[1]
La presente carta, sirva para, pedir a las Administraciones Públicas en general que se tomen medidas efectivas para la solución de los problemas conocidos por la denominación genérica Contaminación Acústica.
Entiendo que las Administraciones tienen responsabilidades en esta cuestión, ya sea por la obligación directa de velar por la salud, la calidad de vida, el ocio y la cultura de los ciudadanos, o bien por su posibilidad de obtener los medios humanos y materiales para actuar eficazmente. Entiendo también, por el hecho de recoger un amplio abanico de quejas, que, con el debido respeto y haciendo expresamente las salvedades que correspondan, no están haciendo frente a sus responsabilidades. Y entiendo, finalmente, que cada una de las Administraciones, y sobra decir que con mayor motivo todas juntas, tienen medios y capacidad de sobra para definir y analizar el problema del ruido en todos sus aspectos, y llevar a cabo las actuaciones correspondientes. De hecho, los análisis ya están hechos y publicados, paradójicamente la mayor parte de ellos por las instituciones de las que forman parte. Tampoco faltan normas aplicables, QUE NO SE APLICAN, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española, la Ley de Defensa del Medio Ambiente, los Códigos Civil y Penal, las leyes sobre Tráfico y Circulación, y las Ordenanzas Municipales.
No es, por tanto, análisis ni normas lo que realmente se encuentra a faltar, sino acciones eficaces. Los ciudadanos afectados, no pueden detenerse aquí, en primer lugar porque la democracia es sinónimo de participación ciudadana, y el papel de los ciudadanos no se puede limitar al de simples peticionarios ante los poderes públicos, ni aún en el caso de que lo que se pida sea, como en este caso, de estricta justicia.
Quiero compartir diversas consideraciones, expuestas algunas en el documento adjunto, que divido en tres partes:
El problema en sí
La reacción de las autoridades
La actitud de los ciudadanos
El problema en sí
• Es una agresión física directa e insidiosa que no sólo atenta de forma genérica contra el derecho de los ciudadanos a un ambiente saludable sino que, específicamente, dificulta e incluso impide el descanso y el sueño, causa lesiones auditivas y situaciones de estrés con efectos importantes.
• Es una agresión gratuita, es decir, no proporciona al agresor ningún beneficio en la mayor parte de los casos o, como en el caso de las motos, la agresión es el resultado directo del incumplimiento del Código de Circulación y otras normas.
• Es una intromisión en el domicilio del agredido, a quien se le impide la realización pacífica de actividades normales, como conversar, leer, concentrarse en el trabajo o descansar.
• Afecta a la mayor parte de los ciudadanos y, por tanto, se trata de un problema de orden público.
• Tiene un efecto negativo importante en el desarrollo económico y social, ya que hace progresivamente inhabitable la ciudad y estimula, por tanto, el abandono de la misma para buscar, muchas veces sin éxito, lugares más tranquilos dónde vivir. También impide el crecimiento de un turismo de estancia mucho más rentable y menos degradante para el medio ambiente urbano y para nuestro patrimonio.
• Es creciente en el tiempo.
[2]
La inacción de las autoridades
Así pues, resulta no sólo intolerable sino también sorprendente que las autoridades no tomen medidas efectivas y, en muchos casos, sean incluso los causantes directos o potenciales del ruido.
En primer lugar, es necesario poner de relieve su falta de interés por resolver este problema, dejando que el ciudadano que expresa sus quejas de manera cívica se canse y opte por la solución individual. También hay que destacar la trivialización que, en general, se hace del tema, considerando que “no hay para tanto” o que se trata de “simples molestias”, así como la interpretación errónea de la tolerancia, que esconde el miedo a tomar medidas represivas que puedan resultar impopulares en un sector minoritario de la población.
Una forma sutil de minimizar la problemática consiste en clasificarla como responsabilidad de una especialidad a la que se otorga verbalmente una gran relevancia sin que ésta se traduzca en actuaciones prácticas y eficaces, como por ejemplo “este es un tema de Medio Ambiente”. Y no es un tema sólo de Medio Ambiente, ni de cualquier otra especialidad regulada con más o menos precisión con normas de tipo técnico, es un tema de orden público y de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
[3]
Algunos Políticos han declarado su pesar por no contar con los medios materiales y humanos necesarios, cuando en realidad, debido a la trivialización que se hace del tema, lo que ocurre es que se establecen prioridades de forma que los recursos asignados resultan claramente insuficientes.
Por otra parte, parece que el problema se percibe como imposible de resolver, por encuadrarse dentro de otros mayores y de difícil solución, como el crecimiento del tránsito, la falta de educación cívica, la justificación a cualquier precio del crecimiento del empleo, precario en muchos casos, o el crecimiento de la economía en el sector servicios. La experiencia nos enseña que para resolver un problema conviene proceder en el sentido contrario, es decir, dividirlo en fracciones abordables, concentrarse en una de ellas, resolverla y proceder así de manera sucesiva con el resto. Constato con tristeza y estupor que el hecho fundamental es que ustedes NO VEN EL PROBLEMA.
La misma percepción de imposibilidad de resolución se ha apoyado en ocasiones en el hecho de que el problema afecta a muchas otras ciudades a nivel mundial. Si damos por hecho que esto pasa en todo el mundo, parece que justificamos suficientemente nuestra inacción. Pero el refranero popular nos da ya la primera pista sobre la calificación de esta actitud: “mal de muchos, consuelo de tontos”. Además, resulta tendencioso afirmar que esto pasa en todo el mundo, y totalmente erróneo argumentar que es una desgraciada consecuencia del progreso, ya que DONDE MENOS PASA ES DONDE HAY MAS PROGRESO.
La actitud de los ciudadanos
Ante esta situación, el ciudadano puede, en principio, optar por algunas de las siguientes alternativas:
1. Aguantarse, dejando que sus derechos sean conculcados, y sufriendo con mayor o menor resignación las consecuencias.
2. Huir del problema, ya sea blindando su vivienda con dobles o triples cristales o trasladando su residencia a cualquier otro lugar donde, de momento, el problema no exista. Esta alternativa, además de ser prácticamente inviable por no existir ni tal lugar ni tales medidas de blindaje, no es económicamente asequible para muchos de los afectados.
3. Dirigirse por las vías formales existentes a una o varias autoridades responsables con la esperanza, probablemente vana, de que alguien haga algo.
4. Intentar en la medida de sus posibilidades reforzar el clima existente en la opinión pública, para ejercer presión sobre los responsables.
Es evidente que, si se mantiene la pasividad actual en estos y otros temas que afectan a la vida cotidiana del ciudadano, se generará una desconfianza cada vez mayor hacia nuestros representantes políticos, desconfianza de la que ya hay indicios peligrosos.
[4]