Cooperatives Agro-alimentàries insiste en el grave riesgo para el sector agroalimentario que supone el acuerdo comercial UE-Mercosur

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Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana muestra su rechazo a los términos actuales del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y MERCOSUR, anunciado el viernes en el marco de la Cumbre del G-20 celebrada en Osaka (Japón).

Las principales organizaciones representativas del sector agroalimentario estatal -entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias de España- han mostrado en más de una ocasión su preocupación ante las concesiones en materia agraria ofrecidas a MERCOSUR para acelerar la firma del acuerdo. En su opinión, “la carne de vacuno, de porcino, de ave o el etanol se verán especialmente perjudicados por las facilidades de las que se beneficiarán los países de MERCOSUR con este acuerdo”.

En el ámbito de las producciones tradicionales valencianas, sostienen, “los cítricos o el arroz también sufrirán en gran medida las concesiones recogidas en el acuerdo. En el caso de los cítricos, se ofrece la liberalización, progresiva y en un periodo de diez años, de las importaciones de zumo de naranja de Brasil, que ya copan el 90% del mercado comunitario. Ello supondrá el cierre de las pocas industrias que quedan en España, imprescindibles para el equilibrio del mercado de fresco, pues dan salida a los frutos de peor aptitud comercial, y se convertirá en un elemento más de tensión en la ya delicada situación económica y social de las zonas productoras”.

“En el caso del arroz, se ha ofrecido a MERCOSUR un contingente de 150.000 toneladas con un arancel de 290 euros/tonelada. La reciente aplicación de la cláusula de salvaguarda a las importaciones procedentes de Camboya y Myanmar demuestra los graves desequilibrios que suponen para el mercado europeo la entrada de arroz procedente de terceros países en condiciones claramente ventajosas frente a las producciones comunitarias. En este cultivo, cabe además tener en cuenta la sensibilidad medioambiental de las zonas productoras -caso de La Albufera- y la casi total ausencia de alternativas productivas viables, rentables y sostenibles”, valoran desde la asociación de cooperativas.

Esta misma semana, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Asaja, COAG y UPA remitieron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que apuntaban que el acuerdo “no solamente pone en peligro el tejido económico en zonas productivas ya muy castigadas, sino que pone en duda el modelo productivo que quiere defender la UE, más respetuoso con el medioambiente y de acción por el clima, que será imposible de controlar en las producciones de MERCOSUR y que entrarán en unas condiciones competitivas mejores y con menos requisitos en el mercado de la UE”. En esta misiva, se llamaba también la atención sobre la falta de reciprocidad de la política comercial comunitaria. Para que los operadores europeos puedan exportar desde la UE, hará aún falta que una vez retirada ya la Comisión de la negociación, cada Estado miembro, producto a producto, negocie las condiciones fitosanitarias de entrada en cada país tercero, en el marco de un “protocolo de exportación” que con frecuencia supondrá un proceso largo y complejo incluso una barrera en sí mismo. Por su parte, las exportaciones de MERCOSUR tendrán un marco claro y definido desde el primer día para acceder al mercado comunitario, con productos sujetos a estándares de producción mucho más laxos.

De forma paralela, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana remitió una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la que se indicaba que los cultivos del arroz y de los cítricos, por su peso económico y social, “deben ser considerados como sectores sensibles, no aceptar mayores concesiones a las importaciones y estar sujetos a medidas de compensación en el caso de la firma del acuerdo”. En esta carta, Federació solicitó a Puig su “colaboración al más alto nivel ante el Gobierno de España” para defender los intereses de la Agricultura valenciana.

Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agro-alimentàries, señala que “faltan detalles por concretar, la revisión jurídica de los términos del acuerdo y que el nuevo Parlamento Europeo lo ratifique, cosa que no sucederá hasta dentro de unos cuantos meses, y que podría conllevar objeciones a su contenido”. Para Arnandis, “lo que conocemos en la actualidad del acuerdo supone un nuevo elemento de tensión, una nueva dificultad para el sector agroalimentario valenciano. Es por ello por lo que necesitamos la máxima implicación política para defendernos. No es lógico ni aceptable que España impulse la firma de un acuerdo tan dañino para su segundo sector exportador, que vuelve a ser utilizado sin ningún tipo de reparo como moneda de cambio”.

Por último, Arnandis ha remarcado que el propio Comisario Hogan, ha admitido que el acuerdo “presenta retos para los agricultores europeos y que la Comisión está lista para ayudarles a superarlos”, e insiste en que “el sector cooperativo no confía en este tipo de ayudas. En el pasado, la Comisión no ha estado a la altura ni ha ofrecido nunca compensaciones suficientes a los sectores perjudicados por sus políticas comerciales. El anuncio del acuerdo con MERCOSUR no era el día de prometer tiritas, sino de evitar las heridas, garantizando que el acuerdo se firmaba en condiciones justas para ambas partes, sin perjudicar a sectores estratégicos, sensibles y representativos del modelo de producción europeo”.

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