Rosendo García Montesinos, alcalde de Petrer en dos años muy turbulentos y llenos de penuria (enero de 1937-diciembre de 1938), fue ejecutado por el régimen franquista a los pocos meses de acabar la contienda civil, en noviembre de 1939. El próximo lunes, día dieciséis, se cumplirá el 70 aniversario de su muerte, y el PSOE e IU aprovecharán la simbólica fecha para presentar una propuesta para exhumar su cuerpo y, dentro del marco de la Ley de Memoria Histórica, un reconocimiento público y una reparación moral tanto del antiguo militante socialista como de las “otras personas que fueron encarceladas y ejecutadas”.
Los partidos locales de izquierdas llevan meses en conversaciones con la familia de Rosendo para presentar esta propuesta, pionera en nuestra localidad, a pesar de que no fueron pocos los vecinos, de uno y otro bando -si es que se puede hablar en esos términos-, que sufrieron juicios sumarísimos y que fueron ejecutados por el simple hecho de defender unas ideas. Responsables de ambos partidos nos cuentan que esperan que sea esto un estímulo para que otras familias en la misma situación ejerzan sus derechos y que todos los petrerenses que fallecieron en estas circunstancias vean reconocidos y reparados su honor y moralidad.
En el caso de Rosendo, su esposa Amalia Poveda nunca supo donde se encontraba enterrado su cadáver. Sus hijas, Minerva y Enma cuarenta años después pudieron sacar en claro que se encuentra enterrado en la fosa común del cementerio, aunque en una zona poco definida. Desean ahora que se exhumen sus restos y se entierren junto a su madre, dándose el caso de que en esta lápida aparece mencionado el nombre de Rosendo.
[1]La Ley de Memoria Histórica tiene destinado un fondo económico para estos casos que se pone en marcha a petición de los propios ayuntamientos, así que tanto el PSOE como IU confían en que su propuesta salga adelante sin más complicaciones, “y más teniendo en cuenta que ejerció de alcalde, así que la relación con el ayuntamiento es directa e inapelable”.
Les dejo ahora con el texto, firmado por ambos partidos, que glosa la figura de Rosendo, y que está basado en el estudio que sobre la persona ha realizado el investigador local, también colaborador de esta web, Bonifacio Navarro.
Rosendo García Montesinos, un alcalde en el olvido
por Comisión de la Memoria Histórico, PSOE e IU Petrer
El próximo día 16 de Noviembre se cumplirán setenta años del fusilamiento del que fuera alcalde de Petrer, Rosendo García Montesinos, conocido también por “Pelele”. Las generaciones que nacimos después de la guerra civil, poco o casi nada sabemos sobre quien fue este hombre y de aquella guerra; menos todavía del miedo a la detención, a la tortura, a la cárcel y a las represalias que padecieron aquellos hombres y mujeres que habían defendido el gobierno legal de la II República.
Al acabar la Guerra Civil, cientos de miles de republicanos/as marcharon al exilio para salvar su vida. Los que aquí quedaron, unos porque creyeron las promesas del Dictador de que no habría represalias, otros, como Rosendo García, porque no llegaron a tiempo para subir en los barcos que zarparon del Puerto de Alicante, fueron detenidos y encarcelados en plazas de toros, campos de concentración, cines…
Rosendo García fue detenido en Petrer, fue llevado al cine de verano (hoy desaparecido) en el Paseo de la Explanada y posteriormente a la plaza de toros de Monóvar dónde sufrió innumerables vejaciones y torturas en presencia de sus compañeros de prisión. Fue juzgado a los pocos meses de acabar la contienda, condenado a muerte y ejecutado en noviembre de 1939.
[2]Había sido nombrado Alcalde-Presidente del Consejo Municipal en Enero de 1937, ocupando el cargo hasta diciembre de 1938. Ebanista de profesión se había afiliado al sindicato de la UGT en 1930 y al Partido Socialista Obrero Español en 1932, participando también en un grupo coral y de teatro. Fue un alcalde que durante los años de penuria de alimentos y se movilizó el primero desplazándose hasta provincias lejanas como Jaén o Ciudad Real para adquirir alimentos. Paradojas de la vida, en el juicio Sumarísimo que le llevó a la condena de muerte, se le acusaba, entro otras cosas, de comprar a bajo precio un ganado de vacas y otros animales destinados al consumo de la población.
Durante los primeros meses después del golpe de estado fue al frente voluntario en el Batallón Octubre 12, destino de la mayoría de petrerins en la sierra de Guadarrama. Poco después, fue Guardia de Asalto, como tal detuvo y condujo presos hasta que a finales de enero fue nombrado alcalde. Repasando el libro de actas podemos comprobar que el trabajo en la alcaldía de Rosendo García fue positivo para la mayoría de la población: canalización del agua potable de Puça, obras de demolición y ensanche del Derrocat, control de abastos, emisión de billetes, construcción de refugios, visitas a los ministerios tanto en Valencia como en Barcelona…
En el Juicio Sumarísimo a través de un Consejo de Guerra, celebrado en las Escuelas Graduadas Nacionales de Petrer, más tarde conocidas como “Primo de Rivera”, Rosendo García fue acusado de participar en todas las detenciones de las personas que conspiraron contra la República, de ser testigo de cargo en el Tribunal Popular de Alicante, de ser inductor de las incautaciones de bienes e inmuebles, de ser voluntario en el ejército…
Escribe el Fiscal C. Jiménez Villarejo pidiendo la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista que “…los Consejos de Guerra eran una culminación de un régimen de terror impuesto a los encausados desde que eran detenidos” y que estos Consejos de Guerra “eran radicalmente nulos en tanto concurría una ausencia de letrado y una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales”. La Ley conocida como de la Memoria Histórica aunque no satisface totalmente los deseos y las reivindicaciones de algunos partidos y asociaciones de la memoria, en su artículo tercero “… declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas condenas o sanciones de carácter personal, así como sus resoluciones”. El artículo cuarto reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal.
El asesinato de Rosendo García, es un paradigma que nos muestra los valores del nuevo orden fascista de los vencedores: la eliminación física de aquellos/as que desempeñaron cargos públicos defendiendo la legalidad republicana y de quienes detentaron responsabilidades en partidos y sindicatos del Frente Popular y, como consecuencia, la extensión de un manto de silencio y terror que sofocara cualquier atisbo de lucha por la democracia y la justicia social. La esposa de Rosendo murió sin saber donde estaba enterrado su cadáver. Cuarenta años después, sus hijas indagaron hasta saber que su padre se encontraba en la fosa común del cementerio aunque con una localización poco definida. Nada ni nadie podrá compensar el sufrimiento de una familia destrozada por la ausencia de un padre, además del rechazo y la imposición social de una parte de la población franquista.
Han pasado setenta años y no se trata de abrir viejas heridas, ni de buscar a los verdugos con ánimo de revancha, por el contrario, se trata de saber la verdad, conocer nuestra historia reciente con el ferviente deseo de que no se repita rompiendo aquel pacto de olvido de la Transición y hacer que se conozca la tragedia que significó el franquismo y se haga un reconocimiento público y de reparación moral a las personas que fueron encarceladas y ejecutadas y que el mito interesado de las “dos españas” desaparezca para siempre. Rosendo y demás petrerins que fallecieron en estas circunstancias, bien merecen un homenaje y una reparación moral y personal.
Nadie en su sano juicio puede apoyar la guerra, y mucho menos, sí ésta, es una guerra civil que enfrenta, irremediablemente, a gentes del mismo pueblo y de la misma familia. Como dijo alguien: “malditas sean todas las guerras y quienes las promueven”.