UGT Comunidad Valenciana hace balance: “Una legislatura al borde de la ley”

El objetivo de la legislatura 2012-2015 ha sido hacer desaparecer “lo público”, con reformas recortes, externalizaciones y privatizaciones, que han socavado los pilares del bienestar social (Sanidad, educación, servicios sociales y empleo público).

Financiación y fiscalidad

Desde la FSP-UGT-PV denunciamos el nefasto balance que arroja la política fiscal de la Generalitat en esta legislatura y las anteriores.  Denunciamos que esta gestión fiscal deliberadamente regresiva está en el origen del déficit público y de la escandalosa deuda pública (la más alta de España) que están conduciendo a los actuales recortes presupuestarios y al desmantelamiento de los servicios públicos.

Sanidad

Regresión presupuestaria y, simultáneamente, una política de externalización de servicios y privatización de la provisión de la asistencia sanitaria. Asimismo, denunciamos la clara connivencia de la Generalitat con los operadores privados con el fín de garantizar sus beneficios como prioridad absoluta, en detrimento de la hacienda pública valenciana y de la salud de la ciudadanía.

Educación

Recortes presupuestarios junto, las externalización, privatización, los conciertos con colegios privados y el despido de muchos profesores interinos  han creado el caldo de cultivo para tener los resultados académicos que se están obteniendo. Y todo ello, pese a las repetidas denuncias de los profesionales de la educación, sus organizaciones sindicales y la propia Sindicatura de Comptes. Cayendo la inversión en más de un 6,5 %.

Servicios sociales

FSP-UGT-PV denuncia que durante la legislatura 2012-2015 ha continuado el desmantelamiento perfectamente planificado del sistema público de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, especialmente en lo referente a la aplicación de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mediante una doble estrategia de falta de financiación presupuestaria del sistema y, simultáneamente, una política de externalización y privatización de la provisión de la asistencia a la Dependencia.

Por otra parte desde la  FSP-UGT-PV denunciamos la estrategia más que reprobable de la Generalitat en la aplicación de la ley de dependencia, que en muy pocos casos se reconoce a algún beneficiario el derecho a recibir prestaciones de la dependencia, además de producirse un gran retraso en la tramitación desde los expedientes desde la solicitud hasta que se le reconoce formalmente el derecho.

Asimismo, denunciamos la clarísima connivencia de la Generalitat con los operadores privados, especialmente en el sector de las Residencias y Centros de Día, con el fin de garantizar sus beneficios como prioridad absoluta, en detrimento de la propia hacienda pública valenciana y de la atención a los dependientes.

Al respecto, no podemos dejar de denunciar el escándalo protagonizado por la existencia de nuevos Centros Públicos de Atención Integral, construidos pero cerrados por la eterna espera de presupuesto para su equipamiento y dotación de plantilla…mientras se siguen concediendo contratos de externalización de servicios a los operadores privados.

Los trabajadores públicos 

La Generalitat Valenciana ha utilizado la vía más cómoda e injusta para la reducción del gasto y ha descargado directamente sobre los empleados públicos el peso de los recortes, disminuyendo en un 4,6% el gasto de personal.

El empleo público en la Comunidad Valenciana, durante la legislatura 2012-2015, ha disminuido en casi 16.000 efectivos, un 7,15% del total de la plantilla de principios del año 2012. En el caso del personal sanitario y educación la reducción alcanza casi el 33%

Un continuo ataque a los empleados públicos, con continuas modificaciones de sus condiciones, que suponen las más agresivas y lesivas reformas en el periodo democrático. Configurando unas relaciones basadas en la decisión unilateral de la administración (empresa), en detrimento del dialogo social y la negociación colectiva.

Una legislatura al borde de la ley: las denuncias de la sindicatura de Greuges

 El promedio de expedientes admitidos a trámite anualmente durante la anterior legislatura 2008-2011 fue de 7.244. En los dos primeros años de la legislatura 2012-2015, el promedio anual ha sido de 16.859, con un incremento de 134%. La inmensa mayor parte de estos expedientes han estado relacionados con deficiencias en la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

La judicalización de la política de la Generalitat

 Desde la FSP-UGT-PV denunciamos la cultura de soberbia y prepotencia con que el Consell de la Generalitat ha cubierto toda su actividad,  originando una cascada de acciones judiciales, recursos y denuncias que, en muchas ocasiones, han sido reconocidos por los Tribunales y acabado en sentencias condenatorias.

Aprobación de multitud de iniciativas legislativas que han completado el marco económico, han servido para desmantelar las garantías normativas que regulaban los servicios públicos esenciales, reduciendo los derechos de la ciudadanía.

Estas reflexiones anteriormente descritas junto con un marco económico y presupuestario nos indican que la prioridad del Generalitat  es reducir a la mínima expresión (cobertura, extensión y calidad) los servicios públicos esenciales, lo que ha supuesto el mayor recorte de los servicios públicos en el periodo democrático.

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