El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles 26 de septiembre, y por unanimidad, instar al Gobierno a estudiar la situación laboral y de la Seguridad Social de las aparadoras del calzado, de especial interés en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. En concreto, a «intensificar» las labores de la Inspección de Trabajo, «reforzando las mismas mediante el desarrollo de un plan específico dotando de medios humanos y materiales suficientes».
El objetivo, según se indica en la incitativa, es que en el ámbito de la empresa y «toda la cadena de subcontratación se garantice el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad y salud laboral, así como el reconocimiento de los derechos laborales y salariales de las aparadoras y otras actividades relacionadas».
La propuesta había sido presentada por el Grupo Unido Podemos y ha salido adelante tras la aprobación de catorce enmiendas (Compromís, Esquerra Republicana, PSOE y PP). En este sentido, la senadora de Podemos Vicenta Jiménez ha agradecido a sus compañeros de escaño «el espíritu constructivo» y ha explicado que se ha elaborado un texto transaccional que resume el espíritu de la iniciativa.
El calzado, motor económico en la Comunidad Valenciana
Según ha explicado la senadora, la industria del calzado es el «motor» económico de varias de las comarcas alicantinas, «una industria que representa el 5% del volumen total de la cifra de negocio industrial del País Valencià y que mueve más de 2.000 millones de euros al año, de los cuales, alrededor del 94% provienen de la provincia de Alicante, donde se registra el 51% del personal ocupado del sector».
Por esta razón, el Pleno del Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana y la entidades locales afectadas, se constituya un Foro con la participación de agentes sociales que aborde la búsqueda de soluciones respecto a la economía sumergida de las aparadoras en materia fiscal y laboral.
También en colaboración con la Generalitat Valenciana, la Cámara Alta quiere que el Ejecutivo impulse y trabaje una propuesta de creación de una certificación en materia de «calidad laboral» en la industria valenciana del calzado.
Igualmente insta al Gobierno a realizar un informe por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019, que aborde los riesgos psicosociales y salud laboral de las aparadoras, trasladando a la Mesa por la Calidad en el Empleo la «problemática existente sobre sus condicionales laborales adoptándose las soluciones correspondientes contra el fraude laboral y frente a los riesgos de seguridad e higiene en el trabajo.
«Celebramos la buena acogida que ha tenido la iniciativa», ha declarado la parlamentaria de Podemos, que ha logrado acordar un texto apoyado por todos los grupos de la Cámara Alta. La única excepción ha sido la de un senador socialista que ha votado en contra de la propuesta.