Nota: Reportaje extraído de la Revista Festa 2006.

Bendito una y mil veces

el paisaje que encontraron mis ojos al abrirse

en la cuna amorosa de este valle.

Paco Mollá, de Alma y otros poemas.

Fotografías: Antonio García Villaplana.

Los inicios

En 1996, la Comisión de Medio Ambiente de Gran Bretaña advertía de la destrucción de los espacios y de los paisajes naturales que la masiva industrialización eólica llevaba consigo. Eran «los bosques eólicos», un nuevo y monográfico paisaje que surgía en el medio rural inglés. Al respecto, el Dr. Jhon Hedger, del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Gales, ha escrito: «La energía eólica no es tan limpia como sus partidarios querían hacernos creer. Se trata de una instalación industrial y como tal degrada el entorno donde se construye. El resultado es la pérdida del hábitat para la vida salvaje. Los supuestos beneficios ambientales de la energía eólica sólo llegarán con el uso intensivo de las turbinas. Un problema medioambiental será sustituido por otro».

Durante años, en Gran Bretaña el desarrollo y las consecuencias del vertiginoso desarrollo de la energía eólica fue estudiándose y valorándose, como también lo fue en Alemania. Es en la ciudad alemana de Darsmdt donde, en 1999, se firmó el «Manifiesto Darmsdt» en el que un centenar de expertos científicos denunciaba los impactos y las consecuencias de la destrucción de los espacios naturales y los paisajes provocados por la industrialización eólica. En el año 2000, la prestigiosa revista inglesa Country Guardian presentó un amplio y completo informe titulado «El caso contra los Parques Eólicos». Y a las conclusiones que llegaron los expertos después de años de estudio y de polémica abierta fue que el sacrificio de sus espacios naturales y de sus paisajes rurales era un sacrificio inútil, demostrando con datos y argumentos científicos que la producción de una energía intermitente e impredecible como es la del viento no podría suministrar mas del 10% sin causar graves problemas al sistema de la red eléctrica.

El aterrizaje de la industria eólica en la Comunidad Valenciana

El objetivo final de la política de medio ambiente es la protección de la salud del hombre, la conservación en cantidad y calidad de todos los recursos que condicionan la vida: el aire, el agua, el suelo, el clima, las especies de flora y fauna, las materias primas, el hábitat y el patrimonio naturai y cultural. En las políticas medio ambientales ocupa un lugar fundamental el principio de prevención, principio incorporado al Derecho, a través del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986 de 28 de junio e incorporado a la normativa autonómica a través se la Ley de la Generalitad Valenciana 2/ 1989 de 3 de marzo. En julio de 2001 se firma el Plan Eólico Valenciano, en el que el gobierno y los grupos políticos apuestan por el fomento ordenado de esta energía, y es en este contexto donde la boyante industria del viento aterriza por estas tierras de la mano de las grandes empresas de la construcción y de la banca. En la medida en que el plan comienza a desarrollarse y se conocen los emplazamientos proyectados para construir las centrales eólicas en las montañas valencianas, el rechazo empieza a surgir en algunas zonas afectadas como Onil y Castalia, donde el trabajo del colectivo Natura i Gent se inicia recopilando y contrastando información sobre este proyecto e informando a los ciudadanos del desastre que se avecinaba. En el plan eòlico, la Comunidad Valenciana se reparte en zonas de supuesta rentabilidad eòlica y Petrer, junto a los municipios de Sax, Biar, Castalla, Onil y Banyeres de Mariola son incluidos en la última, la ZONA 15. Esta división del territorio forma «la fatídica lista de los 146 municipios afectados por el plan», como muy bien expresó el doctor en Geografía Paco Tortosa en su articulo «Energía eòlica, plan eòlico valenciano y paisaje» (El País, 22 de marzo de 2004). Porque, cuestiones subjetivas aparte, un parque eòlico es una instalación industrial de grandes proporciones, y una turbina -un molino- una máquina grande y ruidosa de la altura de un bloque de 30 pisos. En aquel escrito, además, su autor invitaba a una seria reflexión de todos los valencianos sobre las consecuencias de la industrialización masiva de las montañas valencianas, porque en la fatídica lista de los municipios afectados se encuentran muchos: «Los más maravillosos paisajes valencianos, algunas de las mejores muestras de vegetación autóctona, las más singulares villas medievales, los yacimientos más emblemáticos, cuevas, árboles monumentales, cultivos milenarios, ramblas imposibles, masías y aldeas». La destrucción que se avecinaba debía ser conocida y valorada por los habitantes de los municipios afectados y por la sociedad valenciana.

