que simplemente no podían trabajar juntos. Las piezas del puzzle no encajaban, ni siquiera limando sus aristas, pues las personas no abandonan odios y resentimientos tan fácilmente como los viejos protocolos. Los concejales Nicolás Andreu Maestre y Luciano Pérez Maestre fueron abucheados e insultados, ya en su primer día, por los miembros del ala más genuinamente republicana –ya fuera de manera cierta o autoproclamada- del consistorio –la mitad de sus miembros-, por considerarlos monárquicos (recordemos que Nicolás Andreu Maestre fue el último alcalde de la dictadura, aunque sólo tuviera tiempo de celebrar un pleno). Ellos presentaron su dimisión inmediatamente, pero no les fue admitida. Este será el inicio de un enfrentamiento que llegará a extremos bufonescos y del que daremos buena cuenta en el despiece.
No podemos sustraernos de este hecho, sin embargo, en este texto principal, porque claramente esa confrontación marcó el gobierno de la II República en Petrer. Fue un enfrentamiento de ideologías y de personalidades, de distintas formas de entender la convivencia que se fueron radicalizando al paso de los días, como ocurriría en el resto de territorios de la nación. Al poco tiempo, a mediados de 1932, y como presagiando la triste lucha cainita que vendría años más tarde, el ayuntamiento se encontró partido en dos, entre los más continuistas con los preceptos anteriores (que abandonaron durante meses el ejercicio de sus funciones) y los más rupturistas con la época pretérita. Desde la fecha señalada, superada esta primera fase turbulenta, y hasta marzo de 1934, donde dejaremos el relato, la corporación se reunía casi siempre en segunda convocatoria y las actas sólo eran firmadas por cuatro, cinco o seis concejales (recordemos que había 10). De esta forma se superaba, en parte, el desgobierno y la inacción que se había creado, así que referirnos a este ayuntamiento durante todo este período es acercarse a los esfuerzos gubernativos de los electos más reformistas.
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Contra los símbolos del viejo orden
Así, el ayuntamiento, bajo el mandato del alcalde don José García Verdú, en el puesto a resultas de la reñida votación en el pleno del 17 de julio de 1931 (con todos los concejales presentes) tras la dimisión del anterior alcalde, acometió a rajatabla las órdenes que llegaban de instancias superiores, con más o menos entusiasmo. Unos órdenes que trataban de cambiarlo todo. La denominación de las calles; como por ejemplo en el pleno de septiembre de 1931: “se acuerda cambiar la calle de San Vicente por la de Vicente Blasco Ibáñez, y también la calle San Antonio por la de Giordano Bruno”. Las costumbres, como en un pleno anterior del 15 de junio: “el señor Tortosa pide a la presidencia que se tomen las medidas necesarias para que los menores de edad no sean admitidos por los dueños de los cafés, bares, etc., en sus establecimientos, evitando con ello la propagación del vicio, tan frecuente en los jóvenes, y a más que sería una medida en bien general. El señor González se adhiere a lo expuesto por el señor Tortosa, manifestando a la vez que también se obligue a los dueños de los establecimientos a que por lo menos cierren a una hora prudencial y no molesten a altas horas de la noche a los vecinos de aquellas inmediaciones, que al día siguiente tienen que rendir cuenta en sus trabajos”. A los jóvenes se les reguló hasta su pasatiempo favorito, hoy mucho menos arraigado que entonces: “referente al juego de pelota, para poder jugar a este juego en las calles que se determinen, habrá que pedir autorización, comprometiéndose los jugadores a cuantos daños se originen en el juego y no pudiendo comenzar hasta las 4 de la tarde”.
Algunos de los pilares tradicionales de la sociedad, como la Iglesia o la Guardia Civil (tan unidos a toda dictadura, no siendo una excepción la que les precedía), no tardaron en tambalearse. En el pleno del 5 de agosto de 1931, uno de los más largos del último lustro, en la sección de ruegos y preguntas, se decide “que se investiguen por la presidencia si los somatenistas de la localidad han entregado sus armas y con nota de los individuos que forman este cuerpo.(…) Pide la palabra el señor alcalde y dice que se pida al gobierno de la República la destitución del cuerpo de la Guardia Civil, sustituyéndose ésta por el cuerpo de la Guardia Republicana, quedando aprobado”. Respecto a la Iglesia, se acuerda “anular la consignación que consta en el presupuesto para fiestas religiosas y subvenciones eclesiásticas, lo cual quedó aprobado” y también la “prohibición de que se celebren actos religiosos por las calles, que se aprueba con la salvedad del concejal Juan Millá Aracil, que objeta que siendo un régimen de libertad para todos el que se está instaurando, queda este tema para cuando el gobierno de la nación dicte las leyes especiales para este caso”.
