Sin duda el debate social sobre la reforma de nuestras universidades, en el conocido como Proceso de Bolonia, se ha iniciado demasiado tarde. Esto ha provocado un estado de desinformación ha servido para que calen algunos mensajes falsos e interesados que han intoxicado un debate demasiado importante como para que nadie se permita jugar con él. Dejando claro desde el principio mi posición a favor de este proceso, en cuyos debates pude participar cuando era estudiante universitario, quiero con este artículo aclarar algunas de esas mentiras que están viciando el debate.
Quienes se oponen a Bolonia dicen que la Unión Europea nos obliga a esta reforma, que es una imposición en la que los países tienen poco que decir. En primer lugar, de Bolonia participan 46 países, los 27 de la Unión Europea y otros 19 que no lo son, y es una iniciativa al margen de la Unión Europea a la que los países se han ido adscribiendo voluntariamente. Así lo hizo España con el Gobierno de Aznar en el año 1998. Puesto que se trata de un proceso voluntario sus decisiones son recomendaciones nunca iniciativas legales de obligatorio cumplimiento. En su debate no sólo participan los gobiernos de los países que se unieron a él, sino que también lo han hecho empresas, sindicatos, asociaciones de estudiantes, rectores y profesores de universidades e incluso la UNESCO. Por lo tanto estamos ante una reforma que aspira a mejorar nuestras universidades y no una imposición de nadie.
En segundo lugar, muchos se oponen al proceso porque afirman que van a desaparecer muchas carreras. Se trata de otro error, Bolonia no elimina ninguna carrera, sino lo que elimina es el catálogo de carreras y otorga a las universidades la potestad de ofrecer aquellas carreras que considere oportunas atendiendo a la demanda que tenga.
La tercera mentira que ha viciado este debate es la afirmación de que con Bolonia desparecen las becas, este es sin duda un mensaje introducido de manera torticera en el debate. Nada establece Bolonia en esta materia y lo que es innegable son las cifras. Desde que el PSOE llegó al gobierno en 2004 se ha producido un enorme esfuerzo en esta materia que seguramente será insuficiente pero que sin duda demuestra una apuesta clara de las administraciones porque todos tengamos acceso al universidad independientemente del ingreso de nuestras familias. Desde ese año 2004 hasta ahora la inversión en Becas ha crecido un 38% hasta los 624 millones de euros anuales. A los que hay que añadir el dinero destinado a Becas ERASMUS para estudiar en el extranjero que han pasado de 4 millones en 2004 a 64 millones en 2009.
Puede que algunos se han confundido al conocer la aprobación Préstamo-Renta por parte de Ministerio de Educación se iban a eliminar las Becas, pero no es así. Esta es una herramienta más que el Ministerio pone a disposición de los estudiantes que no tengan derecho a beca porque sus ingresos superan lo establecido. Se permite al estudiante acceder a un crédito a interés 0%, que sólo comenzará a devolver 5 años después de acabar sus estudios y siempre y cuando supere los 22.000 euros de ingresos al año.
La cuarta mentira es la afirmación de que Bolonia nos obliga a realizar masters que por su excesivo coste no está al alcance de la mayoría. En realidad con la aprobación del GRADO (4 años) es suficiente para acceder al mercado laboral, por lo menos en lo que se refiere a puestos en las Administraciones Públicas. Los Masters públicos, que se introducen por primera vez en el sistema universitario español son opcionales para quien desee ampliar su formación o centrarla en una especialización más concreta. Además el Gobierno Español ha fijado una orquilla a las Comunidades Autónomas, que son quienes establece el precio de éstos en las Universidades Públicas, sobre precio el crédito de másters entre los 13 y los 27 euros, lo que deja éstos en un precio bastante similar al de la matrícula de un curso normal de la carrera.
Por último hay quienes defienden que Bolonia privatiza la Universidad, dejándola a merced de las empresas, lo que supone otra afirmación errónea . La Universidad Pública se mantendrá y continuará financiándose con los fondos de las Comunidades Autónomas.
Dejando de lado estos cinco prejuicios apoyados en falsedades es el momento de reflexionar sobre este proceso de reforma que se presenta como una gran oportunidad de modernizar nuestras universidades.
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