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La necesidad de racionalizar el gasto farmacéutico y limitar el déficit presupuestario que arrastraba nuestro país a la quiebra ha obligado en los últimos meses a que desde el gobierno de Mariano Rajoy se haya tenido que adoptar algunas medidas impopulares pero absolutamente necesarias. De ellas, una de las que más ha sido utilizada por la oposición en su campaña de desgaste ha sido el copago farmacéutico, tanto el extra-hospitalario (es decir, el de las oficinas de farmacia), como el hospitalario anunciado pero todavía no aplicado y cuya aplicación se ha rechazado por el conseller de Sanitat en nuestra Comunitat.
Respecto al pago realizado por pensionistas y parados en las farmacias, se llegaron a decir barbaridades, pero la realidad se ha impuesto y se ha demostrado que sin resultar lesivo para las economías familiares, ha conllevado un importante ahorro, ya que ahora solo se piden y recetan los medicamentos que realmente se necesitan. Eso ha hecho que desde julio de 2012 que se instauró se hayan ahorrado 2.600 millones de euros. El coste para el usuario es realmente bajo ya que los receptores de pensiones no contributivas siguen sin pagar, y el resto, que antes no pagaba, ahora según sus rentas paga un máximo de 8 o 18 euros (salvo las rentas de más de cien mil euros que pagan un máximo de 60). De los parados solo pagan los que perciben contribución y lo hacen de forma similar a los trabajadores en activo, pagando hasta un 50% del coste del medicamento, en cambio los parados de larga duración o sin prestación que antes pagaban el 40%, ahora no pagan nada.
Por lo que afecta al supuesto pago de los medicamentos hospitalarios, la demagogia es mayor pero la explicación más sencilla si cabe. Simplemente no va a tener lugar, pues se ha decidido no aplicarlo. Pero en todo caso la atención hospitalaria es y hubiera seguido siendo gratuita, incluyendo claro está los tratamientos que se aplican en el hospital. Por tanto ningún paciente tiene ni iba a tener que pagar cuando fuese ingresado o tratado en un hospital. La propuesta, ahora rechazada, era que los medicamentos dispensados en las unidades farmacéuticas hospitalarias para los pacientes no ingresados, tendrían un límite de aportación de 4,20 euros por usuario. Esto hubiera supuesto que un tratamiento oncológico, que tiene costes altísimos de hasta 8.000 euros envase, lo máximo que hubiera tenido que pagar un ciudadano son 4,20 euros. Pero hasta ese pago ínfimo se ha desestimado, por lo que no habrá que pagar nada.
Por tanto no hay ni va a haber en ningún caso no desatención, ni nadie se va a ver perjudicado en su economía por el gasto farmacéutico. Lo que se implantó y ha cumplido con sus objetivos fue una medida de responsabilidad que ha convertido al sistema sanitario en sostenible y ha asegurado la continuidad de un modelo sanitario público de calidad para todos.