Esta prohibición traería cola, y así, un mes más tarde el pleno da “lectura a un oficio del señor cura (don Luis Poveda Juan) de esta villa, dirigido a esta alcaldía, poniendo en conocimiento que nutridas comisiones de este pueblo habían acudido con el anhelo de que salga en procesión por las calles la patrona de la virgen del remedio el día 7 del próximo octubre como es costumbre”. Los concejales entran en el cuerpo a cuerpo dialéctico que les caracteriza, protagonizando Pascual González (en contra de la propuesta) y Andrés Payá (a favor de la propuesta) los mejores momentos: ”insisten en que se realice el acto los concejales Santiago García y Andrés Payá, oponiéndose a ello Pascual González, manifestando que recordara que hay un acuerdo suprimiendo todas las fiestas religiosas, por cuyo motivo le extrañaba la conducta de Andrés Payá, recordando que tiene un acta firmada donde se suprimen dichas fiestas, (…) constatando dicho señor Payá que dejase de recordar lo pasado, que él también tenía otra acta firmada que de recordársela no le vendría bien y en cambio se lo callaba. Dando lugar todo ello a que determinara el acta aludida, manifestando el señor Payá que dicha acta era que si no se marchaba el puesto de la Guardia Civil presentaría la dimisión el ayuntamiento en pleno”*.
* Al final, “por mayoría se acuerda no autorizar la celebración del acto religioso que se solicita por las calles, a excepción de los concejales Juan Millá Aracil, Santiago García y Andrés Payá Poveda que insisten en que se celebre, y se abstienen de votar los concejales Isaías Villaplana Díaz y Francisco Chico de Guzmán”. Al año siguiente, los vecinos fueron más astutos y solicitan del ayuntamiento la iniciativa de celebración de unos “festejos públicos de carácter cívico tradicionales” para el día 7 de octubre, y el ayuntamiento, no sin disensión, accede, pero haciendo notar que el presupuesto consignado para fiestas “es insignificante”.
En otros encuentros, el concejal Tortosa “propone que se estudien las actas de años anteriores para ver si consta en alguna de ellas la cesión del castillo y sus terrenos a favor de la Iglesia, y qué ayuntamiento actuaba en dicho acta” y que “se lleve escrito al Gobierno de la República en protesta de que no se saque objeto alguno de los conventos”. El enconamiento vuelve a adquirir dimensión social pocos meses después, cuando “se dio cuenta de otro escrito presentado por varios vecinos de esta localidad protestando de que el clero salga con la cruz alzada a la calle en los entierros, por creerlo una provocación al vecindario. (…) La presidencia manifiesta que el no lo ha puesto en vigor por no zaherir los sentimientos de ciertos vecinos de la localidad y solicita a los señores concejales asistentes que se estudie bien el plan a seguir sobre este asunto. El señor González dice que debe hacerse cumplir lo solicitado por los vecinos de esta localidad en este escrito y a las manifestaciones del señor González se adhieren los demás señores asistentes, acordando pues que se notifique al señor cura párroco de esto para la resolución aceptada”.
