No hay Estado de Derecho sin Igualdad

Existe por lo bajo una palabra en España que todos nos agarramos a ella cuando ocurre ciertos comportamientos. La llamamos IGUALDAD.

La Real Academia Española, define igualdad como “principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”. ¿Realmente esto es cierto? Todos los españoles nos hacemos esta pregunta una y otra vez. No hay Estado de Derecho sin Igualdad ante la ley. Nada lo expresa mejor que el principio de igualdad ante la ley. Las normas, a través de los correspondientes procedimientos, pueden ser elaboradas por una determinada mayoría, pero se aplican a todos por igual. Lo que en ningún caso admiten una democracia o un Estado de derecho es que existan leyes más flexibles para unos que para otros, ya sea porque se promulguen con carácter singular en beneficio de unos pocos. Muchos ciudadanos se convencen de que, se haga lo que se haga, aquí nunca pasa nada, de que no existe una sanción efectiva por ese tipo de comportamiento. Necesitamos reanimar al Estado de derecho que sufre gravemente una enfermedad. Esto, nos ha llevado a vernos a ser simplemente sujetos pasivos. Mirar a otro lado, muchas veces nos ha venido demasiado bien. Nuestra Constitución necesita un repaso. La Constitución es sólo un texto, muy importante sin duda, pero un papel al fin y al cabo, el papel lo aguanta todo. Algo completamente diferente es lo que dice ese papel si se cumple en la práctica. Porque lo cierto es que no lo hace.

La Constitución de 1978 representa un hito en nuestra historia: es la representación simbólica y legal de la reconciliación de los (o tres) Españas después de la Guerra Civil de 1936 y de una larga dictadura. No nos olvidemos que las constituciones pretenden someter, que ya es difícil, el poder al derecho, reconociendo y consagrando los derechos individuales de los ciudadanos. Un eje vital en cualquier constitución que se precie, es el de la consagración de una serie de derechos y libertades fundamentales, como son los correspondientes a la vida, la libertad, la libertad de expresión, de reunión y manifestación etc., que el Estado debe garantizar para que no sean violados. La democracia es algo más que un procedimiento de Gobierno o un procedimiento para seleccionar representantes. La garantía de estos derechos es un elemento necesario de las instituciones políticas democráticas. Lo que dice la Constitución y lo que ocurre en la práctica empieza a abrirse una grieta que amenaza con adquirir unas dimensiones colosales.

¿Es tarde? No lo sé. Todo dependerá de si existe todavía un número suficiente de ciudadanos en España capaces de sancionar las infidelidades del Estado.

 

Por Víctor Bravo Barragán- Sº General Juventudes Socialisas Alto y Medio Vinalopó.

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