La irrupción de Podemos (Podem al País Valencià) ha generado grandes expectativas y grandes esperanzas de cambio entre la ciudadanía. La desconfianza hacia la casta «casposa», corrupta y subordinada a la directrices de la banca y el capital, así como la desesperación ante el sufrimiento padecido a consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales de salida de la crisis -los recortes, las privatizaciones, la desregulación laboral, el pago de la deuda…-, como también la situación de vulnerabilidad generada por la misma- paro, precariedad y exclusión- se ha traducido en una creciente fuerza colectiva de transformación social.
El pueblo demanda cambios políticos. Quiere que un movimiento sociopolítico, como Podem, tome las instituciones más cercanas, los ayuntamientos, con el objetivo de gobernar para y con la mayoría. La interpretación que se puede hacer es que la indignación expresada a partir de 15 mayo de 2011 se está canalizando, se organiza y exige otra forma de hacer política.
Las próximas elecciones municipales y autonómicas van a ser una gran oportunidad para iniciar este cambio de rumbo, para democratizar las instituciones, para introducir un nuevo modelo de gestión totalmente transparente y romper definitivamente con la corrupción, las prebendas y el clientelismo y echar a la casta del régimen surgido de la transición.
Pero aún siendo un gran avance conquistar los ayuntamientos no podemos pensar que depositando nuestro voto en una fuerza política como Podem, aquí se acaba nuestra responsabilidad como ciudadanas comprometidas con el cambio. ¡Craso error!
Las instituciones locales se han ido moldeando por el bipartidismo, organizativamente y administrativamente desde el 78 para mantener sus privilegios y los intereses de las élites económicas. Burocracia y legislación se unen para garantizar que, gobierne quien gobierne, nunca se salga de los márgenes preestablecidos. Como alguien diría, se puede tener el gobierno pero no el poder. Al llegar al ayuntamiento será necesario, pues, cuestionar y desobedecer sino queremos acabar gestionando dentro de esos márgenes.
Es ineludible, por tanto, un compromiso que vaya más allá del votar cada cuatro años. Es necesario tomar las riendas, sentirnos protagonistas de ese cambio. Lo que intento transmitir es que es una condición previa que el conjunto de la población recuperemos nuestro derecho decidir la ciudad que queremos. Debemos de participar, desde ya, en las asambleas ciudadanas, es importante que exijamos transparencia en la institución, que fiscalicemos a los representantes locales, que promovamos el desarrollo de las luchas sociales sectoriales y sobre todo que apoyemos los cambios sustanciales que se tenga que acometer para iniciar un proceso constituyente a nivel local. Sólo nosotras mismas, las de abajo, podemos diseñar otro modelo de convivencia que rompa con los privilegios de unos pocos, la lógica del beneficio y anteponga los intereses de la mayoría al 1%.
Sabemos que lo que estamos describiendo no se pone en marcha de la noche a la mañana. Necesitamos generar mecanismos que faciliten esta implicación social y ciudadana. Esa herramienta pasa por un «municipalismo alternativo» que tenga como objetivo la autorganización y el empoderamiento de las clases trabajadoras, basado en la participación horizontal de todas y que tenga en cuenta aquello de que «se hace camino al andar». Un municipalismo entendido como un proceso de construcción democrática, de unidad y poder popular. Que posibilite una ciudad en la que se pueda vivir dignamente y que podamos reconocernos como parte de ella, como ya reivindicaba Enric Lefebre en su libro “ El derecho a la ciudad”, y donde propiciemos la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, salud, educación, vivienda, participación, acceso a la información, etc. Un proyecto que no debe ser un fin en sí mismo sino un primer paso para abrir caminos, facilitar procesos y que por lo tanto debe ser complementado y acompañado de otras iniciativas para seguir ampliando y profundizando en la democracia real.