En medio de una gran presión ciudadana y con el foco mediático puesto sobre su actuación, el martes la policía local acabó prácticamente haciendo un simulacro de lo que ocurrió efectivamente ayer: el desalojo de todos los vecinos de las casas cueva sobre los que pesaba una orden a tal efecto.

Así, por la mañana, efectivos del cuerpo “reprecintaron” todas las casas que ya habían sido abandonadas, en lo que fue la tarea fácil. La difícil llegó al mediodía, cuando los agentes debían desalojar a las cinco familias que el día anterior, martes, habían decidido que no se marchaban. Son vecinos que viven regularmente en la vivienda que debían abandonar: el martes, la policía se limitó a recoger los datos personales del titular, sus alegaciones al desalojo y su firma en un documento preparado para tal efecto. Pero ayer miércoles la situación era bien distinta; en palabras del concejal de Gobernación y Policía, Óscar Payá, “ayer expiraba el plazo que teníamos para hacer efectiva la resolución judicial. Debían salir y quedar las viviendas precintadas. Entiendo a los vecinos, pero nadie está por encima de la ley”.

Los agentes, hasta cinco, trataron siempre de usar el diálogo para “invitar” a los vecinos a abandonar sus viviendas. Tanto los vecinos con los que hemos hablado como la propia policía confirman que no hubo en ningún momento ninguna agresión física de ningún tipo, pero ello no quiere decir que no se vivieran momentos de auténtica tensión. Santiago Poveda, que en cierta medida se ha erigido en estos últimos meses en el portavoz de los vecinos afectados, cuenta que “un agente llegó a sacar las esposas e hizo el ademán de ponérmelas. Tampoco permitieron a los periodistas de Antena 3, que estaban presentes, sacar imágenes, y a un vecino, que llevaba un móvil y estaba grabando el desalojo, le obligaron a borrar todo lo que había grabado”. Dicho vecino, que prefiere mantener el anonimato, ha confirmado este último punto a este diario.

Santiago exigió también a los agentes el auto de desalojo, “pero no me lo dieron entonces. Me dijeron que me pasara esta mañana por el Ayuntamiento y lo he hecho, pero tampoco lo tenían”. En resumen, para Santiago “vemos una vez más que de cara a la ciudadanía se dicen unas cosas y luego se hacen otras. Exigimos soluciones de este Ayuntamiento”.

Desde el consistorio, en el que recientemente se ha aprobado ampliar la ayuda de 250 euros mensuales que se venían entregado a los propietarios, se trata de “una actuación exitosa”, en palabras del edil Óscar Payá. “Es una intervención dura”, ha concedido, “pero que nos la exigía la ley, y en este sentido, todos los vecinos han decidido abandonar voluntariamente la vivienda, sin altercados; ha sido una actuación muy profesional dentro de la responsabilidad que se nos exigía”. El edil se ha referido también a la intención que algunos vecinos “parecen comentar” de no respetar el precinto ni la orden y volver a ocupar sus casas, “pero eso ya es otra cuestión”.