Elda y Petrer vuelven a ser protagonistas de la economía sumergida en un programa de investigación emitido el lunes por la cadena de televisión Antena 3 titulado “El precio del fraude” [1]. Definida en el mismo programa como unos de los ‘puntos calientes’ de la economía sumergida, la comarca del Alto y Medio Vinalopó ha sido tradicionalmente objeto de denuncia en los medios después de que en agosto del año pasado otro programa, esta vez de Telecinco y dirigido por Mercedes Milá, denunciara el mismo fenómeno. [2]
[3]Durante el programa, la redactora, que en todo momento se identifica como tal y va acompañada de una cámara, se acerca hasta el polígono Río Torreta para hablar con los responsables de uno de los talleres apercibidos por emplear a trabajadores sin contrato. La redactora consigue entrevistar a uno de los empleados, que relata sin tapujos la situación ilegal de muchos trabajadores de la comarca. “Mi mujer lleva desde los 9 años aparando y lleva solo 8 años cotizados. Tiene 53 años”, explica ante las cámaras.
“¿Lleváis tiempo pidiendo un contrato?”, pregunta la redactora a una de las trabajadoras presentes en la entrevista. “Siete años”, responde. «Y todavía sigo esperando». Los que cotizan son obligados a firmar una baja voluntaria, para dar de alta a otros trabajadores que antes no cotizaban. «Si descubren esta práctica, las multas impuestas por cada trabajador desempleado son tan solo de 300 euros», según explican en el programa.
“La empresas que son amonestadas desaparecen, se declaran insolventes y reanudan su actividad sin dar de alta a los trabajadores”, explica en el programa Juan de Dios Brotons, secretario general de C.C.O.O del Alto y Medio Vinalopó, presente durante el reportaje.
El mismo programa se traslada hasta Petrer, donde la redactora descubre otro taller ubicado en lo que aparenta ser un bar, y donde se repite la misma escena. Los trabajadores se esconden cuando ven la cámara y cuando los redactora habla con el responsable, este les indica que es todo legal y que todos los trabajadores están dados de alta.
Nada más lejos de la realidad. Durante una entrevista teléfonica, una de las trabajadoras del mismo taller admite que llevan 7 meses sin contrato, cobrando poco más de 500 euros al mes. Y además señala que, durante una de las inspecciones de trabajo, “los que dijeron la verdad a los inspectores fueron despedidos, mientras que los que mintieron continúan trabajando”. Es siempre el miedo a perder el trabajo en la mayoría de casos lo que impide denunciar el fraude.
Esta práctica, instalada con preocupante normalidad en las empresas de la comarca desde hace décadas, supone a día de hoy un fraude a la seguridad social de 120.000 euros por día y 40 millones cada año, según estima el programa de Antena 3 .Y según los datos de febrero ofrecidos por el sindicato UGT [4], durante las inspecciones de trabajo realizadas desde octubre de 2010, se detectaron anomalías en el 75 % de las empresas, siendo el 50% de estas anomalías en nuestra comarca del Vinalopó; “un hecho que provoca competencia desleal con otras empresas que cumplen, fraude a la Seguridad Social, fraude a Hacienda Pública un notable merma en los derechos de los trabajadores y la consecuente falta de cotizaciones a la hora de cobrar cualquier tipo de prestaciones por desempleo, de subsidios, de la jubilación etc”, señalan desde el sindicato.