Ley de dependencia, lista de espera y dejadez del gobierno municipal

El pasado 25 de julio, a través de la comisión de trabajo de Bienestar Social, la coordinadora de Servicios Sociales informó de que existía una lista de espera en el municipio de más de 100 personas demandantes de los servicios y prestaciones de dependencia, debido a que este departamento había tenido que asumir las “grabaciones” de las solicitudes, que hasta ahora eran competencia de la Consellería. En esa misma comisión la coordinadora trasladó la propuesta de contratación de urgencia y de manera temporal de una persona trabajadora social, especialista en “valoraciones de dependencia” para poder dar salida a tantas demandas acumuladas.
También advirtió que el departamento de personal en estos momentos se encontraba desbordado por el proceso de contratación de los planes de empleo joven (EMPUJU y ENCUJU),  y que por tanto, la contratación de un trabajador o trabajadora social habilitado para realizar valoraciones de dependencia iba a tener que esperar hasta finales del septiembre.
Al día siguiente  26 de julio, los grupos de la oposición  nos reunimos con la alcaldesa para pedirle que se destinara personal de otras concejalías al departamento de personal y así agilizar el proceso de contratación para poder facilitar los dos proyectos: el de dependencia y el de empleo joven.
Ha pasado más de un mes desde que hicimos la propuesta a la alcaldesa, y podemos constatar que la situación se ha agravado aún más, aumentando del número de solicitudes de la Ley de Dependencia a 127,  haciendo muy dura la vida de estas personas dependientes y sus familias.
Pensamos que el equipo de gobierno no ha hecho todo lo necesario para solucionar el atasco que existe en Servicios Sociales. Ha faltado coordinación,  puesto que si en los planes de empleo se ha contratado a dos trabajadores sociales, se tendría que haber tenido en cuenta que estuvieran habilitados en valoraciones, para acabar con la lista de espera. Para nuestra formación política que más de 100 familias tengan que padecer una espera incierta, para acceder a un derecho constitucional, es una emergencia social.
Carmen Herrero Pardo, concejala de Sí-Podem Petrer.

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