Podem Petrer apuesta por reducir las Diputaciones a su mínima expresión

Podem Petrer ha querido hoy, mediante nota de prensa, apoyar la ley que se ha anunciado en el debate de política general desde el grupo parlamentario de Podem en Las Cortes Valencianas, y que reclama incorporar a los presupuestos de la Generalitat los fondos de las diputaciones provinciales.

Con esta ley se conseguiría dejar las diputaciones valencianas reducidas a su mínima expresión, y trasladar sus competencias y recursos a los ayuntamientos, mancomunidades, áreas metropolitanas y en la propia Generalitat, donde podrán servir mejor a la ciudadanía. Desde el grupo local de la formación morada aseguran que “el territorio valenciano ha sido uno de los grandes focos de corrupción y opacidad. Las diputaciones provinciales han ejercido como un instrumento para el clientelismo por el que los recursos locales no se distribuyen según necesidades sociales, sino por intereses de partido”.

Asimismo, destacan desde el Círculo Municipal que “tienen un margen elevado de gasto discrecional que ha sido usado para beneficiar a los ayuntamientos amigos, ocasionando que recursos que provienen mayoritariamente de transferencias del Estado o de la Generalitat, que podrían destinarse directamente a los municipios que actualmente se encuentran infrafinanciados, sean retenidos para ser repartidos en función de intereses de partido sin atender a criterios sociales”.

En este sentido, hacen hincapié en que hay que dar a los municipios una mayor autonomía financiera dotándolos de recursos adecuados y favoreciendo la cooperación entre ellos a través de la mancomunación comarcal. “De este modo”,explican, “se podrían abaratar los costes de los servicios ofreciéndolos conjuntamente y elaborar estrategias comunes de promoción.Las diputaciones son organismos que se eligen por elección indirecta, no emanan directamente de la voluntad popular, por lo que se convierten en organismos que acaparan una enorme influencia sobre la vida municipal pero que en cambio no están sometidos a los mismos criterios de fiscalización y control democrático que los ayuntamientos”.

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