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La semana pasada, el concejal de Hacienda, Ramón Poveda, se enorgullecía de la congelación de las tasas municipales para 2019, subrayando que “una de las apuestas más importantes en esta línea de trabajo ha sido la reducción de un 90% aproximadamente de la tasa de apertura de establecimientos, lo que ha supuesto que algunos establecimientos hayan pasado de tener que pagar 1.072 a 100 euros”. Un buen dato, sin duda y que paradójicamente contrasta con lo que ha sido una de las aperturas de negocio más complicadas y rocambolescas que se recuerdan en la ciudad: la del nuevo Burger King, y que hoy mismo, de hecho, se encuentra clausurado.
El nuevo local de la popular hambuguesería Burger King, sito en la avenida del Mediterráneo, parecía una apuesta ganadora cuando se inauguró el pasado mes de agosto. Suponía el segundo establecimiento de la cadena en la ciudad, y además este contando con la posibilidad de adquirir la comida sin bajar del vehículo. Pero las cosas empezaron pronto a torcerse: el local sufrió un robo días después de abrir, y que requirió la presencia e investigación de la policía. Fue un domingo de madrugada y con las instalaciones desiertas, y al parecer los ladrones trataron de forzar la caja fuerte.
En apenas dos meses, y a instancias de los técnicos municipales, el local también ha replanteado el itinerario y recorrido de los vehículos, al evidenciarse la formación de colas en su acceso en una ya muy transitada Avenida del Mediterráneo. No obstante, el verdadero problema era, y es, la licencia de apertura del establecimiento. Según confirman desde la concejalía de Urbanismo, al local le faltaba documentación necesaria e imprescindible desde agosto, y no dispone todavía de licencia de ocupación, necesaria para su actividad comercial. Así, y en cumplimiento de un decreto de Alcaldía, la Policía Local clausuraba el local el pasado miércoles 24 de noviembre, una acción pocas veces vista en el municipio.
“Han tenido mucho tiempo desde agosto para regularizar su situación. Pero al final hemos tenido que ordenar el cierre porque la responsabilidad es del Ayuntamiento y las normas están para cumplirlas», declaraba un día después, jueves 25 de noviembre, el concejal Fernando Portillo al diario Información, que recogía el cierre en sus páginas. La pieza del periódico provincial añadía: “Portillo espera que, a lo largo del viernes, la hamburguesería pueda retomar su actividad con normalidad una vez que haya aportado la documentación que falta”.
Y así fue. Ya sin precinto policial, el viernes estaba abierto al público, según recoge el parte policial del sábado: datado a las 21:30 horas, ”la patrulla comprueba que el establecimiento Burger King de la Avda. del Mediterráneo se encuentra abierto al público y en pleno funcionamiento con clientes consumiendo, y se adjuntan fotografías al respecto a los efectos oportunos”. ¿Tenía entonces la licencia ya? Eso parecería, sería lo lógico, pero, según nos relatan desde sindicatos policiales (SEP-CV, SPPLB y SIPOL), ayer mismo, martes 30 de octubre, un policía local por la zona quiso cerciorarse de que así era. “Casi por casualidad, y acordándose de que se clausuró hacía unos días, se acercó a requerirles la licencia. Cuál fue su sorpresa cuando vio que no disponían de ella”, explican desde las plataformas sindicales.
Desalojo y nuevo cierre
Así, inmediatamente después, y tras proceder al desalojo de todos los clientes y trabajadores que en aquel momento se encontraban dentro del local (bastantes al ser mediodía, según relatan testigos a este medio), la Policía Local de Petrer procedió de nuevo a precintar el restaurante. El establecimiento había estado, pues, operando a plena capacidad cinco días (viernes, sábado, domingo, lunes y martes) con constancia policial y de la concejalía, pese a haber sido precintado y no contar con la autorización pertinente.
Los sindicatos tienen claro, tal y como han manifestado en nota de prensa, “que el sr. Portillo ahora tratará de responsabilizar a los agentes municipales diciendo que debían haber actuado antes, cuando la realidad es que los policías no tenían forma de comprobar si el citado establecimiento había subsanado las deficiencias que habían provocado su cierre. Todo ello debido a que el área de urbanismo se encontraba cerrada desde el viernes y no se dio ninguna instrucción al respecto”.
Así las cosas, los referidos sindicatos indican que resulta “incomprensible o cuanto menos sospechoso, aun suponiendo que no hubiese podido leer el parte policial durante el fin de semana, que al verlo ayer lunes no diese ni una sola directriz al respecto”. Igualmente lamentan que esta situación “afecte directamente a las 32 familias de los trabajadores” del referido establecimiento de comida rápida y se preguntan si el concejal no podía “haber hecho algo más o implicarse como corresponde” para no haber llegado a esta situación.
Desde fuentes de la concejalía de Urbanismo, se señala, por el contrario, que el decreto de Alcaldía era de cese de actividad, y que no es el concejal en persona el que debe velar por su cumplimiento, sino los mandos policiales. Así, si el viernes lo vieron abierto, desde la Policía Local debieron requerirle la documentación al momento tal y como hicieron el martes.
¿Habrá sanción a la empresa?
La denuncia pública del caso que los sindicatos policiales, muy activos en sus reivindicaciones y enfrentados en los últimos tiempos al concejal del área, Fernando Portillo, están dando al caso una publicidad en la prensa muy negativa para la imagen de la empresa, que ve trascender mediáticamente sus problemas. Recordemos que ya nació envuelta en una cierta polémica política, pues la empresa valoró antes de instalarse en Petrer hacerlo en la vecina Elda, hecho que llevó al portavoz eldense de Ciudadanos a criticar “las trabas impuestas por los servicios técnicos y la pasividad del equipo de gobierno”.
Unos problemas que finalmente se han reproducido en Petrer, y que a día de hoy dejan dos incógnitas: si habrá o no sanción administrativa para la empresa por ignorar la resolución de Alcaldía y el primer precinto policial y cuándo volverá a abrir el negocio, sometido a pérdidas diarias de miles de euros mientras se prolonga esta situación.