[1]
El concejal portavoz del equipo de Gobierno, José Miguel Payá, se ha referido al desalojo de las casas-cueva que tuvo lugar ayer en el casco histórico de Petrer, donde, en un gran revuelo mediático, se vivieron escenas de tensión [2]. Payá ha afirmado con rotundidad que los vecinos no se han atenido a la verdad: “el desalojo se realizó atendiendo una orden judicial. Algunos vecinos han tergiversado este hecho asegurando que no existía orden del juez y que el desalojo era ilegal, pero eso que dicen es totalmente falso. El juez, tras recibir los informes técnicos que avisaban de los peligros de derrumbe, ordenó el desalojo de 21 casas-cueva”. Precisamente, muchos vecinos se quejaban de que no había ido ningún técnico a valorar sus viviendas, y que éstas, a pesar de la orden de desalojo, estaban en perfectas condiciones.
Payá ha reiterado que la intención del Ayuntamiento es evitar “una desgracia irreversible”, ya que lo que prima “es la seguridad de las personas y no podemos permitir que la gente viva dentro de unas casas-cueva con riesgo de derrumbe”. El portavoz ha aclarado que los informes técnicos provisionales aconsejan el desalojo por seguridad, hasta que en septiembre se conozcan los resultados definitivos del informe encargado a la Universidad de Alicante, en donde se determinará qué ha causado el derrumbe de las casas-cueva. Este informe, además de ser de parte, se ha retrasado ya en varias ocasiones; de su contenido se apresuró a señalar el propio José Miguel Payá, a finales de abril de este año, «que me han asegurado verbalmente desde la UA, en un adelanto de sus conclusiones, que las obras del casco histórico no son responsables de los derrumbes ni las filtraciones y que incluso ayudaron a la mejora de la conducción del agua y la absorción de agua y humedades. No existe ningún técnico, geólogo o experto que relacionase las obras con los derrumbes”, señaló en aquel entonces (aquí el enlace [3]).
El equipo de Gobierno reitera su compromiso con los vecinos, y asegura que “nos mantendremos a su lado mientras no se esclarezcan las causas de los derrumbes. Por ello mantenemos las ayudas de 250 € de alquiler para la gente desalojada y sin recursos, así como las reuniones con los vecinos y visitas a las casas afectadas. No olvidemos que el Ayuntamiento encargó hace unos meses un informe geotécnico a la Universidad de Alicante por valor de 40.000 euros para determinar las causas reales de los derrumbes”.
Finalmente, ha declarado que no solo se trata de un “apoyo temporal, si no que se están buscando soluciones permanentes, ya que incluso nos hemos reunido con organismos supramunicipales para conocer las posibles ayudas o subvenciones para arreglar la zona una vez determinadas las causas”.