El concejal de Gobernación, Óscar Payá, niega las denuncias del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) desde el que acusan a la Jefatura de presionar a los agentes de Petrer para intensificar las multas [1]. En este sentido, Payá ha señalado que “no hay ningún seguimiento personal de los agentes, y prueba de ello es que no se ha abierto ningún expediente disciplinario por no cumplir esas supuesta órdenes”.
El concejal ha animado a cualquier agente a que “si existe cualquier prueba de dichas presiones o coacciones por parte de los mandos, que lo demuestren y a mi como concejal me lo hagan saber”. Aunque Payá ha sido rotundo al afirmar que “ni se puede, ni se ha ordenado poner multas por parte de los mandos, del alcalde o este concejal. Un agente debe ser lo suficientemente profesional para saber cuando tiene que denunciar una infracción haciendo cumplir la legislación”. El responsable de Gobernación ha insistido en la idea de que “solo se sanciona a quien infringe la norma. Y el agente sancionará las infracciones que detecte en ese momento, no de forma arbitraria unas sí y otras no, o más veces o menos veces. Si uno cumple la norma no ha de preocuparse y quien no la cumple si un agente lo detecta su deber es sancionarle”.
[2]Además, el edil ha asegurado que no existen estadísticas personalizadas de las multas que impone cada agente, ya que “es SUMA quien en sus informes detalla el número de multas que ha interpuesto cada agente a efectos administrativos”, ha señalado Payá, quien por otro lado ha ofrecido los datos de recaudación por infracciones:
2006: 262.000 euros
2007: 290.000 euros
2008: 364.000 euros
2009: 145.000 euros
2010: 88.500 euros
“Viendo los datos se comprueba como el descenso de recaudación por multas al año ha ido decreciendo considerablemente. Si estuviéramos presionando para que se multase más los datos económicos serían al revés”.
Por último, Payá ha lamentado que estas actitudes y “falsas acusaciones” del sindicato policial pudieran deberse a “intentar desgastar al equipo de Gobierno tomando actitudes partidistas”. Aunque ha precisado que “creo en la profesionalidad de los agentes para hacer cumplir sus competencias en materia de tráfico y seguridad vial”. Y se ha mostrado contrariado a que “este tipo de cuestiones se aireen a la ligera antes de hablarlas e intentar solucionarlas por la vía del diálogo, ya que así solo se muestra una mala imagen al ciudadano”.