Por regular y regular, en España dictamos normas hasta para decir cuánto aceite debemos servir. Y es sólo uno de tantos ejemplos que hay. Las leyes se han vuelto tan indigestas y tan repletas de política, atracones especiales en época de elecciones incluidos, que padecemos de incontinencia legislativa.
Toda la vida inmerso en leyes, normas, decretos y reglamentos y todavía me sorprendo a diario, cuando leo que las aceiteras en las mesas de toda la vida, se convierten en un problema para el legislador y, en respuesta a la ayuda que demandan los pequeños hosteleros para ejercer mejor su profesión, se les retuerce un poco más el cuello con imposiciones que encarecen más su negocio, obligándoles a utilizar monodosis para el aceite en la Hostelería.
Miles de PYMES -que han sobrevivido milagrosamente hasta la fecha- ven que la niebla del concurso de acreedores, que ha arrasado numerosas empresas y negocios, no termina de disiparse y piden cambios desesperadamente para que ese concurso sirva para algo más. Y, de nuevo, el legislador introduce una novedad y alumbra una disposición que impone la obligación de ceder las participaciones de los socios al banco en caso de tener problemas económico financieros transitorios, bajo la pena de incurrir en responsabilidad directa. Es decir, aunque no hubiesen avalado personalmente a las sociedades, también les alcanzará su ruina frente a los bancos. Después y según el interés del prestamista, convertirá esas maltrechas participaciones en alimento para esos famosos fondos buitre, que darán buena cuenta de nuestro tejido industrial y de las pocas esperanzas que nos van quedando.
Veremos quien quiere seguir invirtiendo en empresas después de esta nueva vuelta de tuerca que puede llevar al abismo a cientos y cientos de pequeños accionistas de PYMES, que asisten atónitos a un nuevo modelo de expropiación que no necesita de un interés general, sino tan sólo del interés particular de los bancos, para decidir qué empresa se quedan para revender posteriormente. Puede parecer una nueva versión del “Mercader de Venecia” cuando los bancos reclaman su “libra de carne”, como el usurero Shylock, lo más cerca posible del corazón de la empresa. A ésta se une la nueva obligación, sin discriminar por tamaño de empresa, de implantar un plan de prevención de delitos, cuando eso es obvio -y todo el mundo lo sabe- que se debería imponer primero en las sedes de todos los partidos políticos de este país, pero parece que ahí no se ven riesgos.
Sin embargo, cuando el propio gobierno dice que “bajar los impuestos será bueno para la economía”, lo aplaza para 2015. Por favor, si es bueno, ¡hágalo ya! Que utilicen esa vía de urgencia que usan cuando quieren.
En resumen, nuestros distintos gobiernos autonómicos, central y municipales, nos han dictado más de cien mil normas durante el año 2013. Además, debemos recordar que “el desconocimiento no exime de su cumplimiento” Aquí no vale alegar que no se conocía esa ó aquella ley. Unas cuarenta mil disposiciones, de las que se redactaron el pasado año, tuvieron que ver con el ámbito tributario, es decir, con la recaudación para preservar el Bienestar del Estado. El resultado de todo ese torrente es que las PYMES seguimos donde estábamos, estancadas. Bueno, todas no, porque muchas, muchísimas, han cerrado. De paso, la deuda pública crece y el único paro que desciende es el de los que se marchan de éste país, donde dentro de poco a las cortantes cuchillas de las vallas anti-emigrantes, tendremos que darles la vuelta, para que no nos escapemos nosotros mismos.
Después, nuestros políticos no entienden porqué estamos cabreados.
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Por Cristóbal Navarro, presidente de CEPYME Alicante