El contrato de la discordia

El 29 de diciembre del año pasado el ayuntamiento aprobó en un pleno extraordinario y, con los votos en solitario del Partido Popular,  la firma de un contrato con la empresa Aguas de Alicante. En el mismo, se acuerda la concesión del servicio de agua potable hasta 2045 a cambio de obras en la red, la cesión del 50% de la red del pueblo propiedad de la empresa, y el pago de dos millones y medio de euros en concepto de cánon entre otras cláusulas.

Imagen del pleno

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Desde el ayuntamiento se defienden las condiciones de este contrato  como “muy ventajosas”  para los vecinos. El concejal de Hacienda, Óscar Payá, asegura que se mejora en 6 millones de euros el contrato anterior, además de mejorar la red en algunos puntos del municipio; congela el recibo del agua durante dos años e incrementa en 10.000 euros el cánon anual que la empresa entregaba al ayuntamiento.

Mientras tanto,  la oposición se arma frente a lo que considera una “hipoteca” para el pueblo de Petrer por 35 años y se inicia así un cruce de declaraciones y acusaciones que recuerdan a la polémica con la tasa de basura de hace unos años. Payá no entiende la ristra de críticas que le llueven, críticas que ya se han materializado en un recurso de reposición cuyo plazo para resolverse expiraba mañana. De este modo PSOE y EU ya han recibido una notificación en la que el ayuntamiento  establece un nuevo plazo para solicitar informes. Hasta que no se emitan dichos informes que avalen el contrato, el recurso queda paralizado

Ayer Pilar Brotons insistía de nuevo en la posible ilegalidad de la concesión. “No existe un informe económico financiero municipal. Desde la oposición lo único que tenemos es un informe de la empresa que dice lo que nos va a costar”. Por otro lado la edil socialista  tildaba de “engañosa” la congelación del recibo del agua, ya que a partir de 2010 el recibo subirá un punto y medio por encima del IPC.  Y es que este es uno de los puntos calientes de este contrato. Una “gran subida” para unos y un ridículo incremento de 60 céntimos cada trimestre, 2,4 euros al año, para otros.

Llegados a este punto, la pregunta es ¿quién tiene razón? O en cualquier caso, ¿quién va a tomar la decisión de su legalidad o ilegalidad? Pues éste es el único punto en el las formaciones políticas coinciden. “Si la voluntad de los socialistas es insistir en esa idea (refiriéndose a la supuesta ilegalidad del contrato), que sean los jueces los que digan la legalidad del nuevo contrato” señalaba Payá esta mañana en rueda de Prensa.  En el seno del equipo de gobierno  se asegura que las críticas son “ataques a la forma pero no al fondo” y dicen respirar “tranquilos”. Mientras, EU y PSOE ya han anunciado que no cesarán hasta que el recurso en el Contencioso Administrativo salga adelante.

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