El trabajo iniciado con Natura i Gent empieza a ampliarse y se forma la Coordinadora de Asociaciones por la Defensa de la Naturaleza, que agrupa a los seis municipios afectados por la Zona 15. Fernando Moles, presidente de la Coordinadora, hace público en el diario Información el 6 de abril de 2004 el manifiesto «Plan Eólico: así se anula la voz del pueblo», donde se recuerda que «quienes nos gobiernan con los votos de la ciudadanía están obligados desde el Estatuto, la Carta de Aalborg o la Constitución Española a recoger y respetar la opinión popular, así como a velar por los intereses patrimoniales. Sí no es así, se estará anulando la voz del pueblo y eso como ya sabemos se paga en el futuro y se paga bien caro». Paralelamente, el Gobierno valenciano anunciaba una Ley del Paisaje para proteger nuestras montañas, ya que el paisaje es percibido como un bien a proteger, incluido en las leyes ambientales junto a la fauna, la flora y las formaciones geológicas.

Estudio de impacto en la zona 15

El punto de rechazo total surge con la exposición pública del Estudio de Impacto Ambiental que la empresa presenta en marzo de 2004. Un estudio de impacto ambiental debe identificar, describir y valorar de una manera apropiada y en función de las particularidades, los efectos notables previsibles que la realización de un proyecto producirá sobre distintos aspectos ambientales. Se detallará la metodología y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o valoración de los diferentes espacios ambientales, así como la fundamentación científica de esa evaluación. Deben indicarse también los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación y repulsa social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos medio ambientales. Estos principios básicos, recogidos en la Ley de Impacto Ambiental que deben regir cualquier proyecto, máxime cuando pueden verse afectados elementos ambientales valiosos, no fueron tenidos en cuenta por la empresa promotora de la Zona 15. El estudio presentado por el consorcio eólico Guadalaviar, formado al 50% por las empresas Acciona y Elecnor, carece de los estudios y los registros de viento que justifiquen la rentabilidad eólica del proyecto. Se falsean los datos sobre la economía de la zona y sobre la aceptación social del proyecto, ajustándolo sólo a sus intereses económicos. Los estudios sobre la flora y la fauna están plagados de errores, y se desprecia con premeditación y alevosía el valioso patrimonio natural y cultural de las montañas. No hay presupuesto económico para corregir todos los irrecuperables e irreversibles impactos que proyectan, y tampoco aparece el millonario presupuesto para el desmantelamiento de los aerogeneradores cuando finalice su vida útil, fijada en 20 años. De este modo, una empresa que se publicita como pionera en sostenibilidad demuestra públicamente con este estudio que sólo persigue obtener el máximo beneficio gracias a las millonarias subvenciones del kilovatio eólico.

Contra este estudio de impacto recurrió la ciudadanía de los municipios afectados (asociaciones y grupos ecólogistas, culturales, deportivos y cívicos, unidos en la Coordinadora de Asociaciones por la Defensa de la Naturaleza y todos los Ayuntamientos, incluida la ciudad de Elda, que mostró su solidaridad. En Petrer, el Pleno Municipal histórico del 28 de abril de 2004 lo rechazó por unanimidad. En la plaza, entre música y juegos, se recogían firmas para las alegaciones y fueron muchos los ciudadanos que apoyaron con entusiasmo. Con este aplastante rechazo, se muestra el firme deseo de los municipios de preservar y mantener espacios y paisajes naturales como una acción de desarrollo sensato.Y por otro lado, se demostró que la participación ciudadana en las cuestiones ambientales, es la protección de su patrimonio natural, era muy alta y debía tenerse en cuenta.