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El cura párroco perdió todos los pulsos que intentó; incluso pidió a la corporación que “se le abonara lo adeudado por la celebración de la misa de 11”, lo que se le niega, “con arreglo (…) del artículo 26 de la Constitución, en el que se dice: el estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones o instituciones religiosas”. Sin embargo, puede dar gracias, pues a la postre no llegó a acometerse una aplaudida idea que habría hecho desaparecer la ermita del Santísimo Cristo, ubicada encima del San Bonifacio. Ocurrió el 15 de junio de 1932, y la discusión es como sigue: “por la misma presidencia se detalla a los señores asistentes el gran peligro en que encuentra el vecindario de la cantera enclavada a espaldas de San Bonifacio y la necesidad de evitar desgracias que pudieran suceder de continuar en el mismo estado en que se encuentra dicha cantera. Discutido detenidamente este asunto, por el señor González se manifiesta que lo mejor sería hacer desaparecer el montículo que hace esta cantera, y a la vez se quitaría el peligro existente, ya que se encuentra dentro de la población, serviría para urbanizar y darle salida a la calle Jaime de Vera. Por la presidencia se expone que desde luego sería muy conveniente llevar a efecto lo manifestado por el señor González, pero había que tener en cuenta que encima de esta cantera existía enclavada una Ermita y que para ello habría necesidad de hacer desaparecerla también. El señor González dice que desde luego sabe la existencia de dicha Ermita, pero que ésta se encuentra enclavada en terreno que se cree del municipio y a más no le parece lógico que, porque un edificio viejo y en malas condiciones se interponga, se va a dejar de hacer desaparecer un peligro para un pueblo en general, y a más que podría explotarse por este municipio la referida cantera y ser un ingreso para el mismo. Los asistentes exponen que se vea si desde luego se puede acceder a lo manifestado por el señor González, ya que sería una buena obra que se llevaría a cabo tanto por la urbanización del pueblo como para hacer desaparecer un peligro”.
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Otro punto culminante –si algo puede compararse al hecho de hacer desaparecer la Ermita del Santísimo Cristo- en esta historia de cambio de roles fue la petición del señor Amat tres meses después, donde aboga a “que se eleve consulta para saber si la Iglesia pertenece al Estado, y de ser así que este ayuntamiento pueda administrarla”. Aunque no llegaron a tanto, poco después lograrían regular el uso de las campanas, que no podían repicarse “hasta las ocho de la mañana ni pasadas las ocho de la tarde”. Todavía podríamos anotar más hechos a esta retahíla, pero valga esta extensa muestra de la voluntad de cambio de nuestros gobernantes.
Revisionismo local
Es más, su afán revisionista también alcanzó al ayuntamiento anterior. Se crearon varias comisiones con tal fin y se trató de depurar responsabilidades. Una de ellas estuvo encargada de “revisar las cuentas de las escuelas graduadas de niños y niñas”, que poco después llamó “al contratista de obras de las escuelas nacionales para que presente una liquidación de las cantidades recibidas por dichas obras y de los gastos realizados por las mismas”. Otra se interesó por “conocer el estado del expediente de responsabilidades de anteriores ayuntamientos, cuyos documentos se entregaron al secretario de Hondón de las Nieves* y deben recogerse” (sin embargo, no tuvo mucha fortuna: “el señor presidente dice haber escrito varias veces a ese señor sin que se haya obtenido contestación y por ello se reitera de nuevo la demanda de petición de dichos documentos, en carta certificada y con acuse de recibo”).
Los concejales Pascual González y Luis Amat fueron los más activos en estos quehaceres. El primero propuso “una denuncia contra el exsecretario del ayuntamiento señor Caballero, por no haber realizado en su día trabajos de pura necesidad y no haber acudido a pesar de haberle pasado varios oficios y cartas particulares”.El segundo, “una moción referente a que se declare lesivo el acuerdo del ayuntamiento por el que se enajenaron las láminas propiedad del municipio” (en su día, costearon las escuelas nacionales). Al mismísimo Mestre de la Villa, José Poveda, tan apreciado por la corporación anterior, fue objeto de un expediente de obras.
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Licencias urbanísticas
Pocos fueron, no obstante, los frutos que dio tal labor. Curiosamente, la corporación, dedicada a aspectos menos simbólicos, llevó a cabo una importante tarea urbanística que complementaba y consolidaba las grandes obras que Petrer conoció durante la dictadura de Primo de Rivera. Por tanto, en estos años se autorizaron un amplio conjunto de pequeñas construcciones, que fueron llevando poco a poco al pueblo los avances de la modernidad. Entre licencias de obras (en las que casi nunca se consignaba aspectos como el número de metros, importando únicamente el aspecto y tamaño de la fachada) y licencias de reformas, destacaron sobre todo las licencias de grifos y barrones.
