Incrementar el número de inspectores y endurecer las sanciones a los incumplidores. Esta ha sido una de las recetas propuestas durante IV Comité Comarcal, celebrado ayer en la vecina localidad de Elda. Y es que Alicante se ha convertido oficialmente en la provincia del país con más empleo sumergido, un fenómeno “consecuencia por una parte de la crisis económica y por otra de la mala fe de algunos empresarios que se aprovechan de la crisis para hacer su agosto tanto a nivel social como en lo económico”.
En este sentido, el sindicato exige un refuerzo considerable a las administraciones para que incrementen el número de las inspecciones anti-fraude, un aumento de las plantillas de inspectores y cometan mayores sanciones para los incumplidores, bajo el principio que la economía sumergida “es pan para hoy y mucho hambre para mañana”.
Por ello, desde el mismo sindicato rechazan totalmente la ley de lucha contra el fraude que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado porque, según advierten, “contiene medidas insuficientes para afrontar el fraude, además es una ley hipócrita al haber aprobado anteriormente una amnistía fiscal que lleva consigo agravios comparativos y un mensaje de impunidad fiscal a los infractores”
Desde UGT alertan del aumento considerable del desempleo, que en estos momentos alcanza la cifra de 33.813 desempleados. Además, señalan que cada vez más son los desempleados que se quedan sin ninguna prestación y por lo tanto sin ningún ingreso, una cifra que se acerca peligrosamente a la mitad de desempleados totales.