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BLOC-Compromís culpa a la Generalitat de las limitaciones del nuevo Plan de Empleo

A raíz del anuncio del nuevo Plan Conjunto de Empleo ─en el que el Ayuntamiento de Petrer, a través de la ADESP, invertirá 18.750 €─, el concejal y portavoz municipal de BLOC-Compromís, David Navarro, ha explicado el posicionamiento de su grupo político al respecto y ha calificado el plan de “insuficiente pero necesario”. Un asunto sobre el que también se han pronunciado a lo largo de la semana el grupo socialista [1] y Esquerra Unida [2].

Navarro ha explicado que, cuando se votó la modificación de crédito para financiar el Plan Conjunto de Empleo en el Consejo Rector de la ADESP, BLOC-Compromís optó por la abstención. «No podemos decir que NO porque en la situación actual cualquier plan de fomento del empleo es necesario. Sin embargo, tampoco podíamos votar que SÍ a un plan que es a todas luces insuficiente».

El edil de BLOC-Compromís ha afirmado que este plan «llega tarde, después de dos años de la última convocatoria de planes anteriores como PAMER, EMCORP y Salari Jove, y también con un presupuesto mucho menor». Según ha explicado Navarro, las fechas en las que se anuncia el plan y las condiciones de la convocatoria, «provocarán que se puedan beneficiar menos personas desempleadas».

Además, Navarro ha culpado a la Generalitat de las deficiencias de este Plan Conjunto de Empleo. «Los planes anteriores a 2011 estaban financiados por el gobierno valenciano, que es la institución competente en materia de fomento del empleo, pero ahora la Generalitat centrifuga el gasto hacia las administraciones locales: aún debe subvenciones del año 2011 y encima el nuevo plan se sufragará a partes iguales entre Generalitat, Diputación y ayuntamientos».

BLOC-Compromís es favorable a la propuesta de usar el superávit municipal para financiar programas de empleo. En este sentido, Navarro ha lamentado la confusión en la normativa vigente y ha incidido en «los perjuicios de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que pactaron PP y PSOE, que en casos como éste obliga a que las administraciones prioricen el pago de la deuda bancaria en vez de asumir programas sociales y de fomento del empleo».

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