Había sido nombrado Alcalde-Presidente del Consejo Municipal en Enero de 1937, ocupando el cargo hasta diciembre de 1938. Ebanista de profesión se había afiliado al sindicato de la UGT en 1930 y al Partido Socialista Obrero Español en 1932, participando también en un grupo coral y de teatro. Fue un alcalde que durante los años de penuria de alimentos y se movilizó el primero desplazándose hasta provincias lejanas como Jaén o Ciudad Real para adquirir alimentos. Paradojas de la vida, en el juicio Sumarísimo que le llevó a la condena de muerte, se le acusaba, entro otras cosas, de comprar a bajo precio un ganado de vacas y otros animales destinados al consumo de la población.

Durante los primeros meses después del golpe de estado fue al frente voluntario en el Batallón Octubre 12, destino de la mayoría de petrerins en la sierra de Guadarrama. Poco después, fue Guardia de Asalto, como tal detuvo y condujo presos hasta que a finales de enero fue nombrado alcalde. Repasando el libro de actas podemos comprobar que el trabajo en la alcaldía de Rosendo García fue positivo para la mayoría de la población: canalización del agua potable de Puça, obras de demolición y ensanche del Derrocat, control de abastos, emisión de billetes, construcción de refugios, visitas a los ministerios tanto en Valencia como en Barcelona…

En el Juicio Sumarísimo a través de un Consejo de Guerra,  celebrado en las Escuelas Graduadas Nacionales de Petrer, más tarde conocidas como “Primo de Rivera”, Rosendo García fue acusado de participar en todas las detenciones de las personas que conspiraron contra la República, de ser testigo de cargo en el Tribunal Popular de Alicante, de ser inductor de las incautaciones de bienes e inmuebles, de ser voluntario en el ejército…

Escribe el Fiscal C. Jiménez  Villarejo pidiendo la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de la dictadura franquista que “…los Consejos de Guerra eran una culminación de un régimen de terror impuesto a los encausados desde que eran detenidos” y que estos Consejos de Guerra “eran radicalmente nulos en tanto concurría una ausencia de letrado y una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales”. La Ley conocida como de la Memoria Histórica aunque no satisface totalmente los deseos y las reivindicaciones de algunos partidos y asociaciones de la memoria, en su artículo tercero  “… declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para  imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas condenas o sanciones de carácter personal, así como sus resoluciones”. El artículo cuarto reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal.

El asesinato de Rosendo García, es un paradigma que nos muestra  los valores del nuevo orden fascista de los vencedores: la eliminación física de aquellos/as que desempeñaron cargos públicos defendiendo la legalidad republicana y de quienes detentaron responsabilidades en partidos y sindicatos del Frente Popular y, como consecuencia, la extensión de un manto de silencio y terror que sofocara cualquier atisbo de lucha por la democracia y la justicia social. La esposa de Rosendo murió sin saber donde estaba enterrado su cadáver. Cuarenta años después, sus hijas indagaron hasta saber que su padre se encontraba en la fosa común del cementerio aunque con una localización poco definida. Nada ni nadie podrá compensar el sufrimiento de una familia destrozada por la ausencia de un padre, además del rechazo y la imposición social de una parte de la población franquista.

Han pasado setenta años y no se trata de abrir viejas heridas, ni de buscar a los verdugos con ánimo de revancha, por el contrario, se trata de saber la verdad, conocer nuestra historia reciente con el ferviente  deseo de que no se repita rompiendo aquel pacto de olvido de la Transición y hacer que se conozca la tragedia que significó el franquismo y se haga un reconocimiento público y de reparación moral a las personas que fueron encarceladas  y ejecutadas y que el mito interesado de las “dos españas” desaparezca para siempre. Rosendo y demás petrerins que fallecieron en estas circunstancias, bien merecen un homenaje y una reparación moral y personal.

Nadie en su sano juicio puede apoyar la guerra, y mucho menos, sí ésta, es una guerra civil que enfrenta, irremediablemente, a gentes del mismo pueblo y de la misma familia. Como dijo alguien: “malditas sean todas las guerras y quienes las promueven”.