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Sí se Puede concreta más de 50 medidas para apoyar al tripartito en su investidura

 

Estos últimos días, y tras la renuncia desde un primer momento de Sí se Puede Petrer de entrar [1] en el gobierno, el resto de fuerzas de izquierda (PSOE, IU y Compromís) han avanzado mucho en sus negociaciones para constituir un gobierno tripartito en esta legislatura que, oficialmente, comienza este próximo sábado. Después de cerrar el acuerdo programático, ahora negocian qué personas estarán al frente de concejalías y comisiones, y tenían previsto hacer público el acuerdo el viernes.

Sin embargo, y pese a las reuniones ya mantenidas, las negociaciones no han avanzado tanto con Sí se Puede Petrer, y a día de hoy, no está todavía claro que vayan a dar su apoyo a este gobierno de izquierdas.  Esta tarde, a partir de las ocho y media, habrá un nuevo intento para lograr el apoyo de la agrupación de electores en la investidura del nuevo gobierno, y «esperamos que se cierre hoy», en palabras del concejal de Sí se Puede Sergi Cremades. La negociación será pública (puede asistir cualquier ciudadano), en el local de la agrupación (Virrey Poveda, 14).

Sí se Puede Peter presentará las medidas de urgencia «que ponemos como condición de mínimos para dar apoyo puntual a investidura de Alfonso Lacasa como alcalde de Petrer. Medidas encaminadas a rescatar a la ciudadanía afectada por la crisis y el mal gobierno e iniciar un proceso constituyente municipal», explican. Muchas de estas medidas -que a su vez incluyen, en ocasiones, decenas de propuestas en cada apartado- ya están contempladas en el acuerdo de mínimos al que ha llegado el tripartito, otras requerirán más negociación. 

Las medidas planteadas por Sí se Puede Petrer son las siguientes:

«1. Creación de una “Comisión de la Auditoria de la Deuda y la transparencia”

– Esta comisión estará compuesta por la sociedad civil organizada de Petrer, que voluntariamente se ofrezca para el estudio de la Auditoria. Esta comisión podrá contar con el apoyo y el asesoramiento técnico de la PACD (Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda) y del OCM (observatorio ciudadano municipal).

– El objetivo de esta comisión será la realización de una auditoria ciudadana de la deuda municipal que identifique qué parte de la misma es odiosa, ilegítima o ilegal abogando por el impago de esta porción de la deuda.

– Es fundamental conocer cuales ha sido los mecanismos de endeudamiento y quienes han sido los responsables para iniciar acciones legales destinadas a depurar responsabilidades y pedir reparaciones.

– Esta comisión tiene que velar por que la Auditoria sea:

a) Ciudadana: Es la propia ciudadanía la que participa y la que propone y decide los criterios a utilizar para evaluar la deuda.

b) Integral: La auditoria no puede ser sólo económica, debe de abarcar todos los ámbitos de la vida de las personas: género, salud, ecología, urbanismo, etc.

c) Permanente: El objetivo de la Auditoría Ciudadana no es sólo revisar la deuda pasada, también tiene que velar por la correcta gestión en el futuro, gobierno quién gobierno, por eso tiene que ser un mecanismo fiscalizador de los políticos pasados, presentes y futuras.

La Comisión de Auditoría y Transparencia también permitirá identificar aquellas deudas del municipio que, al contrario que las anteriores, tendrán que ser asumidas para revertir la situación y emprender las reparaciones que proceden en cada caso, como son las deudas social, ecológica y urbanística con los barrios, la deuda patrimonial, la deuda moral hacia las víctimas del barrio “Casco Antiguo/cuevas del castillo”, etc.

La Auditoría también será una herramienta que facilite el necesario proceso de remunicipalización de los bienes y servicios públicos, mediante la revisión de los contratos y mecanismos de adjudicación, en busca de irregularidades y fraudes de ley que permiten declarar la nulidad de estos contratos.