Así, la canalización del agua potable, una cuestión perentoria en nuestra localidad, se regulaba mediante la concesión de grifos, cuyos gastos de mantenimiento –y a veces de obra- recaían en los mismos vecinos. Veamos un ejemplo del 8 de julio de 1931: “seguidamente, el señor alcalde manifestó que los vecinos de la calle de Castillo y Arco de la Virgen solicitaron de esta alcaldía que se les coloque un grifo en la unión de las dos calles, abonando ellos los gastos que ocasionen el desagüe de dicho grifo”. Los barrones también fueron un tema estrella, y gran cantidad de calles recibieron esta mejora, que determinaba las aceras.
Las obras de mayor entidad eran, en muchos casos y al hilo de lo dicho, arreglos a lo ya existente: se amplió el lavadero, se rodearon las escuelas nacionales con una valla y se levantó el muro de la Avenida del Capitán Galán. La Diputación, por su parte, determinó, “referente al camino de Elda a Petrel, ensanchar el que existe actualmente, haciendo desaparecer las curvas que en el mismo existen”. La corporación, a este respecto, decidió que “no se autorice obra alguna de nueva edificación en este término municipal que interrumpa la recta con la calle de Salmerón de la ciudad de Elda” y que el camino “tenga 14 metros de ancho”. Lo cierto es que la íntima conexión de ambas ciudades no pasó desapercibida para nuestros gobernantes y trascribimos como botón una solicitud que fue aceptada y que permanece inalterable hasta nuestros días: “dada la importancia que cada día va adquiriendo la industria en esta localidad y la distancia que existe entre esta villa y la de Elda no llega a 500 metros, como también un 30 por ciento del movimiento que existe en la estación que se está construyendo en Elda pertenece a esta localidad, (…) se debe solicitar a la Dirección General de Ferrocarriles que la referida estación lleve el nombre Elda-Petrer”.
En marzo de 1934, desde la lejanía, es quizá poco bagaje para tres años de gobierno. Vistas las circunstancias, empero, y si para alguno de nuestros intelectuales más pesimistas podemos calificar de “maravilla” (entendido como asombro) el hecho de que estemos todavía aquí disponiendo ya hace años de armas para aniquilarnos, parecía un éxito. Descorazonador que eso tampoco fuera a durar. Los dos últimos años de República y la Guerra continuarán, en número venidero, este retrato de un conflicto en toda su extensión.
* Ignoramos por qué causas dicho expediente se hallaba en poder del secretario de Hondón de las Nieves, a pesar de nuestros esfuerzos. Queda en manos de otros investigadores
Irreconciliables
Si la política es el arte de vivir en convivencia, nuestros representantes durante la II República no estuvieron a la altura de tal lid. La democracia moderna no ha vuelto a conocer tales disputas, incluso el mismo gobernador civil y hasta el ministro tuvieron que venir a mediar en el asunto, a tratar de pacificar dos facciones a la gresca. Pero no fue suficiente.
Como hemos dicho, las causas formales de tal desatino se iniciaron con la elección popular de Nicolás Andreu Maestre y Luciano Montesinos. Considerados monárquicos por los concejales de ideología más abiertamente reformista, sufrieron mofa y escarnio de estos en su toma de posesión. Quisieron dimitir, pero se les denegó, pues sólo podía hacerse por causas tipificadas en la ley. Nicolás y Luciano pasan así lo que llamaremos un año en el limbo, sin saber si están dentro o fuera de la corporación. Por su parte, los concejales a los que hemos llamado reformistas no pararan hasta verlos fuera.
En la sesión de febrero y marzo de 1932 la intensidad de la agitación alcanza su apogeo. La sesión de pleno del 24 de febrero la preside Pedro Tormos, delegado del gobernador de la provincia, que se hallaba al corriente de lo que ocurría. Pero ya desde el principio las situación se tuerce…”Por el señor delegado se ordenó al secretario que se procediese dar lectura al acta de la sesión anterior y apenas iniciada se promovieron algunos incidentes ruidosos en el salón, que motivaron un barullo de protestas y aplausos llegando algunos grupos a la agresión mutua; con lo cual, visto el cariz que tomaba el acto, el señor delegado, después de dirigirles varias exhortaciones con el fin de serenar los espíritus y hacer prevalecer el derecho, no pudo lograr la pacificación y las obligaciones que tenían cada uno de los ciudadanos presentes (..). Creyó prudente en aquellos momentos suspender la sesión, a las nueve y media para reanudarla a las diez y media. Reanudada la sesión a la hora antedicha y dado lo avanzado de la misma bajo la presidencia del señor delegado, creyó éste prudente dirigir algunas palabras al auditorio interesando del mismo la corrección y cordura que se debe de observar en estos actos, reveladores ambos de la cultura de un pueblo como el de Petrel, que siempre le había merecido al señor delegado un concepto muy elevado, bajo el punto de vista de ser un pueblo altamente democrático y amante de las libertades públicas. Seguidamente por el señor delegado se dio posesión a los señores concejales elegidos por elección popular el 12 de abril de pasado año don Nicolás Andreu Maestre y don Luciano Pérez Maestre, los cuales quedan inmediatamente posesionados de sus cargos sin haber formulado protesta de ninguna clase”.
¿Pero acaso zanjó esto la polémica? La siguiente sesión, del 9 de marzo, contempla dichos actos: “al declarar abierta el señor alcalde la sesión y cuando el señor secereatrio se dispone a dar lectura al acta anterior, pide la palabra el concejal señor Pascual González para manifestar que los señores Nicolás Andreu y Luciano Pérez no deben estar allí, porque él ha tenido una conferencia a las cinco de la tarde con el excelentísimo señor subsecretario de gobernación y en ella le ha manifestado que dará órdenes para que los mencionados concejales no se les tenga en cuenta por ser admitida su dimisión. Dice que el abandona el salón si estos señores están allí”.
“El concejal señor Millá hace constar que como el señor delegado del gobernador civil les dio posesión, hasta que no se reciba una contraorden deben estar allí y por lo tanto se opone a que se marchen como solicita el señor González. Pide la palabra el concejal señor Amat para manifestar que él no acepta las órdenes del señor gobernador y que este no ha hecho más que cometer una arbitrariedad. El concejal señor García se manifiesta en el sentido de que se cumpla la orden del señor Gobernador y que se reanude la vida municipal que por estas cuestiones políticas se haya interrumpida más de un mes y que se dediquen de pleno a la administración del pueblo. Los señores Chico de Guzmán, Payá y Millá así como Villaplana dicen que no se pueden ni se deben de marchar por haberlo dispuesto el gobernador. El concejal señor González insiste en que no vengan a las sesiones, que ya llegará la orden de ello. El señor alcalde toma la palabra para manifestar que desea el bien del pueblo, y cree que no se deben de ir y que es mejor suspender la sesión. El señor González dice que él se retira si esos dos señores están allí, por ser estos dos extraños”.
Como quiera que el problema se eternizaba, a finales de ese mismo mes de marzo se lee en el pleno un informe donde el ministro aclara, sin meterse muy a fondo tampoco en tan enmarañado tema, que existe otra disposición que no unía la dimisión a determinadas situaciones legales, sino, digámoslo así, al libre albedrío, por lo que Nicolás y Luciano se hallan “decaídos en su derecho”. No volverían en los años de la República.
Pero eso fue la gota que colmó el vaso para los concejales Andrés Payá Poveda, Santiago García Bernabéu, Juan Millá Aracil, Isaías Villaplana Díaz y Francisco Chico de Guzmán, que poco tiempo después dejarían de asistir a los plenos y se negarían “a firmar las convocatorias (en el pleno del 7 de septiembre, ya meses sin ellos, la presidencia denuncia que habían llegado “hasta poner en algunas de estas convocatorias tonterías que no vienen al caso”), las que tienen que ser firmadas por testigos”. Sólo acudirían de nuevo, esporádicamente, para enfrentar resoluciones de la corporación bajo mínimos que habían dejado, empatando siempre a cinco esos acuerdos (que no obstante prosperaban por el voto de calidad del alcalde), entre reproches y descalificaciones entre los dos bandos.
Pasionales y con arrestos defendiendo sus ideas, todos estos hombres, sin embargo, no supieron encontrar el necesario término medio y lamentables son tantos altercados, entrando en ocasiones incluso en el terreno de lo personal.