Maldita ley hipotecaria

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que tenemos las personas y se encuentra recogido en el artículo 47 de la constitución española, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Como consecuencia de la situación de crisis económica y el aumento del paro, muchas familias han alcanzado una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades mas básicas, como mantener una vivienda, y acaban siendo víctimas de las ejecuciones hipotecarias. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán realizado cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones para 2012 estiman la cifra en 500.000. A parte de la pérdida de la casa, muchas personas también ven como las entidades bancarias los demandan, iniciándose así el proceso de ejecución hipotecaria hasta la subasta del inmueble. Si esta queda desierta –lo cual sucede en el 90% de los casos-, la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando a los ya antiguos propietarios el pago de la deuda restante, además de los intereses y las costas judiciales, a través del embargo de nóminas, cuentas, etc., así como el embargo a los avalistas. A parte de perder el hogar, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que los empuja a la exclusión social y a la economía sumergida.
Desde nuestro punto de vista, la legislación española que permite que las entidades financieras se adjudiquen viviendas por el 50% del valor de la tasación, no solamente es injusta, sinó que esto no sucede en legislaciones de otros paises. En un estado social y democrático de derecho, es inadmisible que todas las consecuencias de la crisis deban recaer sobre la parte mas vulnerable del contrato hipotecario, mientras que las entidades financieras, en gran medida responsables de la crisis, reciben ayudas millonarias de dinero público sin asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que continuan generando importantes beneficios anuales. A pesar de tratarse de una normativa de competencia estatal, las dramáticas consecuencias se reflejan en el ámbito municipal, ya que es en los ayuntamientos donde se acercan las personas afectadas en busca de ayuda. La administración local resulta doblemente perjudicada: por un lado se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas y, por otro, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias empobrecidas en un contexto de plena crisis, cuando los recursos son todavía mas escasos en los consistorios. No obstante, debería ser voluntad de cualquier ayuntamiento emprender todas aquellas acciones dirigidas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y evitar las graves consecuencias sociales debido a las ejecuciones hipotecarias.
Por todo ello, desde el BLOC-Compromís per Petrer pensamos que nuestro ayuntamiento debe solicitar al gobierno del Estado Español que inicie los trámites necesarios para modificar la regulación hipotecaria con el fin de incorporar la figura de la dación en pago, de manera que en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, mas intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal como sucede en otros paises de la Unión Europea y en Estados Unidos. También se debe instar al gobierno del estado la aplicación de medidas para paralizar los desalojos en los casos de personas en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, mientras se tramita la modificación de la regulación hipotecaria.Y por último, se deben estudiar posibles medidas a nivel municipal que eviten el desalojo por motivos económicos y en los casos que no sea posible, velar por un realojo digno de las familias afectadas.

One thought on “Maldita ley hipotecaria”

  1. Si els milions que l’estat li ha deixat als bancs per superar la crisi se’ls haguera deixat a les famílies necessitades, estes famílies hagueren pagat als bancs i tindrien les seues vivendes. Mantindrien un deubte amb l’estat, segurament amb un interés menor i els bancs tindrien els diners.
    Amb l’opció elegida pel govern o dictada per Botin, els bancs tenen els diners, els bancs tenen les vivendes a mitat de preu i les famílies no tenen vivenda, però mantenen el deubte amb els bancs. El govern no té diners, no té vivendes, ni té les simpaties de les famílies. Potser no té ni el recolzament de la banca. De fet ja no té ni el govern.
    I la cosa pot empijorar. Les enquestes ja ho diuen…que vé Rajoy!!

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