El papel que tiene que jugar la administración pública es particularmente importante en los siguientes sentidos:

– Reconocimiento de la Auditoría Ciudadana como expresión de empoderamiento ciudadano.

– Hacer pública toda la información de la Administración: cuentas, contratos, salarios, procedimientos de adjudicación, etc. Establecer un registro de deudores, acreedores y proveedores, con toda la información relevante.

– Poner al servicio de la Comisión de Auditoría y Transparencia recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones: personal técnico, recursos informáticos, espacios públicos, etc. El personal técnico experto supone una parte esencial del trabajo de la Comisión de Auditoría y Transparencia, sin el cual sería muy difícil la realización de las partes más especializadas, pero tenemos que considerar que su campo de trabajo no incluye la toma de decisiones; estas corresponden a la ciudadanía.

– El objetivo de la Auditoría Ciudadana no es sólo revisar la deuda pasada, también tiene que velar por la correcta gestión en el futuro, gobierno quién gobierno, por eso tiene que ser un mecanismo fiscalizador de los políticos pases, presentes y futuras. En Petrer, la auditoría revelará los mecanismos que han traído el endeudamiento económico de la ciudad, permitirá identificar aquellas deudas que han sido creados artificialmente entregando dinero público a entidades financieras y a agentes particulares, de tal manera que se pueda emprender acciones legales contra los responsables públicos y privados que han actuado en contra de los intereses de la población.

2. Reducción salarial de todos los cargos electos

Se reducirán los salarios del alcalde, concejales y altos cargos políticos. Se eliminarán los coches oficiales y las dietas no justificadas (por ejemplo, por asistencia a reuniones), así como otros gastos superfluos. El tope máximo es tres veces el Salario Mínimo Interprofesional por dedicación exclusiva, unos 1.800 euros.

3. Reactivación y modificación del reglamento de participación ciudadana y implementación mecanismos de deliberación y decisión directa de la población

Siendo un buen comienzo reactivar el reglamento, es necesaria la urgente reorientación de sus objetivos generales. Este reglamento incide en el desarrollo del asociacionismo en una etapa en la que existían unas carencias asociativas innegables.

Estamos de acuerdo en seguir desarrollando ese tejido asociativo activo, crítico y propositivo. Pero si en los órganos colectivos de deliberación, como son los Consejos Sectoriales, se limita esa capacidad de deliberación y decisión, al no ser vinculantes y recaer todo la capacidad decisoria en el concejal, estás cercenado esa posibilidad de desarrollar una sociedad civil organizada autónoma. Al mismo tiempo en la etapa de desarrollo de este reglamento no se tuvo encuentra una nueva realidad emergente: la sociedad civil empoderada. No hay referencias en este texto a la capacidad de deliberación y de decisión de la sociedad en su conjunto. Las pocas referencias se limitan a las consultas populares. Es importante llenar de contenido estas consultas y regular su funcionamiento.

Se ampliarán para ello las competencias de los Consejos sectoriales de participación y de Barrios , así como las estructura de participación que sean necesarias para que los vecinos y vecinas puedan opinar, debatir, proponer y decidir de modo vinculante sobre las políticas del Ayuntamiento, especialmente las que les afectan directamente.

4. Trabajo digno. Inicio del un nuevo modelo productivo centrado en el cooperativismo.

Incentivar el trabajo indirecto. Reorganización de la agencia de desarrollo local para transformarla en el instituto por el empleo de Petrer, iniciando la implementación del programa de trabajo garantizado. Se pondrá en marcha un programa de formación y creación indirecta de empleo sostenible. Se actuará en 4 áreas centrales del nuevo modelo productivo que proponemos, creando puestos de trabajo ligados a: a) la rehabilitación con eficiencia energética de viviendas; b) la gestión sostenible de residuos urbanos; c) la atención y el cuidado de las personas mayores y personas con dependencia. d) reactivación de la agricultura bajo criterios ecológicos. Se implementarán medidas para impulsar y diversificar el sector del calzado y la marroquinería.

Dando ejemplo es la mejor forma de cambiar los valores negativos de esta sociedad. Se establecerá un sello municipal de calidad en la contratación del Ayuntamiento que garantice los derechos laborales. El Ayuntamiento solo mantendrá convenios y contratos con empresas que garanticen los requisitos de responsabilidad social y/o de bien común y los derechos laborales y ambientales básicos, incluyendo porcentajes de personas migrantes o de minorías étnicas y de personas con capacidades diferentes, así como perspectiva de género. Se priorizará la contratación y la creación de empresas que se enmarquen dentro del área de la economía social y sostenibilidad medioambiental.

5. Garantizar derechos básicos y universales

– Reorientación de los servicios sociales municipales. Se dotará de los recursos económicos y humanos necesarios para iniciar la transformación y adaptación de estos a la realidad surgida tras la crisis y poder garantizar el rescate de las y los ciudadanos.

– Modificación con urgencia de los criterios de adjudicación de la Renta de garantía ciudadana. Garantizarla con una mayor dotación presupuestaria municipal y autonómica y ampliarla a toda la población con problemas, no sólo en alta vulnerabilidad.

– Puesta en marcha de un comedor social para asegurar que ningún niño o adolescente ni adulto quede excluido por razones económicas de un derecho fundamental. Se revisarán los baremos de acceso a las becas comedor, para que ningún niño quede excluido de ellas. Se aumentará el número de plazas gratuitas, con servicio de alimentación, en cursos, campamentos de verano y otras actividades educativas en el ocio, para garantizar que todos los niños y niñas tengan garantizada la seguridad alimentaria durante las vacaciones. Se reforzarán los canales normalizados de distribución de alimentos que no impliquen una estigmatización social de sus usuarios, como la tarjeta solidaria de alimentos.

-Reestructuración de servicio de atención especializada para menores en riesgo “Centro de Día de Salinetes”.

6. Aprobación de la moción de la vivienda digna

– Aprobar la constitución y puesta en funcionamiento inmediata del Consejo Sectorial Municipal por una vivienda digna y contra la exclusión social, conforme con lo previsto en los Artículos 6.1 y siguientes del Reglamento de Participación Ciudadana, integrándose en el mismo, entre otros, los representantes de asociaciones o grupos sociales relacionados con la actividad y personas expertas en la problemática específica del Consejo. Una de sus funciones principales será la de elaborar propuestas a los órganos municipales en el ámbito de sus competencias, recogiendo en los apartados siguientes, con carácter no limitativo, una serie de cuestiones a tratar.

– Ampliación de parque de viviendas para alquiler social. Incluir las viviendas del Fondo Social de la Vivienda. Creación de un censo de las viviendas vacías propiedad de la banca o afines a ella (inmobiliarias, promotoras, etc.). Creación de Ordenanza que favorezca a viviendas de particulares que quieran participar en este Programa.

– Destinar y mantener una vivienda ocupacional para transeúntes (sin techo) con el fin de que puedan utilizarla como dormitorio, higiene personal y de vestuario.

– Elaborar y aprobar Programas de Inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, comenzando por los que son propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea se puede hacer a través del cruzamiento de datos en disposición de la administración y el otorgamiento de audiencia al interesado, o bien realizando una inspección física desde la administración.

– Creación de un Servicio Público Especializado o inclusión en las competencias de los Servicios Sociales, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas y así dar cumplimiento a la Ley 8/2004. Ley de Vivienda de la Comunidad Valenciana en sus artículos 39, 41, 59, 60 y 61.

En la composición de este organismo estarán representados los colectivos políticos y sociales locales para garantizar su buen funcionamiento social y democrático.

Entre la responsabilidad de este organismo se puede definir:

1.- Registro de solicitudes de personas o familias que solicitan ayuda para alquiler social

2.- Creación de un baremo de alquiler donde se determine una calificación previa para decidir el porcentaje de ayuda a la cuota de alquiler

3.- Creación de una tabla de ingresos máximos en relación al IPREM o al SMI y en función del número de miembros que componen el núcleo familiar

También puede ser de su competencia el estudio y búsqueda de vías para la financiación del Programa de Alquiler Social como por ejemplo:

a) Aportación presupuestos municipales

b) Aportación privada

c) Aportación de entidades bancarias. Estas entidades deben colaborar con la aportación de viviendas vacías o bien un equivalente del valor anual del precio de alquiler en dinero. Este valor anual se puede calcular sobre el 2% del valor de tasación del inmueble propiedad del banco. Antes del rescate a las entidades bancarias, las cajas de ahorro disponían de la Obra Social; pues se puede pedir a las entidades bancarias que hayan recibido ayudas estatales y que se han adjudicado otras entidades, una aportación económica para fines sociales

– Que en la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles se estudien tipos de bonificaciones para las viviendas que se destinan a alquiler y se incremente la presión fiscal a las entidades bancarias que disponen de viviendas vacías que no destinan a alquiler social.

– Que el Ayuntamiento amplíe las ayudas sociales para compensar el pago de agua, luz y gas a las familias que acreditan necesidad extrema. Que asegure, en todo caso, el suministro básico de agua y actúe como intermediario con las compañías suministradoras de luz y gas para asegurar estos servicios básicos a pesar de los impagos, siempre que esto sea debido a causas de dificultad económica de las familias. Que no sean excluyentes de la percepción de otras ayudas.

– Instar al Gobierno de la Generalitat a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias.

– Trasladar al Gobierno de la Generalitat la necesidad de aumentar el Parque Público de Viviendas, garantizando una partida presupuestaria necesaria para mantener en buen estado de uso las viviendas de este Parque Público, y ampliarlo hasta cumplir con la demanda existente de vivienda social, incluso transformando viviendas libres no vendidas en viviendas de protección oficial.

– Instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana a modificar el marco normativo para regular los aspectos antes mencionados que son de su competencia y, entre ellos, un procedimiento de sanción sobre las viviendas desocupadas con el objetivo de que la vivienda cumpla con la finalidad social que garantiza la Constitución Española. Este marco tiene que contemplar una auténtica descentralización de la gestión de la vivienda hacia la gestión municipal de la misma. También tiene que garantizar que las viviendas que forman parte del patrimonio de la Generalitat Valenciana sean destinadas preferentemente a vivienda social, no permitiendo la alienación con fines especulativos de las mismas. (Modificación de la Ley 14/2003 de 3 de noviembre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana).

– Instar en el Gobierno del Estado a que modifique la legislación pertinente para parar los desahucios y promover el alquiler social. En concreto, a modificar la Ley Hipotecaria con las pautas marcadas en la Iniciativa Legislativa Popular de regulación de la dación en pago y el documento de denuncia de la PAH alrededor de los posibles aspectos de inconstitucionalidad de la restrictiva Ley 1/2013 y, en cualquier caso, ampliar en esta el concepto de vulnerabilidad a toda familia, deudora de buena fe, y que pueda perder su único hogar habitual por las ejecuciones hipotecarias.

– Comunicar el acuerdo de esta moción para su conocimiento y adhesión a las Entidades Locales, a las Cortes Valencianas, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones sociales del municipio».

«Estas medidas de urgencia son prioritarias para iniciar la transformación de nuestro municipio y rescatar a la ciudadanía», añaden desde Sí se Puede, «y por tanto son condición mínima para poder apoyar la investidura de Lasaca. Esperemos que el PSOE, junto a Iu y Compromís, tengan en consideración nuestras propuestas, sean generosos y valoren la oportunidad que se abre en esta legislatura para iniciar ese proceso constituyente